“Llegamos a octubre y ahora tenemos un sistema energético en el que se puede importar y exportar sin impuestos y vamos a pagar el combustible lo que vale en el mundo. Pasa que justo ahora el combustible aumentó, pero yo soy optimista. Creo que en el futuro el petróleo va a volver a bajar”, aseguró el presidente Mauricio Macri el 23 de octubre de 2017, hace poco más de seis meses, cuando se aplicó el primer aumento posterior a la desregulación. Ese día el barril de petróleo Brent, tomado como referencia en el país, cerró a 57,34 dólares. Desde entonces, comenzó a aumentar y ayer llegó a 77,4 dólares, acumulando una suba de 35 por ciento. A su vez, en el mismo período el dólar trepó de 17,68 a 23,15 pesos, un 31 por ciento. En ese lapso la nafta subió un 30 por ciento, pero las petroleras coinciden en que están un 30 por debajo de la paridad de importación. El congelamiento de precios por dos meses anunciado el martes lo único que hizo fue postergar ese problema para el segundo semestre.

La decisión de congelar los precios fue presentada como un acuerdo entre el gobierno y las empresas, pero la decisión oficial de no permitir más aumentos ya estaba tomada por la Jefatura de Gabinete y lo que hizo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue simplemente consensuar con las petroleras algún mecanismo de compensación para no tener que llegar al extremo de frenar la suba con una nueva regulación que diera marcha atrás con la desregulación concretada en octubre pasado.  

“Las diferencias de precio acumuladas hasta ahora y aquellas que pudieran producirse durante este período de dos meses serán gradualmente trasladadas a precios durante la segunda mitad del año; de no poder compensarse totalmente por circunstancias de mercado, el Estado Nacional se compromete a que las empresas refinadoras recuperen dichas diferencias mediante mecanismos a ser acordados antes de fin de año”, aseguró YPF, la firma líder del mercado en un hecho relevante comunicado el miércoles a la Bolsa de Comercio. En ese párrafo queda claro que todo lo que las petroleras no pudieron aumentar ahora podrán hacerlo en el segundo semestre, pero si la situación continúa empeorando, y no obtienen luz verde, será el Estado el que deba subsidiarlas. 

A esa encerrona se llegó por la decisión de liberar los precios justo antes de que el crudo se disparara y el propio gobierno convalidara la devaluación del peso más importante desde la salida del “cepo” en diciembre de 2015. 

“Cuando llegamos, el mundo tenía un nivel de la nafta que era mucho más barato que en Argentina. Cuando quisimos desregular e ir al precio internacional nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, había mucha gente que se quedaba sin trabajo. Como nuestra obsesión es cuidar el trabajo y generar nuevos trabajos hicimos un acuerdo con esos sectores para hacer un precio sostén, una transición, y les dijimos: `A partir de octubre del año que viene (por 2017) ustedes van a tener que vender al mismo precio que se vende en el mundo´”, contó Macri aquel 23 de octubre de 2017. 

El Presidente dejó en claro con su explicación que cuando el combustible bajaba de precio a nivel internacional en Argentina subía y cuando a nivel internacional empezó a subir en Argentina también subió. Pese a ello, Macri se mostró confiado de cara al futuro. “Yo soy optimista, creo que en el futuro el petróleo va a volver a bajar”, agregó, evidentemente mal asesorado, ya que no hay forma de predecir cómo evolucionará la cotización de un commodity como el barril de crudo. En los hechos, lo que terminó pasando es que la desregulación nunca adquirió plena vigencia. Las empresas aumentaron los precios, pero no tanto como para alcanzar la paridad de importación. Ahora directamente el precio quedó congelado, pero el segundo semestre no pareciera ser demasiado prometedor. 

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