La Mesa NiUnaMenos Santa Fe, con la firma de dieciocho organizaciones que la integran, presentó una denuncia penal contra el fiscal Andrés Marchi y pidió formalmente su destitución para poder iniciarle un proceso, por “haber omitido realizar las diligencias necesarias al tomar conocimiento de la denuncia efectuada por Romina Macarena Dusso (...) a raíz de haber sufrido lesiones y amenazas de muerte para ella y su familia por su ex pareja Marco Feruglio”. El fiscal Marchi había ordenado a la policía que el viernes 23, horas antes de que se desatara el cuádruple femicidio, se le tomara declaración a la víctima y que como la joven había sufrido lesiones leves, lo llamaran al día siguiente para tomar una decisión. La realidad lo sacó de la cama. Romina había sufrido fractura en una mano, golpes en la cabeza y un corte detrás de una oreja. Más allá de la incomprensible evaluación del fiscal, la levedad no es leve. Es violencia y carga la potencialidad de un final más trágico. 

La presentación consta de 18 carillas en las que acusan técnicamente a Marchi “por el mal desempeño de sus funciones, la realización de faltas graves en ejercicio de sus funciones y la posible comisión del delito doloso de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Como resultado de la omisión, situó a “Romina y a su grupo familiar en un estado de vulnerabilidad extremo”.

“Estas omisiones –señala la denuncia– constituyen el incumplimiento del deber de debida diligencia que corresponde a los Estados en los términos de los tratados internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres”, poniendo a la provincia de Santa Fe y al estado argentino al borde de la denuncia ante organismos internacionales.

El escrito fue presentado ante el fiscal general de Santa Fe, Julio De Olazábal, a quien le solicitaron “se arbitren las medidas necesarias y la designación de los auditores ad hoc, para iniciar procedimiento disciplinario a fin de suspender y destituir al funcionario por la realización de faltas graves en ejercicio de sus funciones”.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por las denunciantes, Romina terminó su relación con Marco Feruglio hace poco menos de un año, con un hijo y dos mellizas en común. El pasado viernes 23, Marco Feruglio la increpó porque, “según el relato de ella, (él) no quería ir a la Justicia para determinar la cuota alimentaria de los chico/as. La agredió verbalmente, le pegó en la cabeza y le quebró los dedos de la mano. Le dejó una marca detrás de la oreja. Cuando se fue, Romina decidió denunciarlo como lo había hecho en otras dos oportunidades en los últimos dos años.” La primera denuncia por violencia machista fue presentada el 19 de julio de 2014 en la ciudad de Santa Fe. La segunda la realizó en la Comisaría de la ciudad de Sauce Viejo, durante el feriado de Semana Santa de este año. La última tuvo lugar horas antes del cuádruple femicidio. Llegó a la comisaría 19ª de Sauce Viejo denunciando golpes y amenazas por parte de Feruglio, “junto con su mamá Claudia Oliva y la pareja de ella, Nicolás Estrubia.” La magnitud de los golpes, señalan en la denuncia, hizo que en la comisaría se ordenara el traslado al Hospital Cullen, en la capital provincial, “en ambulancia”, subrayan las denunciantes, para dar idea de lo visible de la situación de violencia física y psíquica sufridas.

Informado Marchi por la propia policía, éste dispuso que luego de las curaciones fuera trasladada a la Comisaría de la Mujer, en Santo Tomé, donde volvió a relatar la discusión, la agresión y recordar que no era la primera vez le pegaba. 

Hace dos días, el fiscal general de la Regional 1, Jorge Nessier, había afirmado que las dos denuncias anteriores de Romina no figuraban en el sistema del Ministerio Público. Ocurre que el fiscal Marchi, a su cargo, debió enterarse de aquellos antecedentes por la misma denuncia del 23, en la que Romina refirió aquellas ocasiones de violencia.

“Si se hubiera tratado de un asalto en un comercio, y el comerciante hubiera sufrido las mismas lesiones que Romina, se hubiera puesto de inmediato en funcionamiento la maquinaria judicial, se hubiera ordenado a la policía la búsqueda del sospechoso y lo habrían detenido preventivamente –describió la paradoja la abogada Lucila Puyol, abogada de HIJOS, integrante de la Mesa NUM, y una de las firmantes de la denuncia–. Pero fue una ataque a una mujer. La denuncia se puso en duda”.

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