Luego de cuatro meses de conflicto, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) consiguieron lo que hasta hace días parecía imposible: la reincorporación de los despedidos que no habían aceptado los retiros (in)voluntarios. En una reunión laudada en el Ministerio de Trabajo, la empresa aceptó y firmó la reincorporación de 164 trabajadores a partir del próximo lunes. El esquema de achique planteado por Cambiemos había incluido una primera tanda de 500 despidos, de los cuales 336 aceptaron los retiros. Tanto el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, como el interventor de la empresa, Omar Zeidán –quien responde al senador Eduardo Costa– habían insistido con que no habría reincorporaciones y que el objetivo del Poder Ejecutivo era desprenderse de un total de 1500 trabajadores. Sin embargo, a partir del sostenimiento de las medidas de fuerza más una serie de fallos judiciales adversos que declararon ilegales los despidos, los trabajadores permitieron torcerle el brazo al Gobierno, al menos momentáneamente.
“La lucha continúa. La solución de fondo sigue siendo la puesta en marcha del yacimiento y comenzar a generar energía. El camino para YCRT no debe ser la desocupación y hambre de sus pueblos como ocurrió en los 90 y eso se lo dijimos al interventor Zeidan y a su jefe político, el senador Costa. No es poca cosa lo que logramos, y la reincorporación significa que veníamos convencidos y diciendo la verdad”, sostuvo Daniel Castellón, delegado paritario echado y reincorporado anteayer.
El problema de fondo no está solucionado. La empresa tuvo que ceder ante su política de despidos porque solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, obviamente, fue aceptado por el Gobierno. Es decir, ahora se vendrá una segunda instancia en la lucha de los trabajadores para no perder derechos laborales, en un contexto general donde también comenzará a discutirse la flexibilización enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.
“El preventivo de crisis es otra discusión porque el gobierno de Macri en lugar de utilizar el Estado para favorecer a los trabajadores lo utiliza para quitar derechos. Este Gobierno impone ideas sin capacidad de diálogo o de discusión”, advirtió Castellón.
Como el Gobierno continúa con su estrategia de avanzar con el PPC, los obreros también avanzarán con su propuesta para sacar adelante a la empresa, es decir, insistir ante las autoridades nacionales para que se ponga en funcionamiento la usina térmica capaz de generar 240 MW con la quema del carbón de la mina. La propuesta consiste en poner en funcionamiento el primer módulo de 120 MW de la usina y vender carbón a Chile a partir de un negocio ya cerrado por el Gobierno nacional. De esta manera, la empresa podría generar 2196 millones de pesos en un año (468 millones de pesos por la venta de carbón y otros 1728 millones por la venta de energía), según el análisis realizado por la mesa intersindical. El déficit presentado por el Gobierno en el Presupuesto 2018 sería de 1353 millones de pesos.
En la auditoría que había ordenado el propio Aranguren, llevada adelante por la Sigen, quedó establecido que la obra física de la usina tenía un 85 por ciento de avance mientras que la erogación económica había alcanzado el 93 por ciento para diciembre de 2015. La diferencia entre el avance físico y la inversión ejecutada es la maquinaria recibida durante los primeros dos años de la gestión Cambiemos (pagada por la gestión anterior), hoy arrumbada en las inmediaciones de la mina, sin destino claro.
Por ejemplo, parte de esa inversión realizada durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner son los llamados frentes largos necesarios para la extracción del carbón. Con estas reincorporaciones, la empresa cuenta con un total de 2150 trabajadores capacitados para producir los 1,2 millones de toneladas necesarios para abastecer de manera continua a la usina. “El límite que tenemos es que la economía está en crisis, que los recursos son finitos pero sabemos que tenemos un presupuesto y que tenemos equipos mineros, la base fundamental para el crecimiento. La preocupación (de YCRT) pasaba por resolver este conflicto porque hay acuerdos con empresas chilenas que generan energía a las cuales necesitábamos proveer, venderle la producción a ellos”, sostuvo Francisco Roldán, integrante del Comité Operativo de YCRT en declaraciones a Radio Nacional Río Turbio. Es decir, el problema de fondo continúa. El Gobierno no estaría considerando la puesta en funcionamiento de la usina.
La desinversión del Gobierno en YCRT, insinuada por la Sigen, puede confirmarse con otro informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que determinó que durante el primer trimestre de este año, YCRT sufrió un recorte en sus gastos corrientes del 44 por ciento interanual, mientras que el Gobierno no realizó ninguna transferencia de capital, es decir cero pesos en inversión genuina, ni en la mina ni en la Mega Usina 240.
“El ejemplo de los que se quedaron a luchar y no se retiraron es el que hay que seguir. Es el ejemplo del pueblo trabajador desde hace años en Río Turbio. Con principios lograron recuperar sus puestos de trabajo y esto no ocurre en la Argentina de hoy. Hay un concepto de la lucha claro: con los compañeros adentro todo se debate, con los compañeros afuera nada”, sostuvo el diputado provincial Matías Mazzú en declaraciones a la radio FM La Cien Rio Turbio. “Ahora hay que trabajar para bajar el PPC porque no es aplicable para las empresas del Estado. Hay que poner en marcha la usina porque estamos en condiciones de generar energía y producir carbón. Ayer se ganó una batalla”, concluyó Mazzú.
