El mes pasado circuló por mails, WhatsApp y redes de integrantes del Poder Judicial una nota de la Administración General que anunciaba un recorte del 45 por ciento de los viáticos que cobran jueces y juezas, funcionarios y funcionarias judiciales cuando por distintas razones se tienen que mover más de 100 kilómetros de su lugar de trabajo. En tribunales estaba todo el mundo escandalizado por la magnitud de la poda y el dinero que muchos calculaban que podrían perder. Pero la nota era falsa. Una especie de venganza interna o provocación frente a los intentos de ajuste que, a tono con la línea oficial, busca implementar en el Poder Judicial desde el año pasado el actual administrador, Agustín Cinto, hombre de Cambiemos, que se ganó el apodo de “Ajustín”. Uno de los efectos colaterales del anuncio trucho de recorte fue que tomó visibilidad cuánto dinero puede percibir alguien por cada día lejos de su despacho judicial: son 6154 y 8615 pesos, aparte del pasaje y otros traslados. El año pasado se pagaron 45 millones de pesos de viáticos, según confirmaron en el Consejo de la Magistratura a PáginaI12, aunque aclararon que unos 15 millones correspondían a reclamos de reembolso atrasados. Como es esperable, la mayor resistencia a cualquier poda de este tipo viene de los jueces y al día de hoy la comisión de Administración, que debe respaldar las medidas, está presidida por uno de ellos, Luis Cabral. Los jueces ya le retrucaron a Cinto que se anime primero a revisar el régimen de desarraigo que beneficia a 38 personas que trabajan en el Consejo, algunas de ellas desde hace 20 años, lo que les otorga un plus salarial que para cualquier persona sería un hermoso sueldo, ya que oscila entre los 20 mil y 54.800 pesos. Aunque se usen para ataques recíprocos, son dos grandes temas que encarnan privilegios históricos pero que enfrentan una muralla con alianzas que se van construyendo entre los consejeros, que son los únicos que podrían facilitar su modificación. 

En la cuestión de los viáticos en especial, Cinto ha tenido paradójicamente como aliados a los consejeros que representan a la oposición política, como Rodolfo Tailadhe en la comisión de Administración y Mario Pais en el plenario, más que los del oficialismo. Esto se debe a que los políticos de Cambiemos que ocupan lugares en el Consejo necesitan a los jueces, y también a los abogados, como socios para conseguir mayoría en sus votaciones. Y como es sabido, en los últimos tiempos, de esa sociedad han salido grandes iniciativas para colonizar lugares estratégicos en el Poder Judicial, además de promover juicios políticos. Así, pretender tocar el bolsillo de los jueces y de integrantes del Consejo mismo ha sido una misión casi imposible. 

Los 30 a 45 millones pagados en viáticos parecen un monto poco significativo si se lo compara con el presupuesto de 29 mil millones que le asignaron este año al Poder Judicial, pero es ostensiblemente elevado si se aprecia cuánto puede representar como plus en el salario de un juez. El 83 por ciento de los viáticos está destinado a jueces y juezas que subrogan juzgados vacantes cuando están lejos de su juzgado de origen. Al sueldo de un juez de primera instancia, que puede rondar los 150 mil pesos, o al de un camarista, que ronda los 180 mil, hay que sumarle un 30 por ciento más que gana como subrogante y los viáticos cada vez que se desplaza. Es un monto diario (6154 es lo habitual y 8615 si vive en alguna de las provincias del Sur) que no exige rendición. Aparte se le pagan el pasaje y los traslados. Según informan en el Consejo, hay casos donde los viáticos llegan a representar unos 400 mil pesos anuales extras para una persona. Algunos jueces y funcionarios, aunque son los menos, prefieren rendir gastos y que luego les reembolsen. La cuestión de los cargos vacantes en el Poder Judicial, que son alrededor de 200 (cerca del 25 por ciento del total), es un problema histórico que todos (políticos y judiciales) dicen querer resolver, pero nadie se esmera demasiado en concretarlo. Por un lado, porque las designaciones son negociaciones con uñas y dientes entre sectores para lograr la designación de su favorito y por otro lado porque las subrogancias han sido un territorio de ida y vuelta de favores permanentes, que hasta hace poco manejó exclusivamente la mayoría del Consejo. Ahora volvió a dominio de las Cámaras. 

Otra porción de viáticos, cerca del 6 por ciento, es usada por el Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial para ir a tomar exámenes a distintas provincias. A veces, aunque el examen sea un día, aparecen viáticos para cuatro, por ejemplo. También viajan para habilitar juzgados, efectuar instalaciones, que requieren expertos en tecnología, o también en infraestructura. Y otra porción más pequeña son viajes, en especial internacionales, a simposios, congresos o eventos. En ese caso, los viáticos se dolarizan. En 2017, por ejemplo, se pidieron viáticos para ir  a Italia para seis consejeros: la abogada Adriana Donato, el representante del Ejecutivo Juan Mahiques, los radicales Gustavo Valdés y Angel Rozas, Pablo Tonelli (Cambiemos) y el académico Jorge Candis. El evento organizado por el “Consiglio Superiore de la Magistratura” era del 8 al 12 de mayo, pero pidieron el pasaje de vuelta para el 19. Este año fueron consejeros a una Cumbre Iberoamericana en Ecuador y en julio al menos el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, está invitado a la Cumbre Judicial de Gobierno Abierto que se hará en Giorgia, justo cuando termina el mundial de fútbol, por si alguien quiere darse antes una vuelta por Rusia y ver unos partidos. 

