Desde Barcelona
Hace poco más de una semana la investidura de un nuevo presidente catalán, después de tres intentos fallidos, traía supuestamente consigo el fin de la “anormalidad” de una comunidad autónoma intervenida por el gobierno central español. Supuestamente. Este domingo el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que no se levantaría todavía el polémico artículo 155 de la Constitución- que mantiene suspendidas las competencias locales tras la frustrada declaración unilateral de la independencia de Carles Puigdemont- ni siquiera con la efectiva formación de un nuevo Govern.
La norma, aprobada gracias al consenso del Partido Popular (PP), socialistas (PSOE) y Ciudadanos- el llamado bloque constitucionalista- estipulaba como requisito básico para la restitución del autogobierno catalán la aprobación parlamentaria de un presidente, y eso fue lo que sucedió el pasado lunes, cuando en segunda vuelta el candidato de Junts per Catalunya (JuntsxCat), Quim Torra, obtuvo la mayoría simple de votos en la Cámara. Sin embargo, el primer mandatario español ve “problemas de viabilidad” al decreto firmado por el flamante president en donde se incluye el nombre de los miembros de su gabinete y, por tanto, este lunes no lo publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, como el protocolo mandaba, y ayer la toma de posesión no pudo llevarse a cabo.
Lo que no convence a Mariano Rajoy ni a sus aliados del PSOE y Ciudadanos es que entre la nómina de consejeros de Gobierno figuren dos políticos encarcelados, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos huidos en Bélgica, Toni Comín y Lluís Puig. Como “una grave provocación” consideran la elección de Torra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, apoyando la tesis del Ejecutivo central de que los candidatos propuestos no podrán ejercer sus funciones de consellers desde la prisión o el extranjero. La Moncloa había avisado por activa y por pasiva que no permitiría la participación en el Gobierno catalán de personas con causas judiciales y, por su parte, Torra había hecho lo mismo con su promesa de restituir a los políticos presos y fugados. Así es que la investidura llegó, el presidente finalmente elegido juró su cargo, pero el bloqueo no se aflojó ni un centímetro en Cataluña. Sin la asunción de los trece consejeros prevista para ayer, el Ejecutivo catalán no se hace efectivo y, como consecuencia, el artículo 155 continúa vigente.
Ahora la adinerada región norteña cuenta con un nuevo presidente que, sin embargo, deberá gobernar con los ministros de Rajoy. ¿Hasta cuándo puede extenderse esta inverosímil combinación? Desde Madrid aseguran que tienen que estudiar los próximos movimientos, a la espera también de las reacciones del lado independentista que, según afirman fuentes gubernamentales, facilitarían la constitución del Govern al acceder a un cambio de nombres. “Si el president de la Generalitat quiere volver a la normalidad de las instituciones sabe lo que tiene que hacer, que es cumplir el acuerdo del Senado y sobre todo respetar los intereses de los catalanes, que necesitan un gobierno efectivo”, dijo ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la salida del Congreso. La número dos del PP escudó la decisión de su Ejecutivo en el auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que el martes denegó la libertad de Rull y Turull para poder ser consejeros.”El Tribunal Supremo dejó bien claro algo que todos podíamos entender, que no podían ser consellers porque no podían ejercer su cargo ni tomar posesión”, sentenció Santamaría.
En la inagotable partida entre el Gobierno español y el catalán, la pelota vuelve al campo independentista que tendrá ahora que resolver si cede ante la presión del bloque constitucionalista y elije finalmente nuevos nombres para su equipo, libres de causas pendientes. El flamante president no parece dispuesto a dar el brazo a torcer y ayer anunció –después de ver frustrada la toma de posesión de los suyos– que emprendería acciones legales contra el Gobierno central. Torra solicitó un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora del Govern con el objeto de encontrar una vía de publicación del decreto de nombramientos, al mismo tiempo que pidió estudiar las medidas legales que se pueden tomar contra el Gobierno español por no haber hecho lo que considera “un acto debido que no debería sufrir ninguna interferencia”. Este anuncio se hizo público ayer en un comunicado que la Generalitat lanzó al verificar que desde el despacho de Rajoy no les llegaba ninguna respuesta a la carta enviada el martes por el secretario del Govern para aclarar los motivos del bloqueo.
Quim Torra mantuvo convocada hasta último minuto la toma de posesión pero, finalmente, el acto se suspendió y el president asistió a una reunión del grupo parlamentario de su partido, JxCat, en el Parlamento catalán, con la presencia también del ex president Puigdemont, a través de videoconferencia. “Los derechos políticos de todas las personas designadas para formar parte del Govern están intactos y, por tanto, no hay ningún motivo que justifique que no puedan tomar posesión de su responsabilidad”, se afirma en el documento de la Generalitat. “El pueblo de Cataluña, en su totalidad, tiene derecho a tener un Govern”, reivindican desde el nuevo Ejecutivo, a la vez que sostienen que “sólo la acción del Estado impide la formación del mismo, prolongando la vigencia de la aplicación del artículo 155 y la consiguiente suspensión del autogobierno del país”.
La apuesta de Torra de continuar el camino hacia la independencia y de restituir a los políticos encarcelados se mantiene intacta, tal como lo manifestaron los portavoces de JuntsxCat tras su reunión de ayer. Josep Rull y Jordi Turull –presos en Estremera por su implicación en la declaración de independencia de octubre– siguen esperando recuperar sus puestos en las consejerías de Territorio y Presidencia, así como Lluís Puig y Toni Comín –desplazados a Bélgica para huir de la justicia española– están llamados a volver a ocupar las carteras de Cultura y Salud.
De momento, el desbloqueo que soñó Cataluña con la investidura de Quim Torra el pasado 14 de mayo sigue flotando en ese terreno onírico, al igual que el Govern de 14 miembros –entre ellos solo tres mujeres– que propuso el nuevo president. La realidad es que la Generalitat sigue intervenida y su capacidad de acción es mínima, debido a las limitaciones del artículo 155, vigente hasta nuevo aviso. Además el PP contó ayer con el respaldo imprescindible del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado –pese a que la formación condicionaba su apoyo al levantamiento del 155– por lo que ahora puede gobernar más cómodo, tanto España como Cataluña.
