El problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman. No es eso lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática que vive alineada con la derecha norteamericana e israelí. 

Lo que les interesa es asegurarse que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de la redistribución de la riqueza, el vínculo con los demás países latinoamericanos, la independencia de los grandes poderes internacionales. En el idioma de ellos, la cuestión es que no vuelva “el populismo”. Y entonces todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al código penal. Como sea. Que Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman aparezcan en titulares como encubridores de terrorismo sirve. 

Por eso es que hay tantas similitudes entre lo que sucede en Jujuy, en Brasil, en Paraguay o en Honduras. El Poder Judicial actuando como partido. Por eso tenían preparada, si la denuncia de Nisman no prosperaba, causa-colectora, exactamente sobre lo mismo, a cargo de Claudio Bonadio. Ese expediente, con el moño de la acusación por traición a la patria contra CFK y Timerman. Firmar un tratado con el Reino Unido cediendo todo en materia de explotación de pesca y petróleo es sensato; firmar un memorándum con Irán es delictivo. 

Los juristas más conocidos del país señalaron en forma reiterada que en la denuncia de Nisman no existía delito alguno. Lo dijeron Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo. 

Lo básico es que se tomó la decisión política de firmar un tratado con Irán para que declaren en Teherán los sospechosos de haber perpetrado el atentado. Se buscó la forma de destrabar un expediente paralizado por más de 20 años: la ley iraní no permite la extradición de sus ciudadanos y la Argentina no permite el juicio en ausencia. Era la búsqueda de un camino. Ese tratado fue discutido y aprobado por el Congreso. Pero, además, el tratado nunca entró en vigor. Pese a que, supuestamente, era un beneficio para Irán, ese país no lo aprobó. Nadie fue a declarar a Teherán ni se formó ninguna Comisión de la Verdad ni se levantaron las órdenes de captura en los dos años transcurridos desde la firma del tratado. Como sostuvieron los juristas, el Memorandum puede haber sido bueno o malo, pero no un delito. 

Nada de eso interesa. Lo que importa es acusar a cualquiera que haya liderado o participado de un proyecto político distinto al neoliberalismo y de un alineamiento internacional distinto al marcado por las derechas norteamericanas e israelí y por el círculo rojo económico y mediático argentino. 

No importa si el testigo que acusó a Milagro Sala es trucho y empleado del gobernador. Lo relevante es que Sala encabeza un proyecto distinto al neoliberalismo. 

No es significativo que Dilma Rousseff haya cometido un delito o no. De hecho, no cometió ningún delito. Lo decisivo es que había que sacarla del gobierno del país más populoso de la región. 

Y en el caso de la andanada de Comodoro Py –dólar futuro, obra pública, Memorandum, todo en los últimos días– no importa si es un tratado aprobado por el Congreso, si se trató de una política para evitar una corrida cambiaria o una estrategia para redistribuir la obra pública. 

Lo único que le importa a la corporación judicial-político-mediática, con sucursal privilegiada en Comodoro Py, es condenar lo antes posible a los dirigentes –en especial CFK– que puedan encabezar el regreso de alternativas populares, distintas a las dictadas desde las usinas del poder.

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