Durante la mañana de este jueves, el fiscal electoral Jorge Di Lello le entregará a la Cámara Nacional Electoral (CNE) su dictamen sobre la intervención al Partido Justicialista. Todo hace presumir que Di Lello, de larga tradición en el cargo, le dirá a la CNE que revoque la intervención, que ordene la destitución del interventor Luis Barrionuevo y que restituya en el cargo a las anteriores autoridades. Es probable que también proponga que se otorgue un plazo para realizar elecciones internas o que se cumpla con otros requisitos del estatuto. El fiscal ha sido históricamente poco proclive a intervenciones y siempre ha sostenido que la Justicia no debe meterse en las controversias de los partidos si no existen hechos judicialmente relevantes, del estilo de ocupación de sedes, proscripción de opositores o similares. La intervención, sorpresivamente dictada por la jueza electoral María Servini de Cubría, se fundó en que el peronismo fue derrotado en las elecciones, que eso produjo crisis y posturas muy distintas dentro del partido. Se trata de razones políticas. Para colmo, la magistrada designó a Luis Barrionuevo como interventor, un dirigente alineado con un sector del justicialismo, es decir que no reúne ninguna característica unificadora.

El dictamen de Di Lello debe ser tratado por la CNE, que no suele tardar mucho en dictar sus fallos. La cuestión es que en esa Cámara hay ahora sólo dos miembros, Alberto Dalla Via (afín al radicalismo) y Santiago Corcuera, de manera que si discrepan deberá convocarse a un integrante de la Cámara Federal. Hoy este último cuerpo bate récords de crisis –sólo quedan dos de los seis miembros– y Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia mantienen un alineamiento total con la Casa Rosada. Es decir que el gobierno de Cambiemos juega fuertemente en lo que se decida sobre el principal partido opositor: el PJ. Para colmo, hay un intenso lobby radical para que la vacante en la Cámara Electoral sea cubierta por la secretaria de ese cuerpo, Alejandra Lázzaro, casada con un dirigente de la UCR (Alejandro Gómez), quien hasta marzo fue secretario de su correligionario Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa. La designación de Lázzaro fue expresamente pedida por el titular de la UCR, Alfredo Cornejo. O sea que el oficialismo establecería una mayoría en el principal tribunal electoral. Debería llamar la atención que la Justicia, de la mano de Cambiemos, tenga intervenido y haya designado autoridades en la mayor fuerza política opositora. 

El fallo de Servini de Cubría, del 9 de abril, causó estupor en toda la Justicia electoral y la lógica es que Di Lello se oponga tanto a la intervención como a los argumentos de la magistrada.

  • En general, el fiscal nunca avaló intervenciones por debates políticos dentro de las fuerzas políticas. El mayor ejemplo es que en 2003 el peronismo fue con tres candidatos –Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá– y ninguno usó el nombre del Partido Justicialista. Para Di Lello suele ser judiciable cuando los hechos son del estilo de ocupación de una sede, impedir que se presente alguna lista, violencia en un congreso partidario, maniobras con fondos. Pero, además, esos hechos tienen que ser gravísimos para justificar una intervención.
  • Uno de los argumentos de Servini fue que el PJ estaba afectado por las derrotas electorales. Como han sugerido desde casi todo el arco político, con ese criterio debería ordenarse la intervención de la mayoría de los partidos. 
  • Servini convalidó la presentación de Carlos Acuña, hombre de Barrionuevo, con argumentos del estilo de que el partido está acéfalo porque “participan hermanos de frustrados candidatos; dirigentes sin mandato que perdieron por paliza en las elecciones nacionales, ex funcionarios que sólo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex presidente y que hoy nadie reconoce”.
  • Es seguro que Di Lello va a sostener que no se puede justificar una intervención señalando que algunos exhibían más los símbolos partidarios y otros menos o porque alguno grite Viva Perón y otro no; o que no se puede basar una medida tan drástica en los perfiles de unos u otros dirigentes. 
  • Finalmente, la designación de Barrionuevo significó poner a una corriente peronista al mando del partido, sin englobar a todas las tendencias de la fuerza. La presentación pidiendo la intervención fue hecha por Acuña, hombre de Barrionuevo, y la jueza puso como interventor a Barrionuevo.

En general, en la Justicia electoral hay preocupación por el debilitamiento de los partidos. En ese marco, parece muy difícil que se convalide la intervención ordenada por Servini. Habrá que ver hoy los términos del dictamen de Di Lello y luego lo que decida la Cámara Nacional Electoral. Es posible que incluso en la Casa Rosada –de influencia decisiva en la Justicia– se considere que han ido demasiado lejos metiéndose en el PJ. 

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