Una niña se animó a contar que su padrino la abusaba. Él le hacía regalos, la llevaba de viaje, era el proveedor económico de una familia de clase media baja y también le pedía fotos y datos sexuales por celular. Ella relató en Cámara Gesell los abusos sexuales que sucedieron cuando tenía entre seis y diez años. La estrategia para evitar esa acusación es exponer a la niña,revictimizarla: en Twitter se publicaron sus análisis ginecólogicos –en violación a su intimidad– para argumentar que si una niña tiene su himen no pudo haber sido abusada.
Pero lo cierto es que las expertas ya detectan que en Argentina la mayor parte de los abusos se perpetran a través de sexo oral o frotamientos (sin penetración) justamente para evitar que queden lesiones físicas o rastros genéticos de la violencia sexual. El embate mediático, virtual y judicial que la nena sufrió esta semana para desacreditar su palabra y la de las psicólogas intervinientes en nombre de la virginidad va en contra de la ley –que califica el abuso como un ataque a la integridad sexual y no a una parte de la anatomía– y de la época: ya no estamos en la Edad Media y el himen no es una prueba sagrada.
“Es atroz que se esté publicado un examen ginecológico que habla del clítoris de una niña a quien la primera ginecóloga que visitó es del Cuerpo Médico Forense. Una psicóloga y una psiquiatra constataron que no presenta ningún tipo de trastorno que pueda determinar que exagere o que fabule ni señales de inducción o sugestión. La defensa está queriendo sostener el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y ella sufre violencia judicial ante dos peritos varones de 80 y 90 años. Además sufre un descuartizamiento mediático con el argumento de que no hubo acceso carnal que, en realidad, puede ser por cualquier vía oral, vaginal o anal y no necesariamente con penetración, sino también con frotamientos. Pero la causa llegó tan lejos que piden que se mida el miembro del acusado porque alegan que es de un tamaño fuera de lo normal y que si lo hubiera visto tendría que recordarlo cuando, por supuesto, que a la edad del abuso no tiene una madurez sexual para entender eso o saber la diferencia entre penetración completa, sexo oral y frotación”, explica a Las/12, con sorpresa e indignación por la virulencia del ataque a la niña, una allegada a la causa.
El futolista Jonathan Fabbro está acusado de abusar de su ahijada y permanece detenido en la Argentina (fue extraditado desde México), por lo menos, hasta el 28 de mayo. La causa la lleva el Juez QuianZavalía que tiene que definir si el ex jugador de River y Boca continúa detenido. “La nena miente, no fue violada”, dijo su defensor Francisco Oneto ante las cámaras de televisión. Oneto es un abogado anti derechos que publica en su cuenta de Twitter proclamas a favor de actores y jugadores de futbol acusados (judicial o mediáticamente) de acoso, abuso sexual o actos inapropiados; comparte frases de Agustín Laje; proclamas contra la legalización del aborto (“Si te embarazaste hacete responsable”, argumenta y señala que quienes defienden el aborto tienen un aspecto “impresentable” y los que no de “gente seria”); reproduce dichos contra los supuestos “delitos de género”; disputa contra la paridad salarial; califica de “enfermas” a las asistentes a la marcha del 8 de marzo; crítica la ley de identidad de género con argumentos como “Si un nene se cree perro lo mandan al psiquiatra (por ahora) si se cree nena al registro civil”; denomina “boludas” a las manifestantes sin corpiño y argumenta que el piropo no es un delito pero que sí lo es la actitud de una joven que increpó al taxista que la acosaba (porque impide su circulación) y acusa a periodistas de mentirosas.
El perfil no es singular, sino que refleja una embestida anti derechos contra una denuncia de abuso sexual basada en la idea que las niñas mienten, fabulan o son inculcadas a mentir a través del Síndrome de Alienación Parental (SAP) o similares, que las pericias psicológicas también son falsas y las notas periodísticas otra parte de la cadena de mentiras. De esta manera ni la voz de la niña, ni las pericias psicológicas ni la prensa tienen entidad. Y no es una pelea judicial singular, sino la embestida que en Estados Unidos lleva el nombre de backlash o reacción frente al avance de denuncias de abuso sexual como parte de un embate conservador que busca restringir los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que se animan a hablar y cortar con el abuso.
El titular del Juzgado en lo Civil N°12, Ramiro Santo Fare, impuso a Larissa Riquelmen y la madre y la hermana del jugador (que defienden su inocencia) que “deberán abstenerse de hacer públicos por cualquier medio” el nombre de la niña, el parentesco, su domicilio y la difusión de cualquier foto, en un documento que publicó el periodista Federico Fasbender, que cubre el caso en Infobae. “No podemos permitir que existan discursos, especialmente de quienes deben actuar desde un punto de vista profesional y cuidadoso, que revictimicen y estigmaticen a quienes se animan a denunciar”, subrayó María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Paula Wachter, fundadora y directora de Red por Infancia recalca: “Los niños no mienten cuanto hablan de abuso, parece mentira que todavía se siga poniendo a la víctima en el banquillo de los acusados y que se apunte a minar su credibilidad y atacarla como estrategia para buscar la impunidad de los agresores. En este caso me parece acertada la decisión del juez civil de imponer un ‘bozal legal’ para resguardar a la niña. Los medios no deberían priorizar la primicia o el rating por sobre la dignidad de una víctima, menos aun cuando se trata de una menor.
Se estima que solo se denuncian el diez por ciento de los casos que suceden: de cada mil casos, se denuncian cien y se condena uno. Esta es una de las razones por la que cuesta tanto romper con el silencio como en el caso de la chica abusada por un equipo de rugbiers que desistió de la denuncia cuando se vio que expuesta a un circo mediático revictimizante y estigmatizante”.