El gobierno nacional puso en marcha su maquinaria para tratar de evitar el veto presidencial al proyecto opositor que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017. Después de negarse durante la semana pasada, el martes presentó a último momento en el Senado una iniciativa que rebaja el IVA en las facturas de luz, gas y agua, en busca de dividir al peronismo y lograr así el apoyo de los gobernadores del PJ más cercanos a la Casa Rosada. El tema genera grietas no sólo en el Bloque Justicialista que conduce Miguel Pichetto, sino también al interior del propio oficialismo: el radicalismo quedó muy enojado con la exposición del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien durante una reunión sobre las tarifas les adelantó que se deberá corregir un “atraso” en el precio de las naftas de alrededor del 40 por ciento. “Costó bastante reunir el número para juntar las firmas. Sabemos que el Gobierno Nacional está presionando fuertemente a los gobernadores para que no se apruebe, algo que ya se ha vuelto habitual en el Senado”, advirtió ayer la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. 

Tal como publicó ayer PáginaI12, los números no están asegurados para nadie. El nivel de consenso alcanzado en la Cámara de Diputados (133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones) indicaba que la oposición no tendría problemas para sancionar la norma. Con sumar los 24 votos del interbloque Argentina Federal, los 9 del Frente para la Victoria, dos del peronismo puntano y los de Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda ya se garantizaban la mayoría de 37 tanto para el quórum como para su sanción. Sin embargo, el gobierno metió la cola. Mauricio Macri se reunió en los días previos con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien le acercó la propuesta para rebajar el impuesto al valor agregado. Su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, después de demorar el martes hasta último momento para bajar a firmar el dictamen opositor, lo hizo en disidencia y ayer explicó que propondrá modificaciones. “Creemos que hay que trabajar sobre la reducción del IVA porque es un impuesto universal que abarca a los usuarios de todo el país y no se mete en los contratos con las empresas, ni en la política regulatoria que es patrimonio de todas las provincias”, precisó el legislador en declaraciones radiales. A través de éste cambio, según Urtubey pretende que las tarifas “bajen un 10 por ciento en todo el país”. Además, remarcó otro punto: que “los contratos de concesión pasen al ámbito de la AMBA como lo hace cada provincia y si quieren subsidiarlos lo hagan con recursos propios y no de la Nación como actualmente”. Precisamente, el interbloque Argentina Federal en Diputados presentó un proyecto en esa línea. Se denomina “ley de Equidad Federal de Servicios Públicos para la transferencia del control de las distribuidoras Edenor, Edesur y AySA, a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires”. Como su nombre lo indicia, apunta a que tanto en la Ciudad como la provincia de Buenos Aires tengan la jurisdicción sobre los servicios de energía eléctrica y que el Estado Nacional les transfiera el paquete accionario que tiene de la empresa AySA. “Calculamos que para fines de este año, el Gobierno Nacional, desde el inicio de su gestión, habrá transferido a AySA  más de 34.500 millones de pesos que provienen de la recaudación realizada en todo el territorio nacional a una empresa que solo presta servicios en la Ciudad Autónoma y parte de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde Argentina Federal.

Contando a Urtubey ya son cuatro los senadores que no estarían dispuestos a acompañar el proyecto opositor. Son los que firmaron el dictamen en disidencia: Guillermo Snopek de Jujuy, Carlos “Camau” Espínola de Corrientes y Dalmacio Mera, de Catamarca. Habrá que ver si la presión de la de los próximos días surte efecto sobre otros legisladores. 

En concreto, el dictamen que firmaron los integrantes de Cambiemos implica bajar durante un año el IVA del 21 al 10,5 por ciento para los hogares y del 27 al 21 por ciento para las PYMEs, prorrogable por otro año más. “El dictamen va en miras de buscar números para frenar la media sanción de Diputados. Es un terrible error por parte de los gobernadores, no soluciona el tema de fondo: las tarifas están dolarizadas. En octubre van a revisar las tarifas nuevamente y vamos a tener otro nuevo cuadro”, replicó ayer la kirchnerista Fernández Sagasti. 

En paralelo a la maniobra oficial en el Senado, Elisa Carrió presentó su propio proyecto para prohibir la inclusión de cargos extra en las facturas de servicios públicos. La líder de la Coalición Cívica propone, además, modificar el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor para evitar errores de facturación y cortes de servicio. Esta iniciativa coincide con otra presentada por el líder del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, y podría funcionar también como parte de la presión a los gobernadores.