A casi un año y medio desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Paula Gaviria Betancur, opina que el impacto sobre los derechos humanos del fin del conflicto es real y tangible: “la reducción de los indicadores más significativos en materia de homicidios, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos son importantes”. Sin embargo, la funcionara colombiana admite que el asesinato de 111 líderes sociales (defensores de derechos humanos) desde la firma del pacto es el problema más grave al que tiene que hacer frente al gobierno. Gaviria Betancur estuvo de visita en Argentina invitada por Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, para brindar una conferencia sobre el rol de las víctimas en el proceso de paz. 

–¿Cómo describiría el estado actual del proceso de paz?

– La implementación de las disposiciones previstas en el acuerdo es en una primera fase de 15 años. Entonces, todavía hay un camino por recorrer, pero hay una Colombia que está esperando que los resultados sean más evidentes. Y nuestra mirada del tema es que ya lo son. Todo el tema del desarme es exitoso: casi 10.000 armas entregadas, 12.400 de hombres y mujeres desmovilizados, 135 menores entregados. Hay unos resultados tangibles del fin del conflicto muy positivos para Colombia. Además, ya está empezando a funcionar el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, que es el escenario donde todos los actores del conflicto tendrán que rendir cuentas. Tenemos, además, avances significativos en el reconocimiento de las víctimas que incluso empezó antes del fin del conflicto con las FARC, un número importante, también, de restos de personas desaparecidas entregadas a sus familiares, de víctimas de desaparición indemnizadas, de víctimas de otros delitos indemnizadas. Sin embargo, hay una expectativa muy grande de las víctimas porque empiezan a funcionar estas entidades nuevas. 

–¿Cuáles son los mayores desafíos del momento?

–El desafío número uno es el asesinato de líderes sociales. Lo reconocemos como un tema que nos está poniendo una exigencia muy importante, una tarea de garantías y protección, y de confianza de la gente en el proceso.  Por otro lado, la reincorporación de los ex combatientes, sobre todo la reincorporación política, social y económica. En cuanto a la política, se definió que ellos tendrían unas curules en el Parlamento, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, cinco y cinco. Ya las FARC son un partido político que participó en las elecciones, en las que fuimos a votar todos y en las que era una de las opciones. Es positivo para la democracia.

–-Y la reinserción de ex combatientes en lo económico y lo social, ¿cómo se está llevando?

–La económica es otro reto porque, por ahora ellos reciben un estipendio mensual, una especie de salario básico. Pero ahora viene un momento donde en los lugares donde se concentraron, que son los espacios de capacitación y reincorporación, tienen que lograr la autosuficiencia económica. Y yo diría que la más sensible es la social porque hay ahí todo un tema de aceptación de ellos en la sociedad, que no es un tema automático. Un poco las elecciones demostraron que no hay una favorabilidad desde la votación, pero hay también bastante resistencia en la opinión pública. Entonces, creemos que es un proceso que va a tomar tiempo porque es un proceso cultural, pero vamos a seguir insistiendo.

–En cuanto al asesinato de líderes sociales, ¿qué está haciendo el Estado al respecto?

–Varias cosas. La primera, es que hay una comisión de garantías de seguridad que encabeza el presidente, donde también participa el fiscal general, el ministro del interior, de defensa, etc. y que hace un seguimiento periódico de la situación de afectación a defensores y defensoras. Además, la fiscalía tomó la decisión de sacar una resolución interna en el 2017 en donde la primera hipótesis de investigación en estos casos es su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Eso cambia el enfoque y demuestra que hay un interés por parte del Estado.  

–¿En cuanto a la protección de estos líderes?

– Se expidieron una serie de normas entre el año pasado y este año sobre protección y prevención con un cambio en el paradigma en la protección a los líderes. Una protección más comunitaria y colectiva. Se prevén una serie de medidas preventivas, colectivas, donde el Estado tiene que llegar, anticiparse a los riesgos y llegar no solo con el Ejército, sino con servicios sociales y a generar mecanismos que prevengan violaciones, no solo a una persona con chaleco antibalas sino a la comunidad entera. 

También es importante el reconocimiento, dignificación y no estigmatización de los líderes, porque eso para las organizaciones es muy importante. A su vez, nosotros tomamos la decisión de que, para tener un mayor y más cuidadoso seguimiento de los casos, tenemos una verificación común con Naciones Unidas. Esto es un tema al que el Estado le da toda la importancia porque creemos que cualquier vida que se pierde es una vida que se pierde para la democracia y para la paz. Hemos visto un aumento en los asesinatos de las personas que defienden, por ejemplo, la sustitución de los cultivos o que han luchado contra la minería ilegal y eso manda mensajes muy importantes. 

–¿Cuál es el estado de recuperación de territorio para los desplazados por el conflicto?

– Ahí hay varios niveles. Primero, un trabajo que se hizo antes de que se terminara el conflicto con la ley de víctimas y restitución de tierras donde hasta la fecha hay casi 300 mil hectáreas que se han restituido. Ahora en manos de los jueces estaríamos llegando en el próximo año o dos años a 800 mil hectáreas que serían restituidas a personas que se tuvieron que desplazar. Eso es un aspecto, en caso de despojo o abandono forzado de sus tierras con base a ley de víctimas. Y lo otro es toda la formalización de tierras de propietarios que no habían podido ocuparlas porque la titularidad de la propiedad en Colombia por el tema del conflicto ha sido muy precaria en términos jurídicos y hubo toda una apuesta en el acuerdo de paz por la formalización. 

El otro tema son los territorios colectivos y territorios étnicos. También la ley de víctimas tiene una ley especial para pueblos afrocolombianos y para pueblos indígenas y hay ahí unas medidas que han venido tomando los jueces con base a la información que ha trabajado la Unidad de Restitución. 

–¿Hay interés de participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo por parte de la ciudadanía?

–En el plebiscito (sobre el acuerdo de paz) ganó el NO por el 0.5 %, pero más que en eso, la atención hay que ponerla en la abstención que fue como del 60%. La abstención en Colombia es muy alta. A mi me importa sobre todo el que no votó. Es mucho más importante. Yo no creo que haya una votación masiva ahora tampoco. De todas maneras, sacaron un reporte de las elecciones de marzo del Congreso y el índice de abstención bajó un poquito o sea que hubo un 6 o 7% de aumento de personas que votaron, que para los que estudian esas cosas dicen que es muy bueno. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por el voto joven. Pero no se que vaya a pasar. Ojalá la gente vote. 

Entrevista: Bianca Di Santi.