Tras más de medio siglo de guerra interna, las propuestas económicas y sociales coparon por primera vez la campaña presidencial en Colombia para atender la sed de cambios y modernización que expresa la sociedad del posconflicto.
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la guerra dejó de ser la protagonista y resurgieron las crecientes problemáticas sociales que golpean al segundo país con mayor desigualdad de América Latina, donde el Estado sigue invirtiendo más en defensa y seguridad que en políticas sociales.
Los colombianos elegirán mañana a un nuevo presidente para asumir esta transición, en un contexto marcado por la crisis que atraviesa el acuerdo de paz y los reclamos de transparencia ante los escándalos de corrupción que salpican a la clase política. La corrupción encabeza justamente las preocupaciones de los colombianos (28 por ciento), seguida de los derechos sociales, como salud, educación y empleo (26 por ciento), y el orden público (23 por ciento), según un sondeo publicado este mes por Gallup Poll.
Aunque la palabra “reforma” fue una de las más citadas por las candidatos en entrevistas y actos electorales, las vías del cambio varían en sus programas. Mientras que el uribista de Centro Democrático, Iván Duque, y el conservador, Germán Vargas Lleras, proponen reformas de carácter neoliberal, con la seguridad como eje; el izquierdista de Colombia Humana, Gustavo Petro, y el centroizquierdista, Sergio Fajardo, basaron sus propuestas en el concepto de educación como motor social.
El candidato liberal, Humberto de la Calle, por su parte, mantiene una línea de continuidad con las políticas del actual gobierno del presidente, Juan Manuel Santos. Uno de los principales retos para el próximo mandatario será reflotar el crecimiento económico, que en los últimos años sufre una fuerte desaceleración; pasó de 6,6 por ciento en 2011 a 1,8 por ciento en 2017, según datos del Banco Mundial. La economía colombiana depende en gran parte de la exportación de minerales y petroleo, lo que incide parcialmente en la generación de puestos de trabajo.
La tasa de desempleo asciende a 9,4 por ciento, mientras que el empleo informal representa 49,4 por ciento de la economía, en base a datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Si bien en la última década el índice de pobreza se redujo de 60 por ciento a 26,9 por ciento, el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso, según la ONG humanitaria Oxfam. Ante este panorama, la propuesta más radical viene de Petro, el ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá que propone un cambio de modelo para reducir la dependencia económica de la extracción minera y petrolera.
“Las paltas son más importantes que el petróleo”, defendió el segundo en las encuestas, quien afirmó que su cultivo podría generar “dos millones de puestos de trabajo rurales y medio millón industriales”, contra 50.000 de la industria del crudo.
Otra de sus propuestas más discutidas es el aumento de impuestos a los latifundios para forzar a los dueños a vender sus terrenos, en un país donde el 1 por ciento de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 por ciento de las tierras, según datos de Oxfam. Una medida rechazada por el resto de los candidatos, quienes apuestan por regímenes fiscales especiales para incentivar la inversión. La reducción de impuestos es uno de los caballos de batalla del ex vicepresidente Vargas Lleras, quien quiere bajar al 30 por ciento la carga tributaria para los negocios. “Si queremos que la economía vuelva a tener un crecimiento sostenido del 5 por ciento anual, se requiere generar confianza en el país y un ambiente amigable a la inversión”, manifestó.
También Duque, líder en las encuestas, quiere bajar los impuestos para las empresas y eximir por 10 años del impuesto de renta a inversiones productivas en el campo que generen un mínimo de empleos formales. Pero para el ex consejero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mayor lastre de la economía es el gasto público.
Fajardo, tercero en los sondeos, también apuesta por el emprendimiento –con un tratamiento tributario especial para las pymes– y la lucha contra la corrupción, un cáncer que cuesta al país unos 17,5 millones de dólares por año, según estimaciones de la Contraloría General. “Nuestro reto es que la lucha contra la corrupción debe revertir en por lo menos un punto del PBI anual adicional de recaudo tributario, a más tardar en el tercer año de gobierno”, aseguró.
De la Calle, en cambio, quiere lograr “un Estado más eficaz y más sencillo” e implantar un plan de choque en infraestructura y vías terciarias” para combatir el desempleo entre los jóvenes e impulsar la formalización laboral. Además de la economía, el otro gran desafío para el nuevo gobernante será la instalación de una agenda de derechos que permita avanzar hacia la modernización del Estado, en un país donde la guerra marginó durante décadas a parte de la sociedad del acceso a los servicios sociales básicos.
En ese sentido, la aprobación decidida ayer por unanimidad del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fija un nuevo rumbo. La dirección de esa transición, conservadora o progresista, queda ahora en manos de los más de 36 millones colombianos llamados este domingo a las urnas.
