Según el dicho, la mejor defensa es un buen ataque, y a esa estrategia parece apostar Jorge “Corcho” Rodríguez, en una de las causas en las que está imputado, citado a indagatoria y con prohibición de salir del país, como presunto intermediario de las coimas de Odebrecht destinadas a lograr contratos de obra pública en Argentina. Rodríguez recusó y denunció al fiscal Federico Delgado, quien investiga sobornos de la empresa brasileña en la construcción de dos plantas potabilizadoras. Sostuvo que el fiscal tiene “un interés personal” de “encaminar la pesquisa” en su contra, que le endilga delitos que a su entender cometieron otros, que a quienes debería imputar los cita como testigos y que en esa “manifiesta cruzada personal, no duda en violar las leyes de fondo y de forma”. Lo acusa de emprender “una excursión de pesca detrás de clientes y proveedores” de las sociedades que integra. La recusación deberá ser resuelta por el juez de la causa, Sebastián Casanello, y la denuncia por “abuso de autoridad y violación de deberes” el tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Un aspecto que debilita la ofensiva de Rodríguez es que ya está citado a indagatoria como sospechoso en la causa que investiga la adjudicación de obras para las plantas potabilizadoras de Aysa en Berazategui y Tigre. A inicios de mayo Casanello procesó a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, así como al ex titular de Aysa Carlos Ben, entre otros, y en la misma resolución detalló las razones por las que citaría a indagatoria a ex funcionarios, como el ex ministro Julio de Vido, e incluyó en la lista de imputados a “Corcho” Rodríguez. En este último caso explicó que había recibido informes que daban cuenta de que Rodríguez habría utilizado la empresa Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, para canalizar dinero de las coimas de Odebrecht, y que a la vez se habría utilizado una cuenta del banco Itaú, aunque habrían manejado también dinero en efectivo. Aclaraba que Rodríguez estaba oculto, pero que las personas a cargo “ejecutaban” sus “directivas”, a través de su contador Roberto Gandini. Con la sociedad uruguaya aparecían vinculados, según la resolución, Carlos Dentone, Martín Molinolo Menafra, Pablo Correa Calcagno y Marcos Samuel Senkowickz. “El juzgado pudo comprobar que Sabrimol recibió dinero de cinco sociedades offshore, que utilizaba Odebrecht a través de su doleiro, Olivio Rodrígues”.
Las indagatorias fueron impulsadas por la Oficina Anticorrupción, además de Delgado. Rodríguez también está citado a indagatoria por Marcelo Martínez de Giorgi en la causa sobre sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento.
En las presentaciones que hizo ayer a través de sus abogados, Rodríguez afirma que “las conductas delictivas que me atribuye (el fiscal) con tono de certeza apodíctica resultan absolutamente falsas, circunstancia que no escapa a su conocimiento”. Lo acusa de tener una actitud “reñida con la ley” para “condicionar a la opinión pública en relación a mi persona y de ese modo a la administración de justicia”. Le cuestiona haber invocado en dictámenes información sobre delatores premiados de Brasil que fueron citados como testigos y no como imputados (hasta ahora la realidad es que Brasil se niega a dar información para que no queden imputados porque ambos países tienen regímenes distintos), así como declaraciones de Dentone donde habría dicho que Sabrimol vehiculizaba sobornos. Rodríguez se queja de que Delgado le quiso tomar una especie de declaración a Dentone por correo electrónico, dice que es el verdadero presidente y beneficiario y que él no tenía relación alguna con la firma.