Las mujeres fueron uno de los grandes actores políticos del año en la Argentina. Salieron a las calles el 3 de junio por segundo año consecutivo contra las violencias machistas y además, por la despenalización del aborto, entre otras demandas. Y volvieron a marchar en el histórico 19 de octubre, movidas por la crueldad misógina que dejó sus marcas indelebles en el cuerpo de una adolescente marplatense, Lucía Pérez: mientras la CGT deshojaba la margarita en un contexto de ajuste y precarización laboral, sin animarse a llamar a una huelga general, el Colectivo Ni Una Menos, en articulación con un centenar de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, lanzó el primer paro nacional de mujeres, para denunciar la desigualdad histórica que nos afecta y que genera ese caldo de cultivo que alimenta cotidianamente a los femicidas. Sin autonomía económica, las mujeres son más vulnerables al sometimiento de una pareja o ex pareja. Pero no solo las someten en el hogar: también en el mercado laboral. 

  • Brecha. La desocupación les pega más a las mujeres: el desempleo femenino fue del 10,5 por ciento en el segundo trimestre del año y superó así el nivel general, del 9,3 por ciento. Todavía las mujeres ganan un 27 por ciento menos que los varones, y entre las que están precarizadas esa brecha llega al 40 por ciento. Ganan menos porque, en promedio, trabajan menos. Y no porque quieran, sino porque no les queda otra opción: sobre ellas recae el enorme peso del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados de la prole, sobre el que se levanta la economía del país. Ahí está el núcleo de la desigualdad. De los 700 mil jóvenes ni-ni, que no estudian ni buscan empleo, la amplísima mayoría son mujeres: 589.000 contra 179.000 hombres. Se quedan en sus casas cuidando a sus hijos o los niños y niñas de la familia. Autonomía económica y autonomía sobre los cuerpos: eso reclaman.
  • Google. Ni Una Menos fue una de las frases más buscadas en Google este año a nivel mundial. Los ojos del mundo tratan de descifrar ese movimiento que impulsaron periodistas, escritoras, ensayistas. Y que tuvo su primera acción el 26 de marzo de 2015, luego de que el cuerpo de Daiana García apareciera adentro de una bolsa de basura, el mismo día en que se cumplían diez años de la desaparición de Florencia Penacchi, en una maratón de lecturas que convocó con la consigna NiUnaMenos contra el femicidio, en la Plaza Spivacow detrás del Museo del Libro y de la Lengua, donde estuvieron Jorge Taddei, padre de Wanda Taddei y Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez, entre otras voces.
  • Historia. Ni la multitudinaria segunda marcha del 3 de junio ni la del 19 de octubre fueron espontáneas. Hubo asambleas previas, discusiones, acuerdos. La marea feminista que se va colando donde hay debates en los que están en juego los derechos de las mujeres tiene una historia, tiene pioneras: no nació de un repollo ni de un tuit. Tiene detrás un movimiento de mujeres con trabajo territorial y en organizaciones de la sociedad civil. Y tres décadas de encuentros nacionales de mujeres. Se está gestando, en alianza con otros grupos Ni Una Menos que surgieron a lo largo y ancho del planeta, un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de marzo.
  • Crueldad. Cada 30 horas –o tal vez menos– una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en el país. Y cada vez los femicidios son perpetrados con más saña. Hay una reacción machista cada vez más cruel como respuesta a la organización y el activismo de las mujeres. Los machos violentos no quieren perder privilegios.
  • Respuesta. Por las cifras de femicidios, el Estado argentino tuvo que rendir examen este año, primero en Ginebra ante el Comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por su sigla en inglés). Poco después, recibió la visita oficial de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la jurista croata Dubravka Šimonoviæ. Hubo coincidencias en los diagnósticos de ambos veedores especializados: el sistema argentino tiene “deficiencias considerables” para prevenir y enfrentar el fenómeno, no hay coordinación entre el Ejecutivo nacional, las provincias y los municipios para aplicar políticas públicas, el Consejo Nacional de las Mujeres está desjerarquizado y debe convertirse en ministerio, hace falta un presupuesto mayor para una “implementación efectiva” del Plan Nacional contra la violencia machista anunciado por Mauricio Macri en junio, es fundamental capacitar a jueces y policías, garantizar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, particularmente a la población más pobre, reforzar la educación sexual integral –cuyo programa nacional está cada vez más debilitado– y avanzar con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto. Es decir, la ONU reafirmó que los puntos que se reclamaron en la primera marcha por el Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, siguen sin respuesta de parte del Estado.
  • Justicia. La articulación y el activismo promovido por organizaciones de mujeres tuvieron algunos logros a lo largo del año. Como la liberación de Belén, la joven tucumana presa más de dos años y condenada a ocho tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. En los últimos días, además, finalmente fueron absueltas y recuperaron la libertad Nilda Álvarez y Reina Maraz, dos mujeres que habían sido condenadas por homicidio agravado por el vínculo por matar a su esposo, en juicios que no tuvieron en cuenta el contexto de violencia de género que vivían. El trabajo minucioso de abogadas feministas y ONG especializadas permitió que en instancias superiores los casos fueran analizados con perspectiva de género. 
