Como parte de su larga estrategia de marcarle la cancha del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto para modificar los criterios de selección de los jueces federales y de la Corte Suprema, ampliando la lupa sobre las declaraciones patrimoniales de los magistrados y su capacitación en la gestión de los tribunales. El punto sobre el que hay sombras es en la modificación de un artículo de la Ley del Consejo de la Magistratura referente a la cobertura de vacantes en juzgados que podría darle a la mayoría eventual de ese organismo la designación de jueces a gusto y paladar.

A través de un comunicado, el titular de la cartera judicial, Germán Garavano, confirmó que la iniciativa fue enviada al presidente Mauricio Macri y modifica la Ley del Consejo de la Magistratura y los decretos 222/03 y 558/03 firmados por el ex presidente Néstor Kirchner cuando eliminó la “mayoría automática” en la Corte Suprema heredada del menemismo y transparentó el proceso de elección de los miembros del tribunal más importante del país.

En lo que refiere al órgano que evalúa y controla a los jueces, la propuesta es modificar el artículo 13 que demarca las tareas de  la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial. El comunicado de Garavano indica que se centrará en “la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y los requisitos a cumplir de los aspirantes, entre otros ítems” que no especificó.

Otro punto de la iniciativa propone “ampliar el contenido del informe que recaba la AFIP respecto del cumplimiento de las obligaciones impositivas” de los postulantes a ser magistrados “a fin de detectar irregularidades o inconsistencias”. Lo que ocurrirá es que se le pedirá al órgano recaudador “un análisis más profundo de los candidatos, para generar una radiografía previa y tener una primera foto de la situación patrimonial".

El ministro dijo que esto brindará “un panorama exhaustivo y claro de los bienes del juez que estará a disposición del Presidente a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”.

Otro punto refiere a la “formación y capacitación de los magistrados”, y aspirantes a serlo. A unos y otros se les requerirá “al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual”, señala el comunicado. Garavano consideró que “hoy nuestros jueces son los mejores de la región pero muchas veces les faltan los conocimientos prácticos de gestión, de atención a víctimas y de ética judicial”.

Según reza el comunicado, lo que busca esta iniciativa es reducir los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Propone que sean tres (un profesor de Derecho, un juez y un abogado de matrícula federal) y que se elijan mediante sorteos públicos.

“Esto es un estándar que dará a la sociedad mayor tranquilidad a la hora de saber quiénes son nuestros jueces, fiscales y defensores”, comentó el ministro.

En cuanto a los magistrados subrogantes, se proyecta eliminar de las atribuciones de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, la intervención en el proceso de nombramiento, en sintonía con la recientemente sancionada ley de subrogancias.