Dos mujeres cocinan un guiso en una olla inmensa y el vapor les nubla las manos que no paran de revolver esa comida para repartir entre otras cientos de compañeras que se movilizaron hasta el Banco Central este lunes, contra el endeudamiento agobiante pactado con el FMI y las medidas de ajuste que dictó el Gobierno. “El único fondo es el de la olla, y está cada vez más vacía”, gritaban a coro las mujeres abrazadas por la bandera del “Vivas y desendeudadas nos queremos” que replica consignas del colectivo Ni Una Menos con el sentido visceral de la denuncia, porque más devaluación y empobrecimiento de las mujeres no puede ser posible. Se acerca junio y una nueva movilización masiva por Ni Una Menos vuelve a atravesar las fábricas, las calles, las camas, las casas y las plazas, las organizaciones, las diversidades migrantes y latinoamericanas, las colectivas afro, de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. El valor simbólico y transformador del 3 de Junio y las asambleas preparatorias de cada viernes de mayo capturan el aire potente del Paro Internacional del 8 de Marzo para continuarlo estratégicamente y alentar el crecimiento imparable de las mujeres como sujetas políticas en un reguero de feminismos interseccionales y diversos, y con los mismos niveles de organización expresados desde los barrios, los sindicatos, las escuelas, los lugares de trabajo y los territorios. La discusión central en el Congreso por la despenalización y legalización del aborto y los pañuelazos masivos de los martes son fruto de años de luchas feministas y de la Campaña Nacional, pero también se hila en la amplificación de un proceso colectivo desde el primer Ni Una Menos, en 2015, revitalizado en un cambio autoproducido en las vidas de las mujeres, en sus expectativas y en la posibilidad de materializarse hacia su autonomía para reconocerla como el derecho a vivir una vida libre de violencias, a decidir sobre sus cuerpos, a desempeñarse en trabajos dignos, al acceso a una salud que no discrimine ni estigmatice, a una educación donde las creencias religiosas no inunden la pedagogía sexual integral, a una igualdad salarial que fortalezca la independencia económica y garantice el acceso a puestos mejor remunerados. La brecha salarial por género, los travesticidios y femicidios crecientes –uno cada 29 horas– , el ataque sistemático de espanto a la comunidad lgbtt y la repudiable condena a Joe Lamongue, las agresiones a mujeres privadas de su libertad, la violencia institucional y la impostergable Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son nudos de un entramado de violencias económicas, políticas y sociales de las que el Estado es responsable. El pañuelazo organizado por las mujeres de la Villa 21-24 de Barracas el fin de semana es ejemplo de una exigencia que anhela determinar sus decisiones y deseos sin intervencionismos ni criminalización. “Nosotras villeras organizadas, las mujeres de los barrios populares, nos encontramos hoy para exigir el aborto legal, como una necesidad urgente de defender la vida, nuestras vidas”, plantea el documento redactado. “El buen vivir dentro de nuestras barriadas se torna lejano, más aún cuando nos encontrarnos atravesadas por diferentes violencias, cuando decidimos ser madres, y cuando decidimos NO serlo.”

En estos escenarios, los feminismos populares se convierten en corrientes actoras de un contrapoder transformador a través del diseño de sus economías autogestivas y sin patrones, pese a la pauperización, recorte y exclusión que hizo el Gobierno de los mal llamados planes, herramientas para posibilitar trabajo genuino. Ese artefacto macrista de la escisión es el que deriva en referencias oportunistas en relación al tratamiento del aborto y en otras descalificadoras al proferir que el movimiento de mujeres “mezcla todo” porque no se puede marchar contra los femicidios y clamar justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Marielle Franco.  “El cuerpo de las mujeres es la terminal de una cantidad de violencias que no son sólo domésticas, que no se explican sólo por una dimensión familiar ni psicológica”, releía la activista y docente Ana Julia Bustos, una de la coordinadoras de la Comisión de Seguridad del Paro, durante las asambleas NUM del 8M. “Ese movimiento nos permite desarmar la trampa de que hay un feminismo que se ocupa de los femicidios y otro que se ocupa de hacer política, como si fuesen dos instancias separadas. Nuestro desafío es no dejar que se congelen esos dos estereotipos: el de las mujeres ‘politizadas’, y las mujeres ‘sufrientes’.” La olla popular del lunes frente al Banco Central y todos los calderos que humean en cada rincón de la Argentina y Latinoamérica son abrazos de la autonomía que se desvictimizan para plantarse como sujetas políticas frente a las violencias económicas machista y patriarcal. Interpela y complejiza la feminización de las violencias, de las pobrezas, del derecho a la salud y al espacio público, a la tierra, a la deriva de las pibas y a la fiesta. Por eso la recuperación del 8M hacia la próxima movilización de junio como lectura y reexperimentación urgente que nos permitan seguir acompañándonos y sosteniendo las demandas de quienes no son escuchadxs. 

