El Gobierno planteó una pauta de aumentos salariales para el sector público y privado de 15 por ciento para 2018. Esta cifra se encuentra por debajo de la inflación proyectada para el año: según el relevamiento de expectativas del Banco Central, se ubicaría en 19,9 por ciento, estimación que ya se ubica por encima del 20 por ciento. Por lo tanto, el resultado sería una pérdida de poder adquisitivo, dado que los precios subirían más que los salarios.
Diversas negociaciones salariales se encuentran cerrando en torno a la pauta gubernamental. Por ejemplo, los estatales de Buenos Aires, la provincia más poblada del país y gobernada por el oficialismo, ya cerraron su paritaria en 15 por ciento. En tanto, se espera que los estatales dependientes del Estado Nacional firmen pronto en ese rango.
En el sector privado se observa la misma situación. Comercio, el rubro que más trabajadores aglutina en el país, cerró con un aumento salarial del 15 por ciento. La misma cifra se pactó en otras ramas relevantes como construcción, transportistas (de pasajeros), luz y fuerza y obras sanitarias.
Mientras el Gobierno busca contener los aumentos salariales presionando y negociando para que las paritarias cierren en 15 por ciento, los determinantes de la inflación registran fuertes incrementos. Solo en los primeros tres meses del año el dólar (afecta los precios locales de todos los bienes importados y exportados) aumentó 9 por ciento (acumula una suba de 35 por ciento desde diciembre). Por su parte las tarifas de los servicios públicos y otros precios regulados en promedio ya han subido un 35 por ciento, según el relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Estos motivos explican que algunos analistas proyecten la inflación de 2018 en valores más cercanos al 23 por ciento.
Lo que se observa es que la variable elegida por el Gobierno para desacelerar la inflación es el salario. Sin embargo, esta no es una decisión aislada. Desde que asumió Macri el salario real se encuentra en baja. Durante los dos años de su gobierno el poder adquisitivo de los trabajadores registrados se retrajo 4 por ciento. De confirmarse la estimación de inflación de los encuestados por el Banco Central, en 2018 la reducción sería de 4 por ciento. Si se ratificaran las visiones más pesimistas esta baja sería más cercana al 6,5 por ciento.
De esta manera a finales del 2018, y al cumplirse tres años de gobierno macrista, el poder adquisitivo del salario registrado habría caído 7,5 por ciento en el mejor de los casos y 10,0 por ciento en un escenario más pesimista. Esto no pareciera ser algo negativo para el Gobierno, sino más bien lo contrario: un objetivo cumplido.
En el ideario de Macri, la reducción de salarios, así como la rebaja de impuestos, contribuye a fomentar la inversión, especialmente extranjera. La idea de fondo es que a menores costos los incentivos de inversión son mayores, independientemente de si los menores ingresos de la población implican una menor demanda.
La reducción de salario real, alcanzada mediante una inflación que supera a los aumentos salariales, debe enmarcarse en la reforma tributaria y laboral que está encarando el Gobierno. La primera, ya aprobada, reduce impuestos a los empresarios, como aportes patronales y ganancias. La segunda, aún pendiente de aprobación, emula en varios puntos a la de Brasil y busca abaratar las indemnizaciones, crear nuevas modalidades de contratación más flexibles y exentas de aportes patronales, facilitar la tercerización al eliminar la responsabilidad solidaria de la empresa principal y reducir el pago de horas extra al flexibilizar la jornada de trabajo.
Estas recetas ya han sido aplicadas en Argentina y su resultado no ha sido favorable. En la década de los ‘90, en un contexto de flexibilización laboral creciente, el desempleo se duplicó. Mientras tanto, el costo lo pagan los trabajadores y las trabajadores, que ven como se reduce su poder de compra y se erosionan sus derechos laborales
* @p_wahren
Investigador de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
