Las próximas 72 horas serán clave. El Gobierno redobló la presión sobre gobernadores y senadores de la oposición para evitar el veto de Mauricio Macri al proyecto que retrotrae y congela las tarifas a noviembre de 2017. La semana pasada, en un intento casi desesperado, el oficialismo presentó a último momento un proyecto propio, en línea con una iniciativa que le acercó el más macrista de los gobernadores del PJ, el salteño Juan Manuel Urtubey. Eso alcanzó para abrir una fisura en el principal bloque de oposición, que conduce Miguel Pichetto, y dejar planteado un final abierto para la sesión del próximo miércoles. “Si Macri decidiera no vetarlo, los gobernadores serán los primeros en hacer cola para pedir la inconstitucionalidad”, aseguró el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, en diálogo con Página/12. 

Tras la crisis cambiaria y la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, frenar la iniciativa opositora aprobada en Diputados se convirtió en un objetivo prioritario de la Casa Rosada. Principalmente por dos motivos: significaría un golpe a su plan de acelerar el ajuste para disminuir el déficit fiscal y por otro, implicaría una señal de debilidad política hacia los sectores económicos y financieros. Lo primero se puede resolver relativamente fácil a través del veto pero lo segundo no. Por eso la alternativa de máxima es evitar que se convierta en ley el proyecto que da marcha atrás con los aumentos de agua, luz y gas. 

“Están dadas las condiciones para que esta semana podamos arribar a un acuerdo consensuado sobre la base del proyecto de Cambiemos. Si hay acuerdo con el peronismo federal, podría prosperar en las dos cámaras”, afirmó ayer el titular del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni. En cambio, fuentes cercanas a Pichetto ratificaron la postura que el senador expuso durante toda la semana pasada: que el oficialismo no les propuso seriamente ninguna iniciativa para moderar el impacto de los aumentos y que la idea lanzada a último momento para bajar el IVA no soluciona el problema. El proyecto oficial plantea bajar ese impuesto del 21 al 10,5 por ciento para los usuarios residenciales mientras que para las pymes bajaría del 27 al 21 por ciento. A través de Schiavoni, el gobierno insistió en el argumento de que el Parlamento “no tiene potestad para fijar tarifas” al recordar que “un fallo de la Corte Suprema de Justicia establece que es potestad del Ejecutivo, previo realización de audiencias públicas”. Curiosamente, una de las principales estrategias discursivas del PRO es acusar a la oposición de no querer aliviar el impacto del tarifazo, que ellos mismos implementaron, ya que el Presidente adelantó que vetará el proyecto: “ahora el Senado tiene que tomar la decisión si va por ese camino, de bajar las tarifas de forma inmediata o si va por el camino del veto, que es lo que algunos a lo mejor quieren, porque su intención no es tanto bajar las tarifas sino que privilegian conseguir un veto del Presidente”, afirmó el macrista Federico Pinedo. 

Con ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Cambiemos apuesta por lo bajo a ampliar la grieta en el peronismo, que el martes último quedó en evidencia en el plenario de comisiones. El senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el catamarqueño Dalmacio Mera y el jujeño Guillermo Snopek, firmaron el dictamen opositor pero en disidencia. Además, adelantaron que propondrán cambios en el recinto y que no acompañarán el texto tal como está. Como el dictamen opositor es el que contó con mayor cantidad de firmas, será el primero en tratarse el miércoles. 

El poroteo

El número para garantizar el triunfo es 37 (mayoría absoluta) pero como sólo se necesita mayoría simple, es suficiente con que los votos positivos sumen más que los negativos. En caso de ser descartada la media sanción, recién entonces se pondrá en tratamiento el dictamen del oficialismo. 

Restando (sólo) los cuatro disidentes, el interbloque Argentina Federal cuenta con 20 votos. Si se le suman los 9 del Frente para la Victoria-PJ que lidera Cristina Kirchner y preside Marcelo Fuentes; los dos puntanos de Adolfo Rodríguez Saá; el porteño Fernando Pino Solanas y la rionegrina Magdalena Odarda, llegan a 33. En ese contexto, serán claves los votos del interbloque que integran Juan Carlos Romero, María Fiore Viñuales, el silencioso Carlos Reutemann y los neuquinos Lucila Crexell y Guillermo Pereyra. En general este grupo de senadores suele alinearse con la Casa Rosada. Sin embargo, Pereyra y Crexell se expresaron a favor del dictamen de Diputados, con lo que la cuenta llegaría a 35. Con un número tan ajustado se vuelve relevante la actitud del bloque misionero, liderado por el ex gobernador Maurice Closs, quien anticipó su “probable” abstención. “No me gusta ninguno de los dos proyectos, en especial el del IVA. Me parece complicado porque les quita recaudación a las provincias, vamos a tener ajustes por todos lados en los presupuestos provinciales”, planteó Closs. Por otro lado, fuentes del peronismo santiagueño adelantaron que Ada Iturrez y Guillermo Montenegro sí votarían a favor. La tercera senadora de esa provincia, Blanca Porcel, no se expresó aún. 

Con este panorama, el freno al tarifazo llegaría a los 37 votos. Sin embargo, es más que probable que las bajas en el bloque de Pichetto no se limiten a los que el martes firmaron el dictamen en disidencia. 

Haciendo la cuenta por el lado del rechazo, Cambiemos parte de una base de 25 votos, a las que sumaría los cuatro disidentes del Bloque Justicialista y tres aliados eventuales del interbloque federal. La cuenta les da alrededor de 32 votos negativos. No está lejos pero no le alcanzaría para frenar la iniciativa. Tendrá que esforzarse todavía un poco más, si es que quiere que evitar pagar el costo político de un veto, en el peor momento de la imagen presidencial.