La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que autorizaba la existencia del Museo Sitio de Memoria que funciona desde hace tres años en lo que fue el Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron torturados y mantenidos cautivos clandestinamente miles y miles de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Haciendo lugar a una queja presentada por un sobreviviente de ese centro clandestino ante la decisión de la Cámara de Casación que, en 2014, le rechazó un recurso extraordinario sin haberlo siquiera analizado, los jueces supremos devolvieron el expediente al tribunal de alzada para que “dicte un nuevo fallo”.

La Corte Suprema desempolvó un expediente que dormía hacía cuatro años en sus estanterías y lo devolvió a Casación con críticas técnicas. El caso había sido planteado en octubre de 2014 por Carlos Lordkipanidse, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, quien se quejó ante los supremos del rechazo que Casación había hecho meses antes de un recurso extraordinario que había presentado en contra de la instalación de un proyecto museístico en lo que había sido el Casino de Oficiales de la ESMA, donde él había estado secuestrado.

Con la firma del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el fallo descalificó la decisión de Casación al entender que “se funda en consideraciones que no se compadecen con las constancias de la causa, lo que genera un menoscabo del derecho de defensa en juicio”. 

Lordkipanidse había planteado en aquel recurso extraordinario su insistencia en que no se modificara, con la puesta en marcha de un museo, el escenario de los delitos de lesa humanidad que sufrieron él y otras miles de víctimas durante la última dictadura. Sus argumentos descansaban en el convencimiento de que cualquier modificación de ese espacio podía llegar a afectar el reconocimiento que de él podían llegar a hacer los sobrevivientes en el marco de la investigación judicial de los crímenes allí cometidos. 

Lo mismo había planteado a principios de aquel año al apelar la decisión del Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres, quien había habilitado la iniciativa museística impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, que funciona en la ex ESMA desde que la Armada fue apartada del predio. La Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón al sobreviviente al considerar que “aun extremando los recaudos para evitarlo, resulta cierto que la mínima modificación a las condiciones preexistentes en el Casino de Oficiales de la ESMA puede conducir a frustrar la realización de las diligencias tendientes a reconocer el posible lugar donde las víctimas permanecieran ilegalmente privadas de su libertad, afectando así los elementos probatorios de la investigación” e inhabilitó el museo.

Pero el expediente rebotó nuevamente gracias a la apelación de la Secretaría de Derechos Humanos y llegó a Casación. Entonces, la Sala II de ese tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal y puso de vuelta en marcha el proyecto del Museo Sitio de Memoria. Lordkipanidse intentó revertir la situación con aquel recurso extraordinario que Casación le rechazó sin analizar, por considerar que estaba mal argumentado. Entonces, fue en queja a la Corte. 

Ese es el punto en el que se concentra el núcleo del fallo supremo: una decisión de Casación que encontraron técnicamente errónea. Porque la decisión de los cuatro jueces de la Corte no indica que el Museo Sitio de Memoria, que funciona desde hace tres años, deba cerrar sus puertas, sino que le pide al tribunal de alzada un nuevo tratamiento del recurso extraordinario presentado por el sobreviviente e integrante de la AEDD. “Corresponde descalificar el pronunciamiento apelado, por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, por cuanto lo resuelto se funda en consideraciones que no se compadecen con las constancias de la causa, lo que genera un menoscabo del derecho de defensa en juicio”, plantearon los magistrados.