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“La argumentación del Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex directivo de Shell Juan José Aranguren, que justifica el incremento en las tarifas por razones ambientales es, como mínimo, malintencionada y falaz.” Así comienza la carta que el responsable de política climática y energética de Greenpeace Argentina, Mauro Fernández, envío a PáginaI12 luego de que el lunes pasado este diario informara que el Ministerio de Energía había hecho una presentación en el Juzgado Federal Nº2 de La Plata donde se aseguraba que el tarifazo ayuda a proteger el medio ambiente, argumento que también utilizó para intentar bloquear las cautelares que buscan frenar los aumentos y para denunciar al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (ver aparte).
“Si bien es razonable evaluar que la estructura tarifaria de hace unos años estaba disociada de los verdaderos costos de la energía –motivo por el cual Greenpeace renunció a los subsidios en cuanto la ex presidenta Fernández de Kirchner habilitó esa posibilidad–, lo cierto es que el gobierno actual está abordando el problema desde el lado equivocado. Mientras las tarifas de luz y gas le cuestan hoy al usuario residencial entre 1600 y 1000 por ciento más que hace dos años, las erogaciones a las grandes petroleras continuaron”, dice Fernández, quien justifica su afirmación con datos oficiales, a los que accedió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que muestran que en 2017 las corporaciones energéticas recibieron 20 mil millones de pesos directos del Estado Nacional, mientras que sólo en lo que va de 2018, YPF percibió casi 1700 millones de pesos, Shell 375 millones y Axion 180 millones.
Greenpeace recuerda que en 2015, antes del triunfo de Cambiemos en las elecciones, Aranguren aseguró en un artículo publicado en el diario inglés The Guardian que “subsidiar la producción de hidrocarburos no sigue siendo una medida racional”. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri no solo subsidia a la industria petrolera sino que a fines de 2017 se negó a firmar en Buenos Aires una declaración para abandonar los subsidios a los combustibles fósiles suscripta por cuarenta países miembros de la Organización Mundial de Comercio. “Argentina no acompañó la iniciativa, fundamentalmente para continuar subsidiando el desarrollo de la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que se encuentra en su territorio: Vaca Muerta. Incluso, a pesar de haber incluido un impuesto a la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la reforma tributaria de fines del año pasado, exceptuó del pago a los proyectos de producción de gas mediante la técnica del fracking que debe utilizarse en ese megaproyecto”, remarcó Fernández.
El responsable de política climática y energética de Greenpeace aseguró también que el objetivo principal del Acuerdo de París firmado en 2015 es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados es significativamente una línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático y para eso sería necesario dejar bajo tierra un 80 por ciento de las reservas fósiles descubiertas y avanzar drásticamente hacia una matriz energética global proveniente en su totalidad de energías renovables para 2050, pero el gobierno está lejos de colaborar con ese objetivo y no por culpa del aumento de tarifas.
“Vaca Muerta supone una bomba de gases de efecto invernadero que podrían ser liberados al ambiente, haciendo virtualmente imposible el cumplimiento del objetivo más ambicioso del acuerdo climático. Defender el incremento de tarifas a la población mientras se sostiene el desarrollo de una fuente sucia y contaminante, parece una tomada de pelo para los afectados por la `actualización´ tarifaria”, remarca Fernández.
Greenpeace Argentina subraya además que, al tener la presidencia del G20, Argentina podría trabajar para continuar los pasos del G7 que en 2016 se comprometió a abandonar estas subvenciones a los fósiles, pero no lo hará. “¿Cuál es la posición oficial? Dejarlos como están, argumentando que no hay consenso, producto de la presión del gobierno de Donald Trump para bajar la ambición climática al mínimo común denominador. Cuando tantas señales van en el sentido contrario, justificar una política de alto impacto en el bolsillo de la gente por cuestiones ambientales sólo puede leerse como una más de las estrategias del gobierno para retroceder en materia ambiental como están haciendo al querer modificar la ley de glaciares a nivel nacional, la ley de Basura Cero en la ciudad de Buenos Aires habilitando la incineración, o con los desmontes ilegales que realiza el primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la provincia de Salta”, agrega Fernández.
Por último, la organización ambientalista sostiene que si Aranguren está realmente preocupado por alinear las políticas energéticas con el cuidado del medio ambiente debería abandonar la explotación de Vaca Muerta, cortar los subsidios a la producción de combustibles fósiles e impulsar su adopción en el G20 y presentar una estrategia de desarrollo a largo plazo coherente con el Acuerdo de París que requeriría tener un 100 por ciento energías renovables para 2050. “Ese sería el único guiño que desde Greenpeace podríamos ver con buena cara”, concluye Fernández.