La estrategia del miedo

El último informe semanal del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), el Banco Central pagó en los últimos dos años un promedio de 5550 pesos por segundo en concepto de Lebacs lo que equivale, según el informe, a 9.500 escuelas o 57 millones de jubilaciones mínimas. La producción de crisis y “la estrategia del miedo”, como apuntó Alfredo Zaiat en este diario el domingo último, “comenzó a desplegarse advirtiendo que, si no se recortan derechos, se provocaría una crisis más fuerte”. El disciplinamiento financiero que recrudece como herramienta de disciplinamiento social se manifestó en los intentos de reforma laboral de diciembre y había sido asfixiado en movilizaciones históricas de los últimos meses. Una parte mayúscula de esa marea pulsa desde el movimiento feminista con agenda propia y plataformas de luchas transversales para detener la degradación de derechos. En el camino, leyes como Basura Cero, que habilita a incinerar residuos urbanos en la Ciudad, hace peligrar el sustento de recicladoras y cartoneras.  “Volver a la incineración es la pérdida de miles de fuentes de trabajo no sólo para los compañeros y compañeras cartoneras sino para industrias que nos compran los recursos”, lamenta una de las recicladoras unidas en cooperativas. El dato alarmante de que una de cada cinco mujeres de la Población Económicamente Activa a nivel nacional quiere trabajar y no consigue empleo, según las últimas estadísticas del Indec, es otra piedra a sumar a los despidos masivos y al desmantelamiento y las contrataciones irregulares en diferentes áreas del Estado. Las operadoras de la Línea 144 de la Provincia de Buenos Aires, por caso, trabajan en condiciones de gran precariedad, tercerizadas, con sueldos por debajo de la línea de pobreza y aumento progresivo de responsabilidades sin ningún tipo de compensación. Como las trabajadoras del Hospital Posadas, asisten y atienden situaciones de violencias que en este contexto se vuelven  boomerangs sobre las violencias laborales que recaen sobre ellas, y permiten entender el cruce de barbaries como las caras de una misma moneda que falta y resta.    

“La precarización laboral también es violencia”, sostiene Verónica Misseri, delegada de ATE de la Línea 144. “Casi el 90 por ciento de trabajadorxs de la línea, en su mayoría operadoras, están contratadas de manera tercerizada por convenios con la Secretaría de Derechos Humanos, de la que depende la Línea 144. Vienen jugando un juego bastante perverso de fragmentación de los equipos, hay  compañeras trabajando con contratos que se renuevan cada tres meses, desbordadas por la cantidad de llamadas que atienden y con cuadros virales producto de la insalubridad de algunas herramientas de trabajo. Planteamos nuestra preocupación y que la Secretaría asuma la responsabilidad de una política pública como ésta,  que es una de las banderas de las organizaciones de mujeres, posicionándonos desde el lugar de sujetas trabajadoras.” 

La próxima movilización de NUM se encuentra con un gobierno que gatilla a mansalva contra la economía de los sectores más humiles y que afecta con pesadez a las mujeres de los barrios, sostenes de familias que además de ser golpeadas por inflación, tarifazos y paritarias a la baja, están sumidas en mayor precariedad por ser trabajadoras de la economía popular. “No son actoras negociables para este gobierno”, advierte Mariela Velardez, referente del Frente Popular Darío Santillán. “Y además, esta avanzada de quite de poder del ciento por ciento de todos los planes que antes organizábamos de manera genunina  para garantizar trabajo digno es un cambio de paradigma que nos afecta en forma descomunal, llevándonos de una vida precaria a otra muy por fuera de los cánones de lo posible. En este plano, del primer 3 de Junio a la marcha que se avecina las mujeres hemos podido poner el cuerpo y hacer carne la lucha global, y desarrollarla en todos los territorios donde estamos, construyendo una identidad propia que tiene que ver con la construcción del feminismo popular. Pero la coyuntura actual tracciona frente a este fenómeno organizativo: es fundamental analizarla, visibilizar cuáles son el enemigo común y el opresor común, y diseñar tácticas y estrategias para poder enfrentarlos mientras nos organizamos frente a la violencia machista que sigue existiendo en nuestras casas y la falta de políticas en relación a las violencias.”

