Sin duda, el caso emblemático de curas pedófilos fue el de Julio César Grassi, una figura mediática que saltó a la consideración pública en los noventa por un conflicto económico con la diva de la TV Susana Giménez. Años después, en 2002, otra vez la televisión, a partir de una investigación periodística, lo puso de nuevo sobre el tapete, pero en esta oportunidad por abuso y corrupción de menores que estaban bajo su custodia en la Fundación Felices los Niños. El largo proceso judicial estuvo signado por una serie de maniobras dilatorias por parte del costoso equipo de abogados que asumió la defensa de Grassi. Primero bregaron por descalificar a los jóvenes que lo acusaron y luego por evitar que el sacerdote vaya preso, aunque la condena a 15 años de cárcel estuviera confirmada en segunda instancia. Finalmente, desde 2013, tras la ratificación del fallo por la Corte Suprema de Justicia, el cura está preso en Campana. 

Grassi fue condenado en junio de 2009 por abuso sexual reiterado, en dos ocasiones, contra un niño identificado como “Gabriel”, aunque también había sido acusado por al menos otros dos casos similares. La sentencia fue ratificada, en septiembre de 2010, por la Cámara de Casación, pero fue apelada ante la Suprema Corte bonaerense y más tarde ante la Corte nacional. Durante cinco años, Grassi estuvo condenado, pero bajo el régimen de “libertad vigilada” o de prisión domiciliaria. Hasta su traslado a una cárcel común, Grassi incumplió las restricciones que tenía para mantener los beneficios que se le habían otorgado.  

Violó lo que le había ordenado la Justicia cuando una nota periodística reveló que Grassi se había reunido, en la Fundación Felices los Niños, con el abogado Fernando Burlando, cuando tenía prohibido ingresar al lugar donde habían ocurrido los delitos por los que fue condenado. Otro de los deslices fueron sus dichos en América TV, el 22 de octubre de 2011, durante la emisión del programa MV 120, conducido por Mauro Viale. El cura habló, cuando no debía hacerlo, “sobre temas relacionados con el proceso” judicial en su contra y en esas circunstancias “se refirió a una persona, y por los datos aportados, quedaba en claro que se refería a la víctima” de los hechos por los cuales fue condenado. 

En ese momento, gracias a la posibilidad que le daba la televisión abierta, Grassi habló en forma despectiva de la víctima, aunque nunca la mencionó con su nombre de ficción, “Gabriel”, o por el verdadero. De todos modos lo citó de manera explícita: “Este joven”, “el denunciante”, “quien me acusó”, “el relato está inducido”, “mintió al Tribunal”, “el denunciante el día anterior (a la acusación inicial) me vino a extorsionar”. Con esa soberbia, y esa impunidad, Grassi se manejó durante largos años. 

Desde que está en prisión, se ha denunciado que Grassi recibe beneficios que ningún preso común tiene y hasta se hizo lugar a un pedido de la defensa para que se le aplique el controvertido dos por uno, que reduce en más de un año la pena que se le aplicó. De todos modos, en el mismo tiempo, el sacerdote recibió una nueva condena, esta vez por haber pagado con dinero de la Fundación Felices los Niños el alquiler de una casaquinta a la que se mudó cuando la Justicia le prohibió seguir viviendo en la sede de esa entidad. La casaquinta La Blanquita está ubicada en Hurlingham, frente al edificio de la fundación que dirigía el sacerdote y a la que tenía prohibido ingresar. Además, tiene otra causa por desviar bienes y alimentos de la Fundación hacia la Unidad 41 de Campana en donde permanece detenido.