El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) expresó su “preocupación por la situación de la violencia policial contra niñas, niños y adolescentes” en Argentina. Durante una audiencia que tuvo lugar en Ginebra, el organismo pidió una “investigación rápida, efectiva e imparcial” en el caso de Facundo Ferreira, el niño de 12 años al que la policía de Tucumán mató de un balazo en la nuca, y expresó una particular inquietud por “el impacto del acuerdo con el FMI y los recortes de gastos” que podría haber sobre las políticas de protección a los chicos.

La declaración es la respuesta a una denuncia que organizaciones de infancia y de derechos humanos presentaron en el Congreso y luego elevaron ante ese organismo por el “brutal despliegue de represión estatal” puesto en marcha por la administración de Mauricio Macri.

Como uno de los casos testigos se citó el de Facundo Ferreira, y luego de haber leído los informes y de escuchar las exposiciones, los integrantes del Comité “encuadraron el hecho como un caso de gatillo fácil” y “consultaron además si la doctrina Chocobar es la forma de relacionarse de nuestro país con los niños y las niñas”, destacó Florencia Vallino, miembro del equipo de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes) que patrocina a la familia Ferreira.

El CRC remarcó también “la necesidad de una investigación  rápida, efectiva e imparcial”. Para que esto se cumpla, sostuvo la abogada en diálogo con PáginaI12, “es necesario avanzar en la citación a declarar como imputados de los policías responsables (Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres), ya que si bien existen pruebas pendientes de producción ninguna de ellas cambiaría la responsabilidad penal de los agentes.”

Por otra parte, por sugerencia de las organizaciones que hicieron llegar sus planteos ante esa instancia internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario entró en el debate. “Varios miembros del Comité expresaron su preocupación por el impacto del acuerdo con el FMI y los recortes de gastos en las políticas destinadas a proteger a los niños”, indicó una minuta.

Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue una de las personalidades que acompañó la denuncia presentada el viernes pasado en la Cámara de Diputados. Y al evaluar con este diario las consideraciones que expresó el CRC, insistió en que “el ingreso de la Argentina al FMI y la toma de una deuda exorbitante hacen peligrar más la situación de los jóvenes y niños”.

La dirigente hizo hincapié en la situación que viven los niños privados de su libertad. “Los institutos de prevención no están dotados de las seguridades de alimentación, educación y cuidados de la salud. A los que están ahí los abandonan a una suerte que no es nada propicia y el Gobierno sigue desfinanciando”. Por eso, enfatizó, “no podemos tomar ni pagar una deuda que no está destinada a proteger al pueblo”.

El caso argentino fue tratado ayer en la 78º sesión del órgano de la ONU a la que también asistieron representantes del gobierno de Cambiemos, que fueron el blanco de los cuestionamientos y dudas de los integrantes del comité. La Casa Rosada envió funcionarios de distintos ministerios, entre ellos a Luciano Cohan como delegado por el Palacio de Hacienda.

En su respuesta a las dudas sobre posibles ajustes en las política de infancia como condición del FMI, el funcionario dijo que “la instancia de conversaciones con ese organismo es muy informal” y que “no esperamos que una negociación implique un quiebre en el eje gradual del programa fiscal”, que afecte los programas sociales.

También aseguró que “no hubo ningún programa de austeridad en los programas sociales”, sostuvo que “el índice de pobreza bajó 5 puntos desde 2016” y comparó que “hacia fines de 2017 (ese índice) era uno de los más bajos desde 2003”.