En rebeldía

El 3J tiene una dimensión latinoamericana notable: nos moviliza contra los crímenes de lideresas políticas de base como Marielle Franco en Brasil y también contra asesinatos de mujeres líderes de comunidad en Ecuador, Peru y Colombia, precisa la politóloga Verónica Gago, investigadora e integrante del colectivo Ni Una Menos. “La resistencia de las mujeres contra los proyectos de despojo de territorios a cargo de empresas transnacionales se enlaza con las luchas contra criminalización de reclamos indígenas, como las protagonizadas por las mujeres mapuche, y con el empobrecimiento que genera el endeudamiento público y privado en nuestro país, intentando imponer el neoliberalismo puro y duro.” A su vez, “las movilizaciones que estamos viendo en Chile, con tomas en secundarios y universidades por una educación pública, feminista y democrática, resuenan con la fuerza de una generación joven que es la que sobresale en las movilizaciones de todo el continente”. 

Hacia adentro, las mujeres migrantes resisten una escalada de controles y exclusiones que dramatizan cualquier acto básico de supervivencia. “Nuestra situación es compleja; muchas se quedaron sin trabajo por el cierre de empresas en los rubros de la economía popular”, remarca Delia Colque, de Bloque Migrante, que participará de la movilización. “El Gobierno no permite que pueda organizarse y trabajar de otras maneras gente que lo hace en negro. Si bien la reglamentación es importante, no nos da  posibilidades. A mujeres que viven de la economía informal a través de las ventas, como las manteras, les quitaron lo poco que podían conseguir para subsistir junto a sus hijxs y familias.” Colque asegura que muchos hombres, parejas de esas mujeres migrantes, terminaron abandonándolas y dejándoles todo el peso de la crisis. “Las migrantas de los barrios y los territorios están abatidas por este ajuste, que las perjudica no sólo por las políticas económicas sino también por las políticas migratorias que nos impiden movilizarnos imponiéndonos retenciones, aunque la Justicia haya declarado inconstitucional el Decreto 70/2017. El Gobierno sigue cometiendo irregularidades, pone trabas y aumenta los aranceles del trámite para obtener el DNI. Nuestros salarios no valen lo mismo que antes, la mayoría no somos dueñas de nuestras casas y sufrimos una triple carga.”

La crisis económica arrecia y recae sobre nosotras de manera gravosa, insiste Giselle Santana, delegada de ATE en lucha en el Inti. “Pero vemos una luz de esperanza, porque esa crisis nos da fuerza para salir. No por nada fuimos las mujeres quienes le hicimos el primer paro a Macri, que empujamos desde las asambleas tratando de organizarnos. Desde abajo se va construyendo organización y movilización contra el plan de ajuste. Vamos a ganar batallas fundamentales como aborto legal, seguro y gratuito, porque somos las que ponemos el cuerpo y la vida en la clandestinidad. Es una enorme batalla de las mujeres y un aliciente para seguir peleando contra el patriarcado y el capitalismo, que van a caer juntos.” 

A las nietas de las brujas que no pudieron quemar, las niñas, originarias, pobres, alegres, cantoras olvidadas en las memorias del poder, quieren dificultarles un paso que ya no se detiene. Las presas por luchar, las que luchan por las que ya no están y las que caminan las calles escriben sus revoluciones feministas y se reinventan en las de todas. “Es necesaria la organización, la sororidad y pensarse como algo más grande frente a la situación económica y social y contra la dureza del patriarcado arraigado”, resume Velardez. “Las nuevas generaciones dicen ‘No nos callamos más’, en un cambio superestructural de igualdad de derechos que se fue tramando desde el primer 3J, hace tres años. Y lo prometió Mónica, la mamá de Araceli Fulles, en el acto por el aniversario del femicidio. ´Estoy acá por todas ustedes y por todas las hijas de ustedes´. A su manera, nos dijo que el feminismo genera esperanza, y creo que hoy el violeta de ese horizonte se ve más intenso.”