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El gobierno inició una acción judicial para intentar bloquear medidas cautelares contra los tarifazos y además denunció al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) por su intento destinado a frenar el último aumento del gas, que ya acumula un ajuste promedio de más de 1000 por ciento en dos años. Las presentaciones las realizó el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, lo que revela la prioridad que le asigna al tema el oficialismo. El objetivo principal es amedrentar a Cepis y a cualquier otra asociación que intente poner en cuestión la política tarifaria. Tal como anticipó PáginaI12 el lunes pasado, la estrategia oficial apunta a demostrar que el tarifazo es de interés público porque favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, aunque en las presentaciones no se aporta ningún dato estadístico que permita corroborar esa causalidad.
“Interpongo acción colectiva de certeza contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 del Enargas; a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución. Ello, en virtud de reiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen Bergman y Saravia Frías al comienzo del escrito de nueve páginas que presentaron ante al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 y al que accedió PáginaI12 en exclusiva.
Lo que busca el gobierno es lograr una cautelar para que nadie pueda impugnar la resolución 74/17 que fijó el precio del gas en boca de pozo ni las resoluciones del Enargas que van de la 300 a la 309 a través de las cuales se les autorizó el último aumento a las distribuidoras. En los hechos, la cautelar vendría a funcionar como una suerte de “anticautelar” al garantizar el cumplimiento de las normas. La dirigen contra Cepis por ser la organización que realizó la presentación, pero por las dudas agregan que también está destinada “contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva”. El jueves pasado el juez subrogante Enrique Lavié Pico aceptó el caso y ordenó la inscripción del proceso en el Registro de Procesos Colectivos. De este modo, el Estado Nacional representará al difuso colectivo “compuesto por los habitantes de la Nación, abarcando a las generaciones venideras”, resumió el magistrado.
Para fundamentar el bloqueo de las cautelares contra el tarifazo se afirma que “el estado de incertidumbre así creado atenta contra las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y su obligación de cumplir con el triple deber constitucional de: 1) utilizar racionalmente los recursos naturales, 2) proveer a la protección del medio ambiente, y 3) asegurar servicios públicos eficientes y de calidad”.
Bergman y Saravia Frías señalan que el intento que hace Cepis para tratar de frenar la suba del gas “produce un perjuicio triple, palpable y concreto: 1) contaminación ambiental, 2) violación de obligaciones asumidas en tratados internacionales, y 3) cercenamiento del ejercicio de prerrogativas propias del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Es una demanda de una pobreza argumental asombrosa. En realidad es sólo un reflejo de cómo se comporta el Gobierno con quien piensa distinto y lo ataca por eso. Pero más grave aún que eso, a través de este ataque se pretende instaurar un verdadero cepo judicial al prohibir que cualquier miembro de la sociedad peticione judicialmente por sus derechos, en este caso los afectados por el tarifazo de gas, pero mañana podría ser por cualquier otra vulneración.”, aseguró a PáginaI12 el abogado Mariano Lovelli, titular de Cepis.
En la presentación también se busca defender la suba de las tarifas diciendo que “no fueron fruto de un acto unilateral de la administración, sino un proceso de búsqueda de consensos con la sociedad civil”, en referencia a las audiencias públicas que ordenó realizar la Corte Suprema en agosto de 2016 para cumplir con la Constitución. Incluso se destaca “la participación activa de la sociedad civil en el proceso de legitimación de una política de Estado energética y ambiental”, como si el papel de quienes participan en audiencias públicas, que en este caso se manifestaron mayoritariamente en contra de la política energética, se limitara a legitimar o no algo ya decidido de antemano.
Luego se agrega que, pese a esa supuesta legitimidad que lograron los aumentos en el proceso de audiencias públicas, “ciertas asociaciones de defensa del consumidor y otros sujetos pretenden impugnar, cuestionar y poner en duda las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, y suspender la ejecutoriedad de las resoluciones con un activismo desproporcionado desde el punto de vista de su legitimación y alcance”. A ellos los acusa de desconocer los supuestos consensos alcanzados “en un salto ornamental al pasado, al que tozudamente parecen querer regresar, con oportunismo y sin medir consecuencias”. En el escrito también se cuestiona “cierta actividad legislativa que, en una clara intromisión en atribuciones que no le son propias, persigue el mismo propósito”.
Desde comienzos de 2016, el argumento oficial para avanzar con la suba de tarifas, defendido fundamentalmente por el ministro de Energía Juan José Aranguren, fue la necesidad de recomponer la rentabilidad de las empresas para incentivar las inversiones y al mismo tiempo reducir el peso de los subsidios, pero como las recientes subas del gas vienen siendo cuestionadas hasta por los aliados políticos del gobierno ahora se decidió apelar al argumento ambiental.
“Entre los bienes constitucionales en juego se destaca el ambiente, un derecho humano de rango constitucional cuya protección no admite más dilaciones, luego de años de incentivos incorrectos, mal diseñados, que dieron lugar a una política tarifaria, irresponsable y contaminante”, se remarca en la presentación.
Al momento de subrayar la supuesta defensa del medio ambiente que está llevando adelante el Estado nacional se menciona la firma de la Agenda 2030 de la ONU y los objetivos para el desarrollo sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que Argentina ratificó en septiembre de 2016 a través de la ley 27.270, y el intento de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Luego, Bergman y Saravia Frías sostienen que “una política ambiental con triple fundamento constitucional y con uno de cuyos eslabones es un derecho humano indubitable (el medio ambiente), no admite límite de derechos patrimoniales, por más carácter homogéneo que tengan. Cuestiones patrimoniales ceden ante un bien tan superior”.
Para garantizar ese derecho al medio ambiente, el gobierno solicitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 que se inscriba al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema como garante del conjunto de los habitantes y de las generaciones venideras. Solicitud a la que Lavié Pico le dio luz verde.
A su vez, el Ministerio de Energía inició una acción inhibitoria en el mismo juzgado del fuero contencioso administrativo federal de la Capital Federal, para que sea este fuero, más permeable al gobierno, el que se arrogue la competencia para entender en el amparo que se tramita contra el tarifazo en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 2.
