La justicia comercial dispuso ayer la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa. La resolución fue adoptada por el juez comercial porteño Javier Cosentino un día después de visitar la Refinería San Lorenzo, donde le anticipó a los trabajadores que dictaría la quiebra "con continuidad productiva". En el fallo, el magistrado garantiza la "continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo". Además, extiende el "plazo de intervención por 60 días", al considerar las tratativas que realizaron los interventores con YPF, Trafigura, y otra firma, cuyo nombre no trascendió, interesadas en hacerse cargo de la empresa. "Esta quiebra tiene aspectos positivos, que son atípicos, con interesados con mucha espalda. Además es con continuidad, no se va a ir nadie hasta que se defina el plan de negocios", dijo a Rosario/12 el secretario legal del Supeh, Héctor Brizuela. "Nos queda el desafío de que esas ofertas mantengan la mayor cantidad posible de compañeros", agregó.

En los fundamentos de la resolución, el juez Cosentino dio por fracasado el "proceso de salvataje" de la compañía y destacó el "esfuerzo fáctico y jurídico destinado a evitar semejante desenlace". El magistrado fijó un período de 72 horas "a partir de la notificación" de la quiebra a fin de que "potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha presenten sus propuestas, que deben estar a cargo de sociedades anónimas.

La Refinería cuenta con 250 empleados directos, y otros 50 en la Ciudad de Buenos Aires. "Seguramente habrá un porcentaje que se jubile porque hay un régimen especial, pero habrá que ver qué activos quieren los oferentes", planteó Brizuela. Desde el gremio señalan que el mayor interés está en el puerto, ya que pretenden importar barato y vender caro, y no en la Refinería. El complejo está valuado entre 80 y 100 millones de dólares. El dirigente gremial destacó que el juez Cosentino tiene en cuenta el impacto ambiental que significa tener parada la Refinería, inactiva desde el 28 de febrero. Un informe realizado por el Ministerio de Trabajo provincial precisó que para mantenerla en actividad se necesitan 100 operarios.

"En cuanto a la cooperativa de trabajo, deberá acreditar conformidad de dicho ente para la eventual inscripción en el Registro de Empresas Petroleras Sección Elaboradas y Comercializadoras", señaló el juez comercial en el fallo. En ese sentido, Brizuela dijo que pese al interés manifestado por varias empresas para adquirir la empresa, la cooperativa representa "la voluntad de los trabajadores de mantenerla trabajando y tener una silla en el proceso de negociación".

El juez dispuso la intervención de Oil el 15 de febrero. La posibilidad de quiebra se comenzó a vislumbrar a fines de marzo, cuando los representantes legales de la AFIP rechazaron la posibilidad de otorgar una moratoria a la deuda de 8 mil millones de pesos derivada de no haber tributado el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC).