La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios del gobierno por la firma de un Memorándum de Entendimietno entre la Argentina y Qatar que contempla la utilización de fondos de la Anses. Están acusados de posibles estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia, que también involucra al ex tenista Gastón Gaudio por la supuesta influencia que habría ejercido como intermediario para la firma del acuerdo, la presentó hace un mes Fernando Miguez (de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático). La causa se encuentra a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá expedirse sobre el requerimiento de la fiscal.

"Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma offshore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal", dictaminó Ochoa. La fiscal pidió además que de forma cautelar se impida o se interrumpa la ejecución del Memorandum de Entendimiento, firmado el 6 de noviembre.

Según la denuncia. el convenio entre el FGS y la Qatar Investment Authority (QIA) crea una estructura offshore “para la eficiencia en el pago de impuestos” y habilita la participación de “un administrador extranjero” que tendría todo el poder sobre el dinero. El pacto tendría cláusulas de confidencialidad y la estructura, con un fondo de mil millones de dólares, se discutiría entre las partes.

El denunciante Míguez señaló algunos puntos que considera sospechosos y que podrían, a su entender, configurar delitos: dice que el acuerdo secreto menciona una “doble imposición” con Qatar, que evitaría el pago de impuestos; señala que no se especifica cómo se integran los 1000 millones de dólares (qué aporta cada país); se supone que para este acuerdo se tomarán fondos del FGS “pero no devengarán interés alguno a la Nación”; no es claro qué tipo de inversión se realizará ni por qué tomar recursos del fondo argentino; pone en duda debido al “secreto que se diera a la firma” el papel de los funcionarios que intervinieron y de Gaudio, lo que implicaría la omisión de “canales ordinarios como serían el Ministerio de Economía o el Banco Central”. 

Además de Macri y Michetti fueron imputados la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Luis María Blaquier, entre otros funcionarios.