Diputadas y diputados presenciaron una audiencia repleta de datos de prácticas cotidianas: ¿qué pasa hoy con el aborto en Argentina? En un día particularmente sensible para el reclamo, desde el atril se escucharon testimonios: de cómo todos los días los centros de salud públicos maltratan a mujeres pobres sospechadas de haberse practicado un aborto; de cómo los poderes políticos obstaculizan por omisión el acceso a derechos reproductivos garantizados por ley y, aún más, permiten activamente que eso suceda. También, de cómo esas situaciones son infinitamente más complejas y violentas en las provincias (las mujeres de Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, tuvieron voceras), algo que en el corazón del Poder Legislativo resonaba fuerte justamente ayer, con los ecos de la decisión del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey (ver aparte) rebotando en redes sociales, cada vez más presentes como lobby y, en cierto modo, factor de opinión pública –por parcial que resulte–. En la sala, por donde desfilaron más de cincuenta expositores, también resonaron otra vez palabras de quienes intervienen para evitar que una mujer violada y embarazada decidida a abortar ese “embarazo inesperado” pueda hacerlo y, en cambio, continúe adelante con la gestación para finalmente entregar en adopción el niño producto de esa violación (ayer fue el turno de un voluntario de La Merced Vida, que brindó testimonio de una historia de vida iniciada así, la suya propia). En el (extenso) treceavo encuentro convocado por un tema que ocupa cada vez más espacio en la agenda política, tanto que la inminencia del dictamen se hizo sentir en algunas apuestas fuertes, como la intervención de un juez del máximo tribunal de La Pampa –opuesto al proyecto, y conocido alguna vez por avalar la absolución del juez que permitió el casamiento de Carla Figueroa con su violador, quien luego la mató–, y también en algunas ausencias, como la de Graciela Fernández Meijide, quien había sido confirmada. Entre la tarde y la noche, tanto el nombre de ella como el de algún importante funcionario nacional empezaron a sonar como posibles oradores para la última reunión de Comisiones, que tendrá lugar el próximo jueves, 31 de mayo.

“Acá se contó el caso de una chica que por ser joven, villera y estar menstruando fue maltratada en el hospital, porque dieron por hecho que estaba abortando. No recibió tratamiento para la apendicitis que tenía, y por eso derivó en peritonitis aguda. Se salvó por muy poco. Hoy esa chica tiene 23 años. Por cierto, soy yo”, dijo Yamila Pereyra, una joven del Barrio Ramón Carrillo, de Villa Soldati, que cifró su intervención en detallar experiencias de jóvenes de sectores vulnerables en relación a derechos reproductivos e interrupción del embarazo. Al comienzo de su intervención, Pereyra había advertido que “el aborto siempre está vinculado con la muerte, ya que prevalecen mitos y prejuicios por abortos clandestinos”, para luego dar cuenta de realidades cotidianas en su barrio y, de paso, retrucar una vieja exposición, realizada en las primeras audiencias, que pretendía representar la voz de “las mujeres de las villas”.

Las dificultades de acceso a la intervención aún en los casos previstos por la ley son hoy notables en el centro del país, pero todavía más a medida que la distancia de él se incrementa, advirtieron a su turno otras expositoras. “Que las decisiones que tomen los legisladores sean teniendo en cuenta las realidades de todo el territorio nacional. No es lo mismo legislar y presupuestar para la Ciudad de Buenos Aires que para las provincias”, señaló la diputada provincial catamarqueña Adriana Díaz. “Muchas mujeres del noroeste están totalmente desamparadas”, señaló antes de destacar lo que en las audiencias también queda en evidencia, con más de amenaza que de opinión amable: “No podemos dejar de marcar y de decir que la gran responsabilidad que tiene la institución de la Iglesia católica en esto es central. En los pueblos y en las provincias como la provincia de la que soy yo, la relación (de la Iglesia) con el poder es de igual a igual en términos políticos, económicos y en definitiva en términos de poder”. Sin referir el lobby político de la confesional, pero sí el peso de la sanción social en los pueblos, la docente Andrea González, que integra Socorristas en Red, de Río Negro, repasó varios casos de mujeres a quienes ayudaron a abortar. Un día, recordó, “Juana llamó a la línea telefónica de la comarca para pedir información. Juana era una mujer policía. Le informamos que tenía derecho a la interrupción legal del embarazo. Juana nos dijo ‘será para otra, no para mí. Apenas ponga un pie en el hospital, que queda al lado de la comisaría, me quedo sin trabajo’. Las mujeres policía también abortan en este país”.

Más allá, pasando la cinta que separa a diputados y expositores de prensa y algunos pocos invitados, un grupo bullicioso calló –entre el que Malena Galmarini alternaba un tejido con el teléfono, para chequear la suerte del proyecto de paridad en Santa Fe, finalmente aprobado por los diputados provinciales– cuando llegó al atril un chico de 18 años, que al comenzar se congratuló por ser “uno de los más jóvenes en hablar acá”. “Medio millón de mujeres abortan cada año y ustedes actúan como si algunas de ellas no murieran”, dijo, y añadió: los jóvenes “nos despertamos todos los días con miedo a que un preservativo se rompa o un anticonceptivo falle y tener que asumir contra nuestra voluntad la maternidad o la paternidad”