El escarnio público logró que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, resolviera derogar su propio decreto que impuso seis años atrás un límite arbitrario e ilegal de 12 semanas para acceder a un aborto en casos de violación en esa provincia. Y anunció que firmó otro decreto, por el cual  Salta adherirá al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, que fue actualizado en 2015, de acuerdo con los lineamientos de un fallo de la Corte Suprema. Un día antes, Urtubey recibió una avalancha de críticas en redes sociales, luego de que PáginaI12 diera a conocer el caso de una nena embarazada tras ser abusada sexualmente por su padrastro, y que no podía acceder a un aborto por superar la gestación el plazo que regía para interrumpirlo, dispuesto por el gobernador. Lo más trágico, a esta altura, es que la nena había ido a atenderse a un hospital en febrero, también por dolores de panza, y los médicos le dijeron que estaba constipada, sin detectarle el embarazo, según contó su mamá.

Irene Cari y Cecilia Cantoya, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, se acercaron por la tarde hasta la casa de la niña, en un barrio humilde de la capital salteña, y hablaron con ella y su madre. En febrero cumplió los 11. “Tiene la mirada triste”, contó a este diario Cantoya. “Les sembraron el miedo, les dijeron que la nena se puede morir si se hace un aborto. Ya cursa la semana 22 aproximadamente. Lo más tremendo es que la mamá contó que en febrero la llevó con dolores de panza al Hospital Papa Francisco, del barrio Solidaridad, en la afueras de la ciudad, y ahí le dijeron que estaba constipada, que tenía atascada materia fecal. Le pregunté si le habían hecho análisis de sangre y orina, y dice que sí, que los tiene que buscar. Nuestra duda es si ya desde entonces hubo médicos que sabían del embarazo y no dijeron nada. Después anduvo bien hasta el 9 de mayo, cuando volvió a tener dolores. Entonces la llevó al Hospital Materno Infantil de Salta, donde se constató la gestación, en ese momento de 19 semanas, le dijeron. La mamá nos contó que las dos lloraron. Ahora están resignadas”, relató Cantoya.

Urtubey anunció a media mañana la derogación del decreto 1170 del 22 de marzo de 2012 a través de Twitter. “En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, escribió en su cuenta de la red social.

El movimiento de mujeres celebró la noticia. Pero con cautela. “Hay una perversidad enorme. Un día antes de la derogación, la asesora de Incapaces, Patricia González, le hizo firmar a la madre un acta por la cual aceptó la continuación del embarazo de su hija, cuando en realidad no tenía otra alternativa”, cuestionó Mónica Menini, integrante de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir. Al mismo tiempo, Menini se preguntó “con qué libertad pudo esa madre, que es compañera del abusador, tomar la decisión, si la misma norma la obligaba a que el embarazo siga adelante”. “Debe primar el interés superior de la niña, aunque la madre haya firmado. Hoy la continuación de ese embarazo pone en riesgo la vida de la niña”, advirtió Menini. El problema es que a medida que avanza la gestación, también se complejiza su interrupción.

Consultada por PáginaI12, la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Rosaura Gareca, aseguró que desde la secretaría de Asistencia a Víctimas de Delitos, a cargo de Leandro Ramos, en el curso del día tomarían nuevamente contacto con la familia de la niña para explicarle que ahora podría interrumpir la gestación forzada.

El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, al que adhiere ahora Salta, dice en el capítulo sobre aborto en casos de violación, en el punto 4.1 que en “el caso de las niñas y adolescentes menores de 14 años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta”. La cuestión es si hay tiempo todavía para una aborto seguro.

