Hace algunos días, una encuestadora divulgó el resultado de un relevamiento que buscaba conocer la opinión de los argentinos respecto a la noticia de que el gobierno nacional recurrirá al Fondo Monetario Internacional para obtener nuevo financiamiento. El resultado fue categórico: 3 de cada 4 personas contestaron negativamente. El anuncio realizado por el propio presidente Mauricio Macri sobre el inicio formal de las conversaciones para que el país vuelva a recibir asistencia financiera del organismo internacional no fue una buena noticia para la mayoría. Algunos funcionarios intentaron pintar con optimismo el panorama, pero no hay dudas de que, en Argentina, el FMI es mala palabra.
¿Existen realmente argumentos que expliquen este contundente rechazo? Los antecedentes del FMI en Argentina no sólo muestran el fracaso de sus recetas para garantizar el crecimiento económico y lograr estabilidad de la balanza de pagos, sino también delatan el accionar directo del organismo para salvaguardar el interés de los grupos financieros internacionales, financiando el proceso de fuga de capitales que contribuyó a precipitar el estallido de la crisis de 2001.
Prueba de ello se encuentra en el comunicado de prensa 01/37 del Fondo Monetario Internacional, de fecha 7 de setiembre de 2001, donde se informó que el Directorio Ejecutivo del FMI había decidió aumentar unos 21.600 millones de dólares el crédito para la Argentina, en el marco de un acuerdo aprobado en el 2000. Ello gracias a la recomendación de Anne Krueger, que en medio de la crisis, afirmaba que “de aplicarse con firmeza, las políticas anunciadas por el gobierno argentino permitirán una reducción duradera de la prima por riesgo de la deuda argentina y de las tasas de interés internas, creando así las condiciones para una moderada recuperación del crecimiento del PIB real en el último trimestre de 2001, lo que allanaría el camino para un crecimiento cercano al 2,5 por ciento en 2002”.
Las políticas anunciadas a las que refería la Subdirectora Gerente del FMI de aquel entonces, tienen que ver con la implementación de la Ley 25.453, conocida como “Ley de Déficit Cero”, una lamentable decisión legislativa que implicaba un fuerte aumento de la carga tributaria nacional, y supeditaba la aplicación del gasto público de toda la administración nacional al cumplimiento de los compromisos de deuda del Estado.
Hoy se puede afirmar con certeza que el objetivo de las medidas que recomendó el FMI en esos momentos no tenían como fin generar las condiciones para una recuperación genuina de la economía, sino que, fundamentalmente, buscaban descomprimir la demanda de divisas que el sector privado estaba solicitando para concretar la fuga de capitales.
Aunque el FMI conocía con detalle el deterioro de las cuentas externas y las maniobras conniventes del Banco Central de la República Argentina para articular la fuga de capitales juntos con los bancos locales, seguía emitiendo comunicados totalmente alejados de la realidad y estrechaba las manos con los funcionarios locales para transmitir a una ciudadanía engañada y desinformada que todo marchaba con absoluta tranquilidad.
En aquel entonces, el FMI jugó un papel crucial facilitando el endeudamiento público argentino que, lejos de contribuir a superar la crisis y generar condiciones de recuperación económica, sirvió para financiar la fuga de divisas, precipitando el estallido de la crisis a fines del 2001 y dejando como saldo una deuda pública que superaba los 150.000 millones de dólares.
Algunos aseguran que el fondo ha cambiado. Pero como dice el dicho, “el que se quema con leche, ve la vaca y sale corriendo”.
