El Gobierno ejecutó el 83,8 por ciento del Presupuesto nacional a dos semanas de terminar el año y casi el 30 por ciento de los programas cuenta con una ejecución inferior al 70 por ciento. La diferencia total del ejecutado frente al gasto presupuestado es de 330 mil millones de pesos y los ministerios más afectados por la subejecución son Cultura, Desarrollo Social y Comunicaciones. Los datos fueron elaborados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). Desde el Estudio de Orlando Ferreres advierten sobre la dificultad de comparar con el presupuesto 2016, mientras que Hernán Letcher, del CEPA, destaca que “se ejecutó menos que lo presupuestado en un contexto de muy alta inflación, por eso en los hechos se recortaron tantos programas”.
El informe desagrega la ejecución presupuestaria en función de distintos criterios. Uno de ellos consiste en evaluar la ejecución según cada ministerio, que realiza gastos corrientes (más inflexibles, como los salarios) y gastos de capital, en donde la administración tiene mayor grado de libertad para modificar partidas. En el caso del Ministerio de Cultura, que dirige Pablo Avelluto, la ejecución de los gastos corrientes se ubica en el 76,8 por ciento y los gastos de capital, como la compra de equipamiento, en apenas el 20,9 por ciento de lo previsto. En el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Carolina Stanley, la ejecución del gasto corriente está en el 85,5 por ciento, en línea con el promedio del presupuesto nacional, pero en el gasto de capital ese número baja al 56,1. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich ejecutó el 85,8 por ciento del gasto corriente pero sólo el 54,1 por ciento del gasto de capital.
La información es más rica si se evalúa por organismo. El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos ejecutó 11,6 de los 22,2 millones de pesos que tiene asignados (52,3 por ciento); el Instituto Nacional del Teatro ejecutó 142,2 de los 233,9 millones de pesos (60,8 por ciento); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gastó 85,7 de los 169,9 millones (50,5 por ciento); el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ejecutó 637 de los 1032 millones de pesos (61,7 por ciento), mientras que el Instituto Nacional de Semillas gastó 92,2 de los 202 millones presupuestados, apenas el 45,7 por ciento.
A nivel de los programas específicos, el informe muestra que de los 3296 millones de pesos previstos para la “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica”, sólo ejecutaron 494 millones (15 por ciento), mientras que la partida de “Política e Infraestructura Penitenciaria” registra una ejecución del 16,1 por ciento (171 de 1065 millones de pesos). De los 2320 millones de pesos previstos para las “Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos” se ejecutaron 804 millones (34,7 por ciento) y del programa de “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios” se ejecutaron 816 de los 1855 millones presupuestados, lo que equivale al 44 por ciento. La partida de “Acciones de Capacitación Laboral” muestra la ejecución de 853 de los 1898 millones de pesos (45 por ciento). La “Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios” lleva ejecutados sólo el 27,9 por ciento de su presupuesto y “Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad”, apenas el 39,7 por ciento a dos semanas de finalizar el año.
Según los investigadores de la Undav, la fuga de recursos detallada fue a engrosar los recursos para los Ministerios de Defensa, de Seguridad y de Energía y Minería. Por ejemplo, la partida de “Seguridad en Fronteras” tiene una ejecución del 119 por ciento. También en Salud, “Atención Sanitarias para la Comunidad” cuenta con una ejecución del 128,9 por ciento.
“En general, hay sobreejecución porque el presupuesto 2016 no sirve de mucho, la comparación es complicada, no es parámetro”, dijo a este diario Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres. De todos modos, según Spotorno el gasto primario del Estado Nacional cayó 0,4 punto porcentual en términos reales con respecto al año pasado.
“El Gobierno subejecutó el Presupuesto pero lo hizo en un contexto de inflación mucho más alta que la prevista el año pasado. De ahí se explica la cantidad de programas discontinuados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no entregó libros y se discontinuó el Conectar Igualdad. Se eliminaron convenios para viajes educativos, también el programa de aulas digitales en las primarias y las orquestas juveniles. En Salud también hubo recortes muy importantes”, explicó a PáginaI12 Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).