En todo el mundo los avances y retrocesos sobre la posibilidad de acceder a un aborto seguro marcan un termómetro en donde la mayor libertad, independencia y reclamos de las mujeres se enfrentan a una oleada conservadora que pretende restringir -más que nunca- y legislar retrocesos sobre las decisiones, deseos y destinos de las personas que quieren o necesitan interrumpir un embarazo. En República Dominicana se vivió un escenario de disputa sobre derechos sexuales y reproductivos que es un ajedrez que, también, se juega en Argentina, Chile, Brasil, El Salvador –y en Polonia y Europa del Este– en torno a quienes, cómo y por qué pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito y en el que no está echada la última carta.

El 14 de diciembre, el Senado dominicano había restringido absolutamente el acceso a abortos legales, incluso para casos de violación, riesgo de perder la vida o malformaciones congénitas. El 19 de diciembre el presidente Danilo Medina veto la reforma al Código Penal que penalizaba el aborto en prácticamente todos los supuestos. Ahora la norma tiene que volver a ser tratada en el Senado. El mandatario les pidió a los legisladores que reconsideren el tema y aprueben que se pueda interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias (cuando el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando una malformación congénita genera que la vida del feto sea inviable). Mientras que la vicepresidenta Margarita Cedeño expresó que si el debate continúa se podría llamar a una consulta popular. 

La reforma del Senado implicó un retroceso respecto a la versión anterior del Código Penal, aprobada en 2014, ya que en la nueva ola conservadora sólo se admitía que el aborto no esté penalizado cuando el embarazo pueda poner en peligro la vida de la mujer o la niña embarazada y sólo tras haber hecho todo lo posible para salvar la vida de la madre y del feto. La marcha atrás demuestra que las visiones retrógradas no pertenecen solamente a un legado histórico y machista sino a un neo machismo conservador con nuevos embates en distintos puntos de la región.

En el 2014 Medina ya se había mostrado contrario a penalizar el aborto en todos los casos. Pero el Senado arremetió con una ley conservadora que, después, fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. En cada artimaña o acción, de todos modos, se pierden o pueden perder vidas de mujeres. Pero su postura y el nuevo veto le valieron el reto del lobby de iglesias católicas y evangélicas (fundamentales en el armado político para el golpe de estado a Dilma Rousseff en Brasil) y tildaron de abortista a Medina. El sacerdote Luis Rosario criticó: “De este gobierno se puede esperar cualquier cosa en materia de respeto a la vida y en relación al matrimonio y la familia”. Mientras que Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, elogió el veto ya que “obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado producto del crimen de violación es cruel, inhumano y de desprecio a las mujeres”.

El riesgo de ahorcar más el acceso al aborto es la clandestinidad y el gatillo difícil que implica que la mortalidad materna -por embarazo, parto o puerperio y en donde la tercera causa son los abortos realizados de forma insegura- se cobren femicidios por falta de salud sexual tenga una tasa de 106 muertes por cada 100.000 nacimientos cuando el promedio de Latinoamérica es de 77 muertes cada 100.000 nacimientos (y en Uruguay hayan llegado a mortalidad cero a partir de la legalización del aborto), según datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Naciones Unidas. Las posibilidades de perder la vida son mucho más fuertes entre las mujeres de sectores populares.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina contextualiza el intento de prohibición en República Dominicana: “Los datos a nivel mundial demuestran que la prohibición no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que las mujeres y niñas mueran a causa de abortos ilegales e inseguros. En la República Dominicana, la  prohibición total del aborto provoca la muerte de mujeres. Una fue la de Rosaura Almonte, conocida como “Esperancita”, que murió en 2012, por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría porque, en aquel momento, estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento porque tanto el aborto como aquellos que lo faciliten pueden ser objeto de sanción penal”.

Con el escenario del veto presidencial, Belski analiza: “Ahora, el Congreso tiene una oportunidad para avanzar en la descriminalización del aborto. El retroceso en la legislación de República Dominicana es una clara muestra de que la batalla por el control de la vida y cuerpos de las mujeres se libra en nuestra región de forma especialmente encarnizada en torno al aborto. Esta  es una de las formas más claras de manifestación de la violencia ejercida por el Estado contra la mujer”.

Un dato para tener en cuenta es que la reforma restrictiva sobre el acceso al aborto se aprobó de la mano de un proyecto que incrementa la pena a 40 años de prisión por femicidios en donde el punitivismo -presuntamente a favor de la vida de las mujeres- se utilizó como máscara para desproteger, en la salud sexual y reproductiva, la vida de las mujeres. 

“La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones (violación, incesto y malformación congénita), es un asunto claro de salud pública, de reducción de muertes maternas, siendo irresponsable e innecesariamente postergado en perjuicio de cientos de mujeres y niñas que, como Rosaura Almonte -Esperancita-, pierden sus vidas por no recibir la atención medica requerida para salvarse ante emergencias obstétricas” afirmaron desde la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, compuesta por organizaciones que pelean por la salud;  la ley; los derechos de las mujeres, trabajadoras y campesinas como los de la población campesina, entre otras.