El Tribunal Supremo español rechazó ayer la libertad provisional indefinida de los líderes independentistas catalanes Jordi Turull y Josep Rull. Con este fallo, los referentes del secesionismo que se encuentran en prisión preventiva no podrán ser consejeros del nuevo gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña. 

En la resolución, el juez del Supremo, Pablo Llarena, encargado del caso, asegura que existe peligro de fuga y un incremento del riesgo de reiteración delictiva por parte de Turull y Rull, procesados por el proceso independentista catalán de 2017, cuando formaban parte del gabinete del ex presidente Carles Puigdemont.

El nuevo presidente de Cataluña, el separatista Quim Torra de Junts per Cataluña (JuntsxCat), designó el sábado pasado a los consejeros de su gobierno, entre ellos los citados Turull y Rull y los huidos en Bélgica Antoni Comín y Lluís Puig, también procesados, aunque su nombramiento aún no se publicó. 

Ese riesgo de reiteración delictiva se incrementa, argumentó el juez Llarena, por la voluntad de Torra –expresada públicamente por éste– de impulsar la república independiente catalana, declarada unilateralmente en 2017. De este modo, estos consejeros no podrán tomar posesión del cargo hoy, como había previsto Torra, ni ejercer como consejeros del nuevo gobierno regional catalán.

Por otro lado, el magistrado rechazó los argumentos de los políticos catalanes procesados, quienes sugirieron que su puesta en libertad podría ser subsanada en caso de que aprovecharan para perseverar en su delito, precisamente advirtiendo que la excarcelación también conlleva a la posibilidad de un riesgo de fuga. “No puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, elementos que han permitido a quienes ya se han fugado mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual”, explicó el juez ante esta posibilidad. 

El Ejecutivo español consideró a la designación de esos cuatro consejeros como una provocación y advirtió que bloqueará la formación de gobierno en Cataluña en esas condiciones, a la vez que amenazó con no publicar su nombramiento en el Diario Oficial de Cataluña, requisito indispensable para que sea válido. 

Torra urgió ayer al gobierno de Rajoy a desencallar la publicación de los nombramientos de los miembros de su gabinete y a aclarar qué problemas jurídicos hay en ello. En caso contrario, emprenderá medidas legales, había advertido antes de conocerse la decisión del juez Llarena. 

Mientras tanto, el gobierno central, dirigido por el conservador Mariano Rajoy, sigue gestionando las competencias de la administración regional de Cataluña, que asumió el 27 de octubre de 2017, tras destituir a todo el anterior gobierno independentista catalán de Puigdemont.

Precisamente, el final de ese control de las competencias autonómicas catalanas por parte del Ejecutivo español es la condición que manifestó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que se debate en el Congreso de los Diputados. Rajoy, que gobierna en minoría, necesita que los cinco diputados del PNV voten hoy en el Congreso a favor de las cuentas públicas estatales para que puedan continuar su tramitación parlamentaria. 

En declaraciones a una radio local catalana, Torra reiteró ayer su disposición a abrir una fase de diálogo con la oposición en Cataluña y con Rajoy, que puede representar, a su juicio, el inicio de lo que llamó la desescalada en el conflicto catalán. El presidente autonómico catalán precisó, no obstante, que por ahora no tuvo con Rajoy ningún tipo de contacto. 

Torra anunció también la intención de enviar una carta a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para explicarles la situación en Cataluña en este momento, que para él es de regresión democrática, para que se den cuenta de que la crisis catalana es también una crisis europea. La Comisión Europea indicó ayer, sin embargo, que el nombramiento de los consejeros catalanes, bloqueado por la falta de publicación en el Diario Oficial de Cataluña, es un asunto de orden interno de España y que no hay competencia europea en ese ámbito. 

Torra fue elegido presidente por el Parlamento catalán el 14 de mayo pasado con el voto favorable de las fuerzas independentistas JuntsxCat (centroderecha) y Esquerra Republicana de Cataluña (republicanos de izquierda), la abstención de los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular y la oposición de los partidos contrarios a la independencia. 

La investidura del flamante jefe del gobierno catalán llegó tras las candidaturas frustradas de Puigdemont, pendiente en Alemania de una petición judicial española de extradición, y de Jordi Sánchez y Jordi Turull, ambos en prisión preventiva. Todos ellos pertenecen a la coalición JuntsxCat y resultaron elegidos diputados en las elecciones regionales catalanas de diciembre de 2017.