Siete fallos judiciales ordenaron al gobierno de la Ciudad entregar vacantes solicitadas a chicos que quedaron afuera en la inscripción online escolar. Ante la presentación de más de 35 amparos, distintos jueces fallaron en primera instancia para obligar a las autoridades porteñas matricular a los niños en las escuelas que seleccionaron sus padres en el primer llamado. Incluso, dos de las siete resoluciones van más allá: si no se consigue una vacante en la escuela pública, el gobierno porteño deberá solventar su educación en una institución privada. Federico Parulo, integrante del Grupo de Litigio Estratégico, aseguró que “estos fallos garantizan la educación gratuita y pública a los chicos”.
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.” Aquel fragmento, extraído de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se repitió en varios expedientes de los juzgados porteños en los últimos días. Debido a las más de 35 demandas propuestas por padres damnificados, que no pudieron anotar a sus hijos en la inscripción online escolar –en especial en el nivel inicial–, varios jueces resolvieron las medidas cautelares con la orden al gobierno de la Ciudad de brindar, en un plazo menor a los cinco días, vacantes en la escuelas seleccionadas por los padres, ya sea aquella elegida como prioridad o bien las otras cuatro instituciones escogidas como opción.
El caso de Gerardo Montanaro fue el puntapié inicial para marcar un precedente judicial. El 3 de octubre, junto a su pareja, intentó anotar a su hijo de dos años en la Escuela Infantil N°3 Hospital Cosme Argerich. “De modo automático, en la inscripción online deben aparecer otras opciones de jardines en un radio de diez cuadras, ya sea del domicilio de aspirante o del lugar donde trabajan los padres. No sólo no le dieron la vacante a los padres, sino que además no le permitieron seleccionar otras opciones. Y era segundo año que le sucedía lo mismo”, informó el letrado Parulo. Por eso mismo el lunes pasado, la jueza en lo contencioso administrativo Patricia López Vergara ordenó al gobierno asignar la vacante al niño Montanaro en la escuela seleccionada. De no ser factible, “el GCBA deberá otorgarle una vacante los establecimientos elegidos como opción 2 a 5”, indicó el e expediente. Y si tampoco sucede aquella opción, las autoridades porteñas deberán pagar la escuela privada que elijan los padres.
Ayer por la mañana, el mismo Juzgado volvió a sancionar un dictamen similar ante otra presentación. La jueza López Vergara estableció que en un plazo menor a cinco días, las autoridades porteñas deberán matricular a la hija de Lucas Levalle en alguna de las cinco escuelas escogidas. En el caso de no contar con aquellas vacantes, “el GCBA deberá abonar el costo que acarree la asistencia de la niña a un establecimiento de gestión privada”, expresa el expediente judicial. “Estos fallos nos ponen muy felices. Son un oasis en el medio de una política de desacreditación a la educación pública, con un sistema de inscripción expulsivo y una tendencia a favorecer las instituciones privadas”, expresó Patricia Pines, de la agrupación Vacante para tod@s.
