Trabajada silenciosamente durante más de un año, finalmente vio la luz una iniciativa de Cambiemos tejida entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la CABA: inyectar fondos a los centros de salud barriales que dependen de los municipios, para de ese modo evitar el colapso de los hospitales públicos, habitualmente desbordados en sus guardias por patologías que en su gran mayoría podrían resolverse en el primer nivel de atención.
El anuncio reunió en el conurbano a espadas como la gobernadora María Eugenia Vidal, al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. Tres “billeteras cargadas” para hacer frente a una iniciativa que, de concretarse, rompería con una parte de la histórica dispersión de los dispositivos con que cuenta el sector público para la atención sanitaria.
En concreto, Vidal anticipó que la provincia destinará 830 millones de pesos para concretar “mejoras edilicias en 363 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de 24 distritos”, y apuntar a extender la iniciativa a un total de 40. Se trata de la Red de Salud AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires), en la que la Ciudad aportará el know-how acumulado en sus Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac). El funcionamiento de las salitas barriales depende de las por lo general alicaídas arcas de cada municipio, por lo que la jugada de Vidal apunta a capitalizar los hipotéticos resultados.
Según las autoridades sanitarias bonaerense, el plan “mejorará el primer nivel de atención y ordenará la demanda para descomprimir los hospitales”. “Cuando alguien tiene un problema de salud y va a un CAPS o a la guardia de un hospital, no le importa a quien le corresponde, si es del municipio, de la provincia, si es de la Ciudad o nacional, lo que le importa es que haya alguien que le dé una respuesta adecuada a su problema, que le dé la medicación que necesita, que lo atienda en el tiempo que necesita, y sabemos que eso es algo que durante muchos años en la provincia no pasó”, acusó Vidal desde el Centro de Salud “Arturo Illia”, de Tres de Febrero.
La decisión puso en un brete a los jefes comunales peronistas. Desde el punto de vista conceptual, la medida es irreprochable. Ninguno puede poner en tela de juicio lo que sostuvieron pensadores del espacio, desde Ramón Carrillo hasta Ginés González García, respecto a que no existe mejor política sanitaria pública que estimular la atención primaria de la salud para prevenir enfermedades.
“Pero una cosa es la expresión pública de un anuncio y otra muy distinta es cómo se va a materializar la idea”, razonaron desde la secretaria de Salud de un populoso municipio del oeste del conurbano.
“A los municipios que firmaron el pacto fiscal se les impone como productos enlatados el SAME Provincia y la Red AMBA, en los que prácticamente no podemos opinar y nos obligan a entrar en gastos recurrentes”, explicó la fuente para graficar que la provincia se hace cargo de financiar el comienzo de los programas para retirarse progresivamente. Además, existe una contradicción “en el discurso neoliberal de achicar las plantas municipales y por otro lado anunciar la incorporación de recursos humanos”, dijo.
Las críticas a la movida no tardaron en llegar. “El gobierno habla de fortalecer el primer nivel de atención y son los mismos que redujeron la cantidad de medicamentos del programa Remediar”, dijo el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollan. “También ajustaron la distribución de leche, vacunas y preservativos, insumos básicos que hacían que la gente se acercara a los CAPS”, diagnosticó el ex funcionario y sugirió que lo que deberían hacer es “empezar a pagarle a los médicos comunitarios, a los promotores sanitarios y a mejorar los ingresos de los trabajadores porque los CAPS están cada vez más desarticulados”.
A la Red de Salud AMBA ya se sumaron Tres de Febrero, Lanús, Morón, San Miguel, Quilmes, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Pilar, Marcos Paz, Brandsen y San Martín, y se estima que en breve se sumarán otros 12 distritos. Es de destacar que los CAPS en los que la provincia realizará la millonaria inversión dependen de las administraciones municipales.
Desde la Cicop, el gremio que nuclea a los profesionales del sector de la salud, apelaron a la cautela. Les preocupa cómo se armonizarán las decisiones que les competen a los municipios con los aportes provinciales. “No estamos consiguiendo personal para nuestros hospitales y esto mismo les sucede a los municipios para sus centros de salud. Habría que ver si el programa contempla estabilidad e ingreso a la carrera profesional como para que las condiciones sean las adecuadas”, reflexionó Fernando Corsiglia, titular de la gremial médica. Y acotó que pese a ser mayoritarios del sector, “no tuvimos comunicación ni consulta alguna por parte del gobierno”.
Cicop compartió el diagnostico oficial acerca de la necesidad de contar con CAPS adecuados, en condiciones edilicias óptimas, con suministro aceitado de insumos, con el personal suficiente y con la capacidad para brindar respuestas. “Pero hoy esto no sucede y no tenemos claro cómo sería la posibilidad de modificación a partir de este programa. La primera cuestión que queremos discutir con el gobierno provincial, y que transcurridos cinco meses del año todavía no pudimos hacer, son los salarios y las condiciones laborales. Así va a seguir siendo muy dificultoso conseguir el personal para los programas que se lleven a delante”, cerró Corsiglia.
“La idea está bien y es racional, pero se choca con la destrucción de las políticas del Estado nacional que vienen desplegando”, dijo Nicolás Kreplak, el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Destacó que programas exitosos como el Remediar o el de Médicos Comunitarios inyectaban recursos en el primer nivel atención a través de insumos y formación de recursos humanos. “Si este proyecto se lleva adelante van a tener que revertir todo lo que vienen haciendo en las políticas desde los Estados nacional y provincial en estos dos años y medio”, denunció.
