En 1990, la editorial Oveja Negra publicó un libro de diversos ensayos que tituló En qué momento se jodió Colombia, y en el primer texto su autor, el columnista del diario Tiempo Plinio Apuleyo Mendoza, le puso día y hora exactos a la respuesta: fue cuando asesinaron al candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán –a quien hoy el establishment y el medio pelo descalificaría como populista– el 9 de abril de 1948 a las 13.05 en Carretera Séptima de Bogotá entre Calle 14 y Avenida Jiménez.
Durante la actual campaña para las elecciones colombianas del domingo 27, uno de los candidatos con más chances, Gustavo Petro, sufrió varios atentados. Uno tenía destino de muerte y sólo lo evitaron los vidrios blindados de su auto. En Colombia, aunque ni el Grupo Lima ni la OEA quieran enterarse y cada semana saquen algún repudio contra Venezuela, un atentado no es chiste: pese a la firma del acuerdo de paz en 2016, durante 2017 fueron asesinados 170 líderes sociales, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En 2018 ese escenario de muerte y miedo continúa con postulantes a cargos políticos. Colombia tiene un récord histórico de asesinatos de líderes candidatos, no sólo Gaitán sino también Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo o Luis Galán, por ejemplo.
Entre tanto, las pocas familias que mandan en su economía están de parabienes, y se entusiasman con que las encuestas no dan como ganador a Petro, ex alcalde de Bogotá, de centro izquierda, candidato por Colombia Humana, sino al derechista Iván Duque, del uribista (por el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe) Centro Democrático, que no tiene nada de centro ni menos de democrático.
De acuerdo con datos de la Cepal, Colombia, quinta economía más grande de Latinoamérica con un PIB de unos 300 mil millones de dólares (creciendo a tasas muy bajas estos años, como toda la región) y un PIB por habitante en descenso y de 6000 dólares al año (la mitad de esos mismos indicadores en Argentina, aunque el Producto argentino se derrumbó más con la reciente devaluación), es uno de los dos peores países en el índice Gini de desigualdad en el ingreso en Sudamérica, junto con Brasil.
“La desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región”, informa la ONG Oxfam. En concentración de tierras, uno de los problemas que hizo estallar el largo conflicto civil tras el asesinato hace 70 años de Gaitán, quien postulaba una reforma agraria en su programa de gobierno, es todavía peor. Colombia –dice el trabajo– ocupa el primer lugar de la región “en el porcentaje de tierra concentrada en el 1 por ciento de las fincas. Esto perpetúa la pobreza y la exclusión de los habitantes del campo”, que sólo encuentran en el cultivo de coca, sobre todo por la demanda de Estados Unidos y Europa, una posibilidad de supervivencia.
Otros datos. Si en el 2000 el 1 por ciento de las empresas colombianas más poderosas concentraban 14,5 por ciento de la riqueza, para mediados de la década actual ya sumaban 28,3 por ciento. Carlos Quimbay y Jairo Orlando Villabona, de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, escribieron que si, para el cambio de siglo, 10 por ciento de las personas jurídicas más ricas poseía 91 por ciento de la riqueza, para 2013 la elevaron a 92,2 por ciento.
Entre las familias más acaudaladas de Colombia, aquellas cuyos apellidos suelen publicarse en Forbes, se cuentan las del banquero Luis Carlos Sarmiento (con más de 12.000 millones de dólares y dueño de los grupos Sarmiento Angulo y Aval, dedicado a autopistas, fondos de pensiones, grandes campos de cultivo y otros negocios), Ardila Lülle (líder en industrias de gaseosas y otras) y los grupos Santo Domingo (competidor del anterior, pero también con cervecerías, empresas de transporte, medios), Carvajal (fuerte en Cali), Corona y Antioqueño, entre los principales. Con menos fortuna, pero enorme peso mediático, hay que sumar a la familia Santos, del actual presidente Juan Manuel.
Esta misma semana la Superintendencia de Sociedades colombiana informó que las mil empresas más grandes del país ganaron 45 billones de pesos el año pasado, 14,5 por ciento más que en 2016. Así, multiplicaron por ocho el crecimiento de la economía 2017, que fue de un magro 1,8 por ciento.
Hay varios candidatos a presidente en Colombia, como el del oficialista Partido Liberal, Humberto de la Calle, o el pastor cristiano Jorge Trujillo. Pero se cree que Duque y Petro (o quizá Germán Vargas Lleras, también del PL, o el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quienes han venido subiendo en los sondeos, muy manipulados para un disputado segundo puesto), podrían llegar al balotaje, con triunfo del candidato uribista en la primera vuelta.
Los medios y la derecha agitan el fantasma de que Petro “va a implementar el castrochavismo”, como si un chico dijera “cuco mamá”, en tanto el candidato plantea cambiar el modelo extractivista (basado, en Colombia, en petróleo, carbón y otros minerales), por políticas agrícolas. Un programa de descentralización institucional y muy atento a temas ambientales y el cambio climático figuran en el corazón de su plataforma.
Duque, por su parte, centra su campaña en la “lucha contra la anticorrupción” y, como Uribe, es muy crítico de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC hace dos años, que podrían retroceder. En lo económico, Duque es más neoliberalismo y sus estribaciones: injusticia social, Estado débil, concentración, deuda y fuga de riquezas.
