Iniciar causas penales. Aplicar sanciones, comenzar sumarios y descontar días de paro. E incluso recurrir a los despidos. Llamar a ex empleados del subte para que actúen como rompehuelgas. Estas son las acciones que decidió emprender el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para quebrar la huelga de los metrodelegados. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, fue el encargado de comunicar que no habrá ningún tipo de negociación con los sindicalistas, que reclaman discutir el aumento del 15 por ciento que Larreta firmó con la UTA. “Cuando la policía advierte que están tomando medidas para impedir que el servicio funcione, interviene y produce las detenciones”, justificó la represión el funcionario larretista. 

Desde el gobierno porteño dejaron en claro que el objetivo no será retroceder ante el conflicto gremial, que ayer paralizó todas las líneas de subte, sino profundizarlo. No hay ninguna intención de rediscutir la paritaria. “Se la vamos a sostener. Tenemos espalda para bancar los paros. Y la gente está a favor de que la policía baje al andén a sacarlos”, comentaba uno de los habitantes de la sede de Parque Patricios, donde suelen consumir tantas encuestas como en Casa Rosada. 

La decisión del equipo de comunicación fue preservar a Larreta. Por eso salió a responder preguntas su jefe de Gabinete (quien sueña con ser su sucesor algún día). “Hace varios días que vienen haciendo cortes ilegales y afectando el transporte con normalidad de los vecinos”, sostuvo sobre las protestas que iniciaron los metrodelegados luego de que no aceptaran discutir paritarias y comenzaran a sancionarlos por levantar molinetes.

“Reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer. Hay un gremio con el que corresponde negociar paritarias: es la UTA. Y se ha llegado a un acuerdo en abril. Fue la Corte Suprema quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar paritarias. Y nos dijo también a nosotros que no podemos negociar paritarias con ellos”, aseguró Miguel. En rigor, la Corte no le prohibió al Gobierno porteño reunirse con los metrodelegados ni buscar soluciones políticas a los conflictos.

El fallo de la Corte de marzo de este año confirmó una sentencia de segunda instancia que le devolvió la personería gremial a la UTA luego de que, tras una compulsa para ver quién tenía más afiliados, los metrodelegados quedaran como el gremio con legitimidad para negociar paritarias. La sentencia no dijo lo contrario, sino que sostuvo que no se cumplieron los tiempos legales de la compulsa. Desde el gremio que conduce Beto Pianelli recordaron que la UTA estuvo tres años sin presentarse y haciendo planteos legales dilatorios hasta que perdió la personería gremial. Con el fallo de la Corte, los metrodelegados presentaron una denuncia ante la OIT.

“No se trata de cuántos afiliados pueda tener cada gremio sino de cumplir la ley”, sostuvo Miguel, quien justificó la decisión de enviar a la Policía de la Ciudad a romper una huelga. “La Policía de la Ciudad se hizo presente en la H para garantizar que funcione. La respuesta de los metrodelegados fue cortar las vías e impedir que los empleados del subte que querían trabajar pudieran hacerlo y agredir a los policías, incluso a piedrazos”, aseguró el funcionario porteño. “No es una discusión salarial. Se está discutiendo la afectación a un servicio público”, argumentó.

Miguel sostuvo que las 16 detenciones fueron “por resistencia y por detención del servicio”. También anunció una “convocatoria a empleados del subte con experiencia, en caso de que las personas que corresponden no quieran cumplir con su obligación”. Se trata de una iniciativa para romper huelgas similar a la que lanzó la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando llamó a que vecinos fueran a dar clase por los docentes que hacían paro (nunca la llegó a aplicar). En el caso de los viejos empleados del subte, no está claro si están capacitados para manejar los nuevos sistemas. 

“Esperamos que los metrodelegados reflexionen. No vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes”, remarcó Miguel, quien anunció que, además de las causas penales, se avanzará con una serie de medidas sancionatorias, que van de la apertura de sumarios, el descuento de salarios por los días de paro y las suspensiones. “En el caso que corresponda se puede llegar a los despidos”, amenazó el funcionario.

El línea con el gobierno porteño, la empresa Metrovías anunció ayer que ascienden ya a 150 los trabajadores a los que le enviaron telegramas para suspenderlos por protestar. De los sancionados, 114 son delegados gremiales con fueros, por lo que Metrovías hizo presentaciones judiciales para desaforarlos. La empresa del Grupo Roggio los acusó de “medidas ilegales” como “impedir la normal prestación del servicio”, “la liberación de molinetes” o “la apertura de puertas de emergencia”. 

En el Gobierno no avizoran un final del conflicto si no es con una capitulación de los metrodelegados y la aceptación del techo del 15 por ciento. No tienen previsto iniciar ninguna etapa de diálogo. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, les recomendó también que vuelvan a afiliarse a la UTA y “ganen las elecciones de ese gremio”. “No veo con preocupación la suba de la inflación respecto al poder adquisitivo de los trabajadores”, sostuvo el vicejefe.