Sienten el dolor de una llaga que nunca cicatriza, aunque hayan pasado varios años desde aquel día, cuando la muerte cambió el eje de sus vidas. Son Familiares Atravesados por el Femicidio: Padres, madres, hermanos, hermanas, cuñadas, tías, e hijas de las víctimas, que se reúnen con la intención de ayudar a otros que enfrenten circunstancias similares. Desde enero se juntan una vez por mes, después de dar un portazo e irse de la Mesa donde los convocaba el Instituto Nacional de las Mujeres, que encabeza Fabiana Tuñez. “Nos usaban para la foto o para hacer un video para las redes, pero nada más. Nos mintieron un montón de veces”, dice Manuel Iglesias, hermano de Laura, una trabajadora social violada y asfixiada en 2013 en Miramar. El primero que decidió dejar ese espacio gubernamental fue Oscar Galliano, hermano de Rossana, la joven asesinada el 16 de enero de 2008, cuyos hijos viven todavía por orden judicial con su padre y abuela, condenados por ese femicidio. Oscar se fue enojado por el “maltrato institucional” recibido, según denuncia ante este diario. Son 17 y buscan armar una red a nivel nacional para poder brindar el acompañamiento que ellos no tuvieron en el momento más duro. “Para que otras familias no estén como nosotros, en soledad, ante un caso tan triste, un golpe tan tremendo, que uno no sabe cómo reaccionar, para tratar de darles una mano, nosotros que ya pasamos por eso”, agrega Manuel. El próximo 3 de junio marcharán con la bandera de su flamante agrupación y su principal reclamo será la sanción de la llamada Ley Brisa, que tiene media sanción del Senado y no avanza en Diputados, y que apunta a garantizar un subsidio a hijos e hijas de víctimas de femicidio. 

“Los hijos sufren después. Mi sobrina, de once años, tuvo intento de suicidio. No tenemos acompañamiento psicológico”, dice Fernanda Albornoz, hermana de Florencia, que fue asesinada por su marido el 17 de enero de 2010 en Quilmes. El hombre era policía de la comisaría Nª 1 de esa ciudad. Cuando ocurrió el femicidio, la hija de ambos, Lara, tenía tres años. Fue un doble homicidio porque en el mismo momento, Miguel Angel Mazó también mató a un amigo de Florencia que estaba con ella en su casa. En 2012 Mazó fue condenado a 18 años, pero tras la apelación de ambas partes, Casación le bajó la pena a 6 años. Volvieron a apelar y la causa está en la Corte. 

Hermano

Es el último jueves de abril. El día está gris, húmedo. Desde la sala del Anexo de la Cámara de Diputados que les gestionó una diputada para que se puedan reunir, se ve enorme la cúpula verde del Congreso. Viajaron desde Santiago del Estero, Rosario, San Luis, Partido de la Costa, Mendoza y distintos barrios de la ciudad y el conurbano bonaerense. “Todavía el Gobierno no garantiza el patrocinio jurídico gratuito. Queremos tener una red nacional de trabajadores sociales y de psicólogos para poder brindar acompañamiento. No se devuelve al ser querido. Pero algo se alivia cuando se hace Justicia”, dice Manuel, que es electricista y uno de los impulsores de este armado de Familiares Atravesados por el Femicidio. Su hermana, Laura, trabajaba en el Patronato de Liberados Bonaerense, en Miramar, era madre de tres hijas y abuela de tres nietas cuando su cuerpo apareció sin vida el 30 de mayo de 2013, con signos de golpes y de haber sido violada y asfixiada con el cordón de su zapatilla izquierda. “De inmediato la policía incriminó a Esteban Cuello, de 19 años, que tenía antecedentes y fue condenado luego a perpetua, pero había indicios de uniformados involucrados como cómplices o coautores, pero la fiscalía no quiso investigar esa línea. Para nosotros hubo irregularidades en el proceso investigativo”, cuenta Manuel. Entre las historias que los atraviesan, algunas incluyen condenas, otras todavía están impunes. Algunas han tenido amplia repercusión en los medios, otras poca o nada.

Cuñada

El grupo fue parte de la Mesa de Familiares de Víctimas de Femicidio creada en febrero de 2016, a poco de asumir Fabiana Túñez al frente del entonces Consejo Nacional de las Mujeres (ahora INAM), con la llegada del macrismo al Gobierno. Pero en enero decidieron irse, después de “sucesivas mentiras”, dice Manuel, y el resto asiente. Desde el organismo oficial, ante una consulta de PáginaI12, dan otra versión de los hechos (ver aparte). Pero en Familiares Atravesados por el Femicidio están muy enojados porque dicen que el INAM les aseguraba que acompañaba a otras familiares de víctimas pero después se daban cuenta de que no era así. Esa fue una de las razones por las que decidieron abandonar la Mesa.

