El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo ayer que “retrotraer” el aumento de tarifas eléctricas a diciembre de 2017 tendría un impacto sobre las cuentas públicas “de 75 mil millones de pesos para este año y 95 mil millones para 2019”. “Había que ver quién consigue esa financiación”, advirtió el ministro, saliendo así al cruce a la propuesta que avanza en el Congreso, impulsado por un amplio espectro de la oposición, para frenar el tarifazo. 

El proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, “tiene un costo fiscal muy importante y relevante”, resaltó Aranguren, que además se refirió al encuentro que mantuvo el presidente Mauricio Macri con gobernadores y legisladores por el proyecto contra el tarifazo. Subrayó que las provincias “también son responsables de lo que significa una política tarifaria, y que no se puede legislar y retrotraer todo lo resuelto al año 2017, por el alto costo que significa”. El titular de Energía hizo estas declaraciones al salir de un acto realizado ayer en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. 

Pese a las manifestaciones del ministro Juan José Aranguren, la Subsecretaría de Energía Eléctrica resolvió, a través de la disposición 44 publicada ayer en el Boletín Oficial, fijar los precios estacionales de la energía eléctrica para el período de mayo a octubre, inclusive, sin variantes respecto de los vigentes. El precio mayorista eléctrico sube normalmente en invierno por el mayor costo de producción en centrales térmicas, dado que el gas es reemplazada por combustibles líquidos, dada la menor disponibilidad del primero. Este año, sin embargo, no habrá traslado al precio de la electricidad, lo cual implica ponerle una pausa a la reducción de subsidios vigentes.    

En defensa del tarifazo, el Estado Nacional pidió además a la Justicia que ratifique sus facultades para definir el cuadro tarifario del gas. Ante el juzgado en lo contencioso administrativo, el Estado pidió que “cese la incertidumbre” sobre la ejecución de las resoluciones del Ministerio de Energía y de Enargas que fijan e implementan los nuevos cuadros tarifarios del gas. La presentación de una “acción declarativa de certeza” busca neutralizar los recursos contra los aumentos de tarifas y su ratificación por el Poder Judicial. 

La presentación judicial está referida, en primer término, con la acción promovida por el Cepis (Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y Solidaridad) contra el tarifazo en el gas, pero también “contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar” esas normas. La presentación recayó en el juez federal Enrique Lavié Pico, quien habilitó el trámite de la demanda. En su argumentación, el Estado sostiene que promovió la demanda “a fin de cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución, que atenta contra las ‘atribuciones/mandatos’ que le impone la Constitución Nacional en cuanto al aseguramiento del uso racional de los recursos naturales, la protección del ambiente y la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad”.

La presentación expone que, así, pretende “asegurar a los habitantes de la República Argentina el uso racional de sus recursos naturales no renovables y un servicio público de provisión de gas natural de calidad y eficiencia, que preserve el medio ambiente sano; con fundamento en los artículos 41, 42 y 75 –inc. 22– de la Constitución Nacional”. La demanda tramita en el mismo juzgado en la que se radicó el expediente “Cepis c/Enargas y otro s/Amparo Colectivo”, en la que se cuestionan los aumentos y su entrada en vigencia. Otras dos causas con similar objeto procesal tramitan ante la justicia federal de La Plata y Junín.