“Hay fotos y videos que muestran lo histérica que estaba actuando en el momento de la trifulca. Es evidente que quería saltar las vallas”, sostuvo el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, en una justificación de la represión y violencia de género institucional contra la diputada Mayra Mendoza, en las inmediaciones a la audiencia del juicio que se realizó contra Milagro Sala, en Jujuy, el 21 de diciembre. El origen de la palabra histérica contiene una connotación sexual despectiva hacía las mujeres. La intención de la calificación de histérica a una víctima es similar a decirle loca o no satisfecha y a vincular sus convicciones políticas o reclamos sociales con un supuesto –y mentiroso– mal femenino de exagerar síntomas por su condición de debilidad y vacío. 

Hasta el siglo XIX la histeria estaba asociada a un supuesto malestar de mujercitas mal atendidas vinculadas a la sexualidad y los médicos lo atendían con un diagnóstico de útero ardiente. Las imágenes y la foto donde la diputada es tomada brutalmente del cuello por un policía provincial con un contorno corporal, por lo menos, cuatro veces superior al de ella y de una forma que no tiene nada que ver con pactos institucionales sobre cómo dispersar o contener la protesta social –y con un arma larga colgándole del pecho– hablan de una forma de violencia policial que también implica violencia de género. 

Las posteriores declaraciones políticas reforzaron el machismo de las fuerzas de seguridad y el respaldo político al ahogo sobre el cuello de una mujer que puede ser cualquier otra ciudadana en una manifestación contra la inseguridad policial, los femicidios, las inundaciones, políticas de ajuste o el desempleo. “En Buenos Aires se habla de una agresión a una diputada nacional, pero la diputada no tenía ningún cartel que decía que era diputada”, afirmó el funcionario. El centro de la cuestión es, justamente, que no se trata de Mayra Mendoza sino que la represión pueda legitimarse y reproducirse contra otras mujeres. La abogada Claudia Perugino, especialista en violencia e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala advierte: “Las mujeres, junto a los jóvenes, somos uno de los sectores más dinámicos y, de ahí, la necesidad de amedrentar. Lo vimos en los Encuentros de Mujeres de Mar del Plata y Rosario donde nos reprimieron. En este contexto Mayra Mendoza y Daniela Vilar fueron el blanco de una feroz represión y una situación de abuso”.  

Además, la directora del Area de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman, resalta que no fue una escena más, ni es una escena legítima. “La maniobra que hace el policía de ahorcar a Mayra Mendoza no forma parte de las modalidades habituales de represión de la protesta en la Argentina, que han sido muy violentas en algunas coyunturas, pero con usos de la fuerza que tienen otras características. Las normativas vigentes procuran que el diseño de los operativos evite el contacto cuerpo a cuerpo entre policías y manifestantes que implica muchos riesgos. Sólo vi esa forma de sujeción por el cuello en casos de detención en Estados Unidos, pero no en represiones de este tipo. El ministro Perassi no asumió su responsabilidad política, ni cuestionó la actuación policial, sino que culpó de ese accionar ilegal a Mayra Mendoza, señalando que estaba histérica, una justificación absurda con un adjetivo que solo se usa contra las mujeres”.

No fue la única señal de la policía jujeña de violencia hacia las mujeres. El nieto recuperado Horacio Pietragalla atacó a un policía y explicó que su conducta se debió al abuso sexual contra la concejala de Lomas de Zamora, Daniela Vilar. “En Jujuy está tranquilo, acá no ha habido movimientos ni incidentes. Los conflictos de estos tiempos son porque viene gente de afuera, de Buenos Aires. Viene un grandote desde Santa Cruz (por Horacio Pietragalla) a pegarle a un policía, que resulta ser el secretario de Derechos Humanos y que se justifica diciendo que habían tocado a una mujer; menos mal que no tiene un revolver”, indicó Perassi. 

Daniela Vilar le replica: “En Jujuy se vive una ausencia del Estado de derecho con una impunidad que recuerda a los peores años de nuestra historia; el poder pseudofeudal que gobierna la provincia decidió vallar para restringir el ingreso al juzgado donde se llevaría a cabo la lectura de la sentencia a Milagro Sala devenido en una bizarra puesta en escena. En ese marco apareció un cabeza de tortuga que perdió el control con el cuello de una mujer entre sus violentas manos y otro, en el forcejeo previo a lo que se vio en cámara intentó empujarme (cuando no había lugar) y me tocó los pechos cagándose en mi condición de mujer o disfrutándola”.  

¿Es posible que la represión se ensañe en el cuerpo de las mujeres? ¿En Jujuy vale todo? ¿O esa represión implica una marcha atrás a criterios de seguridad democráticos y la amenaza latente para futuras marchas con participantes mujeres? Perelman enmarca: “Tras la crisis de 2001-2002 se discutió mucho qué puede hacer el Estado frente a las protestas sociales. Ese debate dio lugar a lo que se conoce como ‘política de no represión’ que se inició entre 2002 y el gobierno de Néstor Kirchner. Implicó, en general, un abordaje no violento de las protestas sociales en el nivel federal que se sostuvo hasta 2010, cuando las fuerzas federales volvieron a asesinar manifestantes. Después, con la creación del Ministerio de Seguridad se reafirmó esa política con la resolución 210/2011 que estableció ‘Criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en manifestaciones públicas’, a la que adhirieron casi todas las provincias. La provincia de Jujuy adhirió a esta normativa que, entre sus 21 puntos, prohíbe que los policías porten armas de fuego, los obliga a estar identificados y a respetar la integridad física de los manifestantes. Sin embargo, fue muy limitada la transformación de las prácticas de las policías provinciales”.

¿Cuál es la situación de la represión policial en Jujuy? Perelman señala: “Jujuy es una provincia que presenta casos de violencia institucional muy graves. En materia de protesta social, está el caso de Luis Cuellar, que fue asesinado en 2003 cuando policías de la  provincia dispararon balas de plomo para reprimir una protesta en la puerta de una comisaría, por la muerte de una persona que había estado detenida allí. También, durante el 2011, el desalojo de un grupo de familias que ocupaba un terreno de la empresa Ledesma en reclamo de acceso a la tierra y a la vivienda, la policía provincial utilizó balas de plomo y resultaron muertos Ariel Farfán, Félix Reyes Pérez, Juan José Velázquez y Alejandro Farfán”.