De todos los intentos de recorte, el único que consiguió hasta ahora el administrador Cinto, a fuerza de insistencia y de hacer propuestas más “perjudiciales” para los integrantes del Poder Judicial, fue eliminar una distinción que aumentaba el valor de los viáticos según la jerarquía. Hasta diciembre del año pasado, no era lo mismo: los jueces de Casación, los de Cámara y los secretarios de la Corte cobraban más (hasta 8185 pesos por día y hasta 11.460 los del Sur). La referencia de origen es que el viático es una veinteava parte del sueldo. Un dato a tener en cuenta es que aún la mayoría de los jueces no paga Impuesto a las Ganancias: solo pagan los que empezaron a ingresar en 2017 desde afuera del Poder Judicial; si ya habían empezado carrera en tribunales, siguen eximidos. El Judicial debe ser uno de los pocos sectores que obtuvo aumentos salariales por arriba del 25 por ciento. En 2016 llegaron a recibir 40 por ciento de incremento. 

El año pasado la Comisión de administración la presidía el radical Gustavo Valdes, pero ahora la preside el juez Cabral, uno de los hombres más influyentes de la corporación judicial. Uno de sus aliados fuertes es el consejero juez Leónidas Moldes. En su gestión, Valdés esquivó grandes confrontaciones y la ola del ajuste judicial. Cabral intenta evitar la pérdida de beneficios para la corporación y en una de las reuniones de Comisión, cuando Cinto volvió a plantear la cuestión de los viáticos, le retrucó con la lista de funcionarios del propio Consejo que cobran un plus por desarraigo, algunos de los cuales están designados en planta y trabajan allí hace muchos años. Aunque no deberían ser temas de discusión excluyentes, de este modo aparecen como elementos de presión y negociación y el resultado es que nada es revisado. La comisión de Administración debe revisar una vez al año caso por caso de los que cobran desarraigo y, según fuentes del organismo, “nadie lo hace seriamente”. El desarraigo es un extra del 35 por ciento del sueldo que se paga en función de viejas disposiciones de la Corte del menemismo, que se trasladaron al Consejo, por las que fue cuestionado en su momento el ex supremo Julio Nazareno, que lo cobró durante años residiendo en la Ciudad de Buenos Aires. 

La lista de funcionarios del Consejo que cobran desarraigo incluye 38 nombres (la estructura es de unos mil funcionarios, la mayoría de Administración). Pareciera un plus razonable para quienes son, por ejemplo, asesores/as designados/as por consejeros/as de provincias mientras dura su mandato, de cuatro años. O incluso para consejeros, como el presidente Miguel Piedecasas, santafesino, que percibe 63 mil pesos de extra (su sueldo total es 350 mil). Se trata de personas que están allí un tiempo y quizá mantienen dos casas. Pero a la vez suele generar rispideces en el organismo el hecho de que en algunos casos trabajan en el organismo tres días a la semana y luego se van a sus lugares de origen. Además, reciben pasajes para los fines de semana. Pero los casos que más controversias despiertan son los de quienes llevan una o dos décadas en cargos de planta, quizá tienen una vida armada ya en Capital, propiedades inclusive, y siguen cobrando el plus. Basta que exhiban que el documento señala un domicilio a más de 100 kilómetros. No hay reglamentación que impida esa prerrogativa.  

En el grupo de “desarraigados” hay algunos personajes muy conocidos porque se los considera influyentes dentro del mundo judicial, como Claudia Levin, santafesina de origen, con cargo de secretaria letrada desde 2003 y desempeño en la Escuela Judicial y la comisión de selección, quien recibe un plus de 54.874 pesos por desarraigo (su sueldo es de 265 mil pesos); o María Inés Brenna, secretaria letrada de la presidencia, que tiene designación desde 1999 y cobra 43 mil pesos de desarraigo (su sueldo es 194 mil); José Elorza, secretario de la comisión de selección, nombrado en 2010 cobra 43 mil de desarraigo (gana 205 mil); Germán Krieger, que fue administrador, nombrado en 2009, cobra 54874 pesos de desarraigo (gana 237 mil). 

El asunto del desarraigo, siempre latente, entra y sale del temario de las reuniones de labor, donde a la vez se arman los temas que tratarán las comisiones.  Y así, nada cambia. El Poder Judicial, aliado con la política, hacen culto al instinto de conservación, y son otra cara que confirman que los “esfuerzos” que se exigen en tiempos críticos a la gente del común no son parejos.