Las autoridades del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de la localidad de Melchor Romero, respondieron a una intimación judicial y en un plazo perentorio deben procurar una solución al “cuadro de extrema gravedad y vulneración a los derechos humanos de usuarios y usuarias” de ese establecimiento. La denuncia había sido formulada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), luego de una recorrida por el lugar realizada el 3 de mayo pasado, junto con el Movimiento por la Desmanicomialización del Romero. Durante la inspección, se comprobaron “condiciones edilicias deplorables, falta de higiene y, en particular, elementos de sujeción en las camas”, en los servicios de Agudos hombres y Agudos Mujeres y en el Servicio de Atención en Crisis (SAC). Al día siguiente de la visita, el CELS hizo una presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo 3, a cargo de Francisco Terrier, a quien le solicitaron “medidas urgentes” del Ministerio de Salud bonaerense para garantizar “los derechos de las personas alojadas en esos servicios y que no se permitan nuevas admisiones al hospital hasta que se terminen las obras edilicias pendientes”.

Las “deplorables condiciones” se habían comprobado en una visita anterior, a principios de abril de este año, dado que los edificios donde funcionan el SAC y los servicios de Agudos “tienen que entrar en obras de reformas porque no tienen condiciones de habitabilidad”. En algunos casos, se advirtió que había “partes del cielorraso caídas, roturas en las ventanas, filtraciones con riesgo eléctrico”. Mientras tanto, en ese momento, la licitación estaba prevista recién para el segundo semestre de este año. Luego de la denuncia pública, el Ministerio de Salud provincial hizo saber que la convocatoria para la realización de las obras se había adelantado “para este mes”. 

La denuncia sobre la situación en la que se encuentra el neuropsiquiátrico había sido formulada también por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, quien había recorrido los servicios en el mes de abril. El integrante de la ONU sostuvo que “las secciones de Agudos, tanto para mujeres como para hombres, no pueden ser reparadas, son totalmente inadecuados para albergar a seres humanos y deben cerrarse y reemplazarse de inmediato por instituciones adecuadamente equipadas”. Agregó que debía incorporarse “el personal que corresponde”, mientras que los edificios debían acondicionarse para que “los pacientes con discapacidades psicosociales puedan vivir y ser tratados con dignidad y de conformidad con sus necesidades específicas”.

El CELS recalcó que el cuadro señalado “se agravó con el temporal” registrado en las últimas semanas de abril, situación que obligó a las autoridades del hospital a “trasladar a las personas que estaban en esos servicios a otros sectores del hospital, porque se habían inundado”. El ingreso de pacientes a Melchor Romero se hace “a través de la Guardia y si es necesario recurrir a una internación, se deriva a los servicios de Agudos”, de manera que estos son “servicios que deberían tener una alta rotación de usuarios, aunque hay sobrepobación y personas con internaciones prolongadas”. Ante la “situación desastrosa” de esas salas, las autoridades del hospital tuvieron que planificar “de urgencia y de forma provisoria”      como dar respuesta a una situación de extrema urgencia. 

“Como primera medida se trasladó a las 49 usuarias de Agudos Mujeres (donde funcionan otros dos servicios más, Sub Agudos Mujeres y SAC Mujeres) a la Sala Carrillo, pero no había un lugar alternativo donde alojar a los 24 varones, que estaban en condiciones humillantes e indignas, con riesgo para su vida, su integridad física y la atención en salud”. Esas personas no recibían tratamiento alguno, debido al problema planteado, “aunque sí exceso de medicación”. Uno de los pacientes declaró que había recibido “tantas inyecciones que no sentía las piernas”. Para colmo, tampoco tenían agua caliente en las duchas y era notoria la falta de limpieza general.

Las personas internadas en esos lugares son, por lo general, jóvenes y a fines de abril, uno de ellos se escapó. “Atravesó parte del servicio por el cielorraso y bajó a una sala por uno de los agujeros del techo, saltó fuera del edificio a través de una ventana rota y salió corriendo fuera del hospital”. Una cuadra después “se electrocutó con un cable de alta tensión suelto y murió”. Ante este panorama, la Mesa de Trabajo, el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y la Secretaría de Derechos Humanos, requirieron como “medida inmediata el cierre de las admisiones, por razones humanitarias”. El CELS recordó que desde 2014 iniciaron acciones judiciales por “la situación de abandono estructural en la que se encontraba toda la población del hospital psiquiátrico”. 

Junto con la Comisión Provincial por la Memoria, vienen denunciando desde ese momento “el altísimo número de muertes, las prácticas manicomiales vejatorias que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas internadas”, situación que dio lugar, en 2016, a la conformación de la Mesa Permanente de Trabajo de la que participan todas las instituciones mencionadas. En este tiempo se “constataron más de 133 muertes dudosas en dos años, sobre una población de 600 personas internadas”, mientras que se comprobó que “los pacientes estaban hacinados, sobremedicados y recibían mala alimentación”. La situación sigue sin resolverse y el director del Hospital, Egidio Melia, fue procesado el 14 de mayo de 2015 bajo la carátula “abandono de persona seguida de muerte con omisión de los deberes del oficio” tras el fallecimiento de Juan Facundo Quiroga, quien despareció del pabellón y tres días después fue encontrado sin vida en el Río de la Plata.