Marcelo Rapoport, fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, pidió hoy la detención y declaración indagatoria de 26 militares por 22 hechos de presuntas torturas durante la Guerra de las Malvinas, en 1982. Lo hizo con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El fiscal reclama a los uniformados por hechos ocurridos en la isla Gran Malvina. Allí estuvieron las Fuerzas de Tareas Yapeyú, donde se asentó el Regimiento de Infantería Nº 5, que dependía de la III Brigada de Infantería, y al que estaban subordinadas cinco compañías militares.

En su escrito, Rapoport plantea que las autoridades militares habrían aplicado contra los soldados conscriptos actos de tortura como estaqueos y enterramientos para controlar la disciplina de las tropas por la falta de abrigo y comida.

“Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, remarcó el funcionario del Ministerio Público en su escrito al plantear la obligación internacional del Estado argentino para investigar esos abusos.

La causa se originó por denuncias de los soldados cuando regresaron al continente tras el conflicto del Atlántico Sur. En abril de 2007 se hizo la presentación de 23 testimonios de ex combatientes conscriptos, reunidos por Pablo Vassel, que en aquel momento se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos de Corrientes e hizo al denuncia en el ámbito de la Justicia Federal de Río Grande.

"De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos", declaró hoy Vassel. Agregó que no sólo lo hizo “bajo el eje de memoria, verdad y justicia”, sino también en “el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos".

En más de una década de investigación se sumaron 120 testimonios de ex combatientes de distintos lugares del país, que se añadieron a la causa original Nº 1777/07 caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública". Al expediente se agregó información oficial como prueba en 2015, gracias al decreto 503/2015 de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió desclasificar informes militares.

De ese material desclasificado "surge una enorme cantidad de nuevos casos de tortura, porque por normativa militar todos los oficiales y suboficiales estaban obligados a hacer informes, y al regreso de Malvinas muchos de ellos hablaban de maltrato a la tropa, de los vejámenes", según el fiscal.

En octubre de 2017 se presentó como parte querellante la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense, presidida por Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz accedió así a una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim-La Plata) que ya es querellante en el caso.

"Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias", dijo en ese momento Ernesto Alonso, referente del Cecim. Según Alonso, hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados por su presunta responsabilidad en los abusos a las tropas a su mando durante la guerra.