La Corte Suprema de Israel validó ayer la posición del ejército israelí y dio luz verde al uso de francotiradores y armas de fuego contra los manifestantes palestinos, al rechazar dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo que el tribunal tomaba esa decisión, el ejército israelí reprimía en Gaza las protestas del noveno viernes de la llamada Gran Marcha del Retorno, con un saldo de 25 heridos, según fuentes médicas palestinas.

Ayer también falleció un palestino de 24 años, identificado como Sami Habib, uno de los heridos de las protestas de las últimas semanas, informó el vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra. Estas noticias, sin embargo, no repercutieron en los tribunales de la Corte Suprema de Israel. 

Tres magistrados de ese tribunal rechazaron por unanimidad las dos peticiones, una presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, y otra presentada por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI).

El tribunal aceptó los argumentos de los militares al decidir que los disparos a los manifestantes se habían producido “de acuerdo a la ley” porque estos representaban “un peligro real para los soldados y ciudadanos israelíes”, según el fallo reproducido por la agencia palestina de noticias Wafa.

Para Adalah y Al Mezan, el tribunal ignoró por completo la amplia base de datos que le presentaron los peticionarios, que incluye múltiples testimonios de heridos e informes de organizaciones internacionales que participan en la documentación del asesinato y las heridas de manifestantes desarmados en Gaza. “Vale la pena señalar que el tribunal supremo israelí se negó a ver videos que documentan tiroteos israelíes de manifestantes y, en lugar de examinar realmente el caso, aceptó completamente las reclamaciones presentadas por el Estado”, aseguraron las dos organizaciones en un comunicado conjunto. 

Los organizaciones también señalaron que “esta decisión, que justifica el fusilamiento de manifestantes, contradice las conclusiones y los resultados preliminares de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos de la ONU que documentan y evalúan los acontecimientos en Gaza”.

La decisión del tribunal supremo otorga plena legitimidad a las “acciones ilegales del ejército israelí, que han provocado la muerte de más de 100 personas y heridas a miles de manifestantes, entre ellos mujeres, niños, periodistas y paramédicos”, concluyó un comunicado de las organizaciones.

De los asesinados, el 94 por ciento murió por heridas en la parte superior cuerpo.

Adalah y Al Mezan habían presentado su petición el 23 de abril exigiendo que ordene a los militares israelíes que dejen de utilizar francotiradores y balas de plomo para dispersar las protestas palestinas en la Franja de Gaza. El abogado de Adalah, Suhad Bishara, argumentó en la petición que las prácticas militares israelíes constituyen violaciones tanto del derecho internacional como de la ley israelí.

Desde el 30 de marzo, el ejército israelí ha matado a más de 120 residentes palestinos de Gaza, incluidos 15 niños, e hirió a aproximadamente 3000, cerca de la mitad con balas de plomo.

Un día antes que la Corte Suprema validara la posición del ejército israelí, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró que el gobierno aprobará la próxima semana la edificación de otras 2500 viviendas en asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. “Llevaremos 2500 nuevas unidades de vivienda al Consejo Supremo de Planificación en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania), de las cuales 1400 se construirán inmediatamente”, escribió  el ministro, que reside en una colonia en territorio ocupado, en su cuenta de Twitter. Lieberman aseguró que el gobierno impulsará “la construcción a través de Judea y Samaria del norte al sur, en pequeños y grandes asentamientos. Seguiremos estableciéndonos y desarrollando allí con hechos”.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de la integrante del Comité Ejecutivo, Hanan Ashraui, se opuso al anuncio y aseguró que “la intención declarada de Israel de edificar miles de unidades para colonos en la Cisjordania ocupada revela la verdadera naturaleza del colonialismo israelí, expansionismo e ilegalidad”. “Sin duda, Israel está trabajando deliberadamente para aumentar su población de colonos judíos extremistas y superponer el ‘Gran Israel’ sobre toda la Palestina histórica”, rechazó la OLP en un comunicado. 

“Es evidente que las recientes medidas provocadoras e ilegales adoptadas por Estados Unidos, Guatemala y Paraguay animaron a Israel a avanzar y aumentar su empresa ilegal de asentamientos y de este modo, la anexión total de la Cisjordania ocupada”, agregó. Ashraui subrayó que esas “atroces políticas” reafirman la “necesidad imperiosa de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación criminal inmediata de las flagrantes violaciones del derecho internacional y convenciones”.

También reclamó a la comunidad internacional que tome “medidas serias y concretas para lograr el cese total de toda actividad en asentamientos y hacer a Israel responsable con mediadas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde”.

Esta semana, los palestinos pidieron a la CPI en La Haya que inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos, incluida la colonización, desde junio de 2014, cuando Palestina aceptó la jurisdicción del tribunal, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de esa corte. 

La construcción de asentamientos israelíes en territorio ocupado es considerada ilegal por la comunidad internacional y uno de los principales obstáculos para la paz, aunque la Administración estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump se ha mostrado más tolerante con esta política.

Los palestinos se han negado a regresar a las negociaciones de paz, estancadas desde 2014, hasta que se cumplan varias condiciones, una de las principales la paralización del crecimiento de las colonias.