–Como en el caso de la familia de Marisella Pozo Pizl, la chica que fue atada a un árbol en La Ferrere y torturada durante tres horas y murió tres días después por la golpiza que le dieron tres vecinos. Todo quedó registrado en videos. En el INAM nos decían que estaban trabajando en la causa. En cada reunión se preguntaba. Un año y medio después, en 2017, los asesinos tuvieron un juicio abreviado y una condena de un año en suspenso. Todos sueltos, y nadie se hizo cargo -cuenta Eva Domínguez, referente del colectivo Mujeres de Negro de Rosario, que acompaña a familiares de víctimas defemicidios en esa ciudad. 

En su caso, Eva reclama justicia por su cuñada, Vanesa Soledad Celma: tenía 27 años, un hijo de cinco y un embarazo de ocho meses, cuando el 29 de junio de 2010 salió envuelta en llamas del dormitorio en el que estaba con su marido, Omar Díaz, árbitro de fútbol de la Liga Rosarina. Sufrió quemaduras gravísimas. Llegó a dar a luz a su beba en una cesárea que le practicaron de urgencia al día siguiente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario. Pero murió cuatro meses después. Ese año había comenzado con el femicidio de Wanda Taddei, como consecuencia de las heridas provocadas por su esposo, Eduardo Vásquez, ex baterista de Callejeros, que la prendió fuego. Y en agosto se replicaba otro caso similar, que causó el femicidio de Fátima Catán, también embarazada, por cuya muerte fue condenado su ex pareja. Pero la causa judicial que investiga el fallecimiento de Vanesa fue caratulada desde un comienzo como “incendio”, con la teoría de que ella se había inmolado. Después, los familiares lograron que se investigara “por deceso de muerte”. 

“Ella era víctima de violencia de género por parte de Díaz pero la familia no lo sabía. Varias amigas declararon en la causa y relataron distintos hechos. Pero la jueza Mónica Lamberti ordenó archivar la causa. Los abogados y la familia de Vanesa y el fiscal solicitamos que se revoque el fallo y se ordene la indagatoria de Díaz”, reseñó Eva. La mamá de Vanesa, Yolanda, falleció poco menos de un año después de su hija, el 18 de octubre de 2011, afectada por un cáncer que se agravó. La tristeza la fue apagando. El reclamo de justicia lo encarna desde entonces Eva, esposa del hermano de Vanesa. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) junto al Programa de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, pidieron a la Justicia que investigue el caso desde una perspectiva de género y considerando el contexto de violencia doméstica que habría rodeado al hecho. Y ante la falta de respuesta, Cladem presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hijo mayor de Vanesa tiene catorce años. La nena que nació cuando su madre agonizaba, tiene dificultades para hablar. Los dos viven con una hermana de Vanesa. 

Madres e hijas

Entre los Familiares Atravesados por el Femicidio, hay hijas y también madres. Marcela Morera tuvo que enterrar en 2015 a su hija Julieta Mena, de 22 años. La mató su novio Marcos Mansilla en una feroz golpiza en Ramos Mejía. Ella estaba embarazada. Mansilla fue entregado a la Justicia por su propia familia, que cooperó en todo momento, destaca Marcela. Fue condenado a perpetua. La sentencia está firme. 

A Karina Trangoni le tocó velar a su madre Elena Fouine, en 1998, cuando todavía no se hablaba de femicidio. Era asistente social y la mató de dos disparos su ex marido, un policía jubilado, que en la misma escena se suicidó. Karina tenía 21 años. Viajó a la reunión desde Resistencia, donde vive. El año pasado, creó la Fundación Elena Cobijo de Amor, para acompañar a otras víctimas de violencia machista en Chaco. Ella fue testigo de la que sufrió su madre. “Hacíamos guardias con mis hermanas para que mi papá no la lastime. El era una persona muy violenta. Siempre la maltrató. Nosotras nos casamos jovencitas para irnos de la casa”, cuenta. En el grupo está además Oscar Galliano, hermano de Rossana, víctima de femicidio el 16 de enero de 2008, en el barrio parte El Remanso, partido de Exaltación de La Cruz. Oscar viajó desde San Luis, Todavía, a diez años de la muerte de su hermana, él y su familia esperan que el juez de Familia Nª 5 de San Isidro, Carlos Ruiz, le quite la custodia de los hijos de Rossana a José Arce, esposo de la joven y padre de los chicos y a su madre, Elsa Aguilar, con quienes viven, y fueron condenados a perpetua como autores intelectuales del crimen y tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.