En diálogo con este diario, José M. Belizán, médico obstetra e investigador superior del Conicet, precisó que al avanzar el embarazo en una niña aumentan las posibilidades de que sufra complicaciones. Además, detalló “que en un estudio que realizamos sobre 854.377 nacimientos en Latinoamérica, publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en el año 2005, se mostró que las embarazadas de edades muy precoces tenían cuatro veces más posibilidad de muerte en el embarazo comparado con el grupo de referencia (edades entre 20-24 años)”. Belizán es un experto reconocido internacionalmente y se desempeña en el Departamento de Investigación en Salud de la Madre y el Niño del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), de Rosario. También indicó que se incrementan las posibilidades de que tengan un bebé de bajo peso, de nacimiento prematuro, de mortalidad de su hijo, de tener eclampsia, anemia, hemorragia posparto o infección endometrial, indicó. Además, Belizán explicó que una reciente revisión publicada en la Biblioteca Cochrane muestra que los métodos médicos consistentes en mifepristona más misoprostol tienen más de 90 por ciento de evacuación en 24 horas para abortos en segundo trimestre. “En síntesis, la evidencia existente muestra que se le puede ofrecer el aborto inducido seguro a esta niña y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo”, destacó. La mifepristona está prohibida en el país, pero podría practicarse el aborto con otra metodología.

De hecho, a la adolescente de la localidad bonaerense de Guernica, conocida como LMR, en 2006 le practicaron un aborto cuando cursaba la semana 22. LMR tenía 19 años y un retraso mental, y también le habían negado un aborto a pesar de haber sido violada: tuvo que llegar con su reclamo hasta la Corte bonaerense. Por los obstáculos que enfrentó, Argentina fue denunciada y condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

No es la primera vez que se ponen trabas en Salta para que una niña violada pueda abortar. Juana, la niña wichi de 12 años que en 2016 quedó embarazada luego de sufrir una violación colectiva, recién al transitar el sexto mes de gestación logró una inducción al parto porque se detectó que se trataba de un feto anencefálico. De otra forma, la hubieran obligado a asumir esa maternidad no elegida. Otra nena de 10 acaba de parir en Las Lajitas, una localidad ubicada a unos 250 kilómetros de la capital provincial, según confirmó a PáginaI12 la abogada Tania Kiriaco, directora del Observatorio por parte del Poder Ejecutivo provincial. Y hay más casos. Entre 2000 y 2016, 50.248 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el país, según datos oficiales difundidos por Cladem: 3140 por año aproximadamente, casi 9 por día, y 3 por hora. En 2017 hubo solo en el Hospital Público Materno Infantil de Salta unos 1513 partos de adolescentes, sobre un total de 8300. El 40 por ciento de esos partos, es decir, unos 600, fueron de nenas de 10 a 14 años, de acuerdo con un informe que el hospital envió a la Cámara de Diputados provincial y publicaron medios salteños.

La ilegalidad del decreto 1170/12, que reguló a partir de marzo de 2012 el acceso a los abortos no punibles en Salta, luego de que la Corte Suprema exhortara a las provincias a dictar protocolos, no solo tenía que ver con el límite de 12 semanas impuesto para los casos de violación, cuando el Código Penal no fija ningún plazo. Sino además porque el gobierno de Urtubey exigía “una declaración jurada con asistencia del defensor oficial, o asesor de menores e incapaces, según corresponda, o una denuncia policial” para acceder al aborto. Justamente uno de los mensajes que dio con claridad la Corte Suprema en el fallo FAL del 12 de marzo de 2012 fue que no tenía que darse ningún tipo de intervención judicial ni exigir permiso de un tribunal, cuando una mujer requería una interrupción legal de embarazo.

Urtubey demoró seis años para borrar con el codo lo que había escrito con la mano, afectando y vulnerando durante esos años los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Además, mintió ayer en su hilo de Twitter porque dijo que no existía Protocolo del Ministerio de Salud de Nación, cuando él dictó el suyo en Salta. Es falso: el primero de Nación fue elaborado en 2007, luego actualizado en 2010 y posteriormente, a la luz del fallo FAL, en 2015. Ninguno imponía plazos para el aborto en casos de violación.