  • Ayelén. Son muchas las adolescentes y niñas que no encuentran eco en la Justicia cuando denuncian a su padre por abuso sexual infantil. El caso más emblemático, que dejó al descubierto esa trama de complicidad judicial con los pedófilos llevó este año el nombre de Ayelén Arroyo, una adolescente de 19 años, de Mendoza, que terminó degollada por su padre Roque Humberto Arroyo, dos semanas después de denunciarlo por someterla a abusos reiterados desde hacía varios años. El fiscal Fabricio Sidoti, que intervino en la causa, la dejó desprotegida. En lugar de tomar medidas preventivas, de detener o imputar a Arroyo, sólo ordenó una restricción para que no pudiera acercarse a la casa de ella, aunque el padre fijó un domicilio a menos de cien metros del hogar de Ayelén. El fiscal no tuvo castigo: a pesar de su mala praxis, que le costó la vida a la adolescente, zafó de un jury con los votos de legisladores del PJ local y de miembros de la corte provincial. 
  • Complicidad. Los casos son recurrentes. Las mujeres denuncian. La justicia desoye y entrega a las víctimas a sus depredadores. Le pasó una semana atrás a Romina Dusso, de 20 años, en Santa Fe. Un día después de que ella hiciera la segunda denuncia por violencia de género en la comisaría contra su ex, él terminó perpetrando cuatro femicidios vinculados, sobre familiares directos de Romina. El fiscal de Homicidios de Santa Fe, Jorge Nassier, admitió que “debería haber prestado algún tipo de atención pero siempre es muy difícil establecer cuándo y hasta dónde va a derivar este tipo de situaciones”. 
  • Retroceso. En uno de los papelones más grandes de María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense dio marcha atrás en octubre a su anunciada adhesión al protocolo de atención de los abortos no punibles actualizado por la Nación en 2015, siguiendo los estándares y recomendaciones de la Corte Suprema. La razón fue la presión del entonces secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, activista del Opus Dei. Conte Grand acaba de jurar como nuevo Procurador General de la provincia. Un hombre que le da la espalda a los derechos de las mujeres, que decide políticas públicas en base a sus creencias religiosas personales, es el nuevo jefe de los fiscales bonaerenses. 
  • Definición. La ley 26.485 entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. La misma norma también define la violencia institucional contra las mujeres como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”. Es momento de ampliar el concepto de violencia institucional y aplicarlo también cuando los operadores policiales o de la justicia, por ejemplo, no brinden la protección que requiere una mujer que denuncia a su pareja o ex pareja por violencia machista. 
  • Cuidados. Quedó frenada la paridad en la política. Tampoco se avanzó en el debate por la despenalización y legalización del aborto. Ni de los casi cuarenta proyectos de ley que proponen ampliar las licencias por maternidad y paternidad, para acercarlas a los estándares recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. El lobby empresarial actúa sin pudor. Hoy en la Argentina un padre tiene apenas 48 horas de licencia, lo mismo que por mudanza. Está comprobado que los países que han impulsado licencias parentales más extensas – obligatorias para los padres–, promueven y logran que los varones se involucren con un mayor compromiso con las tareas de cuidados de sus hijos e hijas. Esa debería ser la gran apuesta junto a políticas de cuidados indispensables como la creación de jardines para la primera infancia gratuitos, con vacantes para todos aquellos que los necesiten, con guarderías en universidades, en los barrios y políticas de transferencias de dinero como bonos o vouchers, para cubrir el pago del jardín, por ejemplo, o para que las familias puedan contratar a una persona para que se encargue del cuidado de un adulto mayor dependiente o de una persona con discapacidad. Como viene implementando Uruguay, donde el cuidado dejó de ser un problema individual de cada mujer, para pasar a ser un derecho y en consecuencia, una obligación del Estado asumir competencias como garante de la provisión y regulación de servicios. 
  • Lohana. El 2016 comenzó con la triste despedida de Lohana Berkins, enorme luchadora por los derechos de las personas trans. Tal vez como homenaje, por primera vez en su historia, el Comité de la Cedaw recibió un informe sobre la población trans y fue de la Argentina: el organismo recomendó al Estado implementar políticas de acceso al trabajo, y que se investiguen y sancionen los travesticidios, entre otras demandas.
  • Concursos. Entre los logros hay que destacar también la decisión que tomaron varios municipios –desde que Chivilcoy lo hizo a fines de 2014– de quitarle el apoyo oficial a los concursos de belleza convocados en el marco de fiestas tradicionales, al tomar conciencia –finalmente– de que la cosificación de las mujeres en ese tipo de certamen constituye violencia simbólica contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485. Hasta la firma Reef anunció que dejará de realizar su tradicional competencia de culos femeninos este verano en Mar del Plata, por las mismas razones.
  • Medios. En pantallas de TV, portales de noticias y diarios todavía se redunda en el morbo, en la espectacularización de los femicidios, en culpabilizar a las víctimas de las violencias que sufren. Ese tipo de mensajes contribuye a fomentar las violencias machistas. Faltan periodistas especializados. La finalización del mandato de Cynthia Ottaviano al frente de la Defensoría del Público deja no solo un lugar vacante –que el Congreso no se ocupó de cubrir, como marca la ley–; además significa una pérdida enorme en términos de políticas públicas contra el sexismo en los medios de comunicación audiovisual. La Defensoría se encargó en los últimos años de brindar talleres y capacitaciones para promover una comunicación sin discriminación, y de recibir denuncias, apelando a la pedagogía como método para lograr los cambios culturales necesarios, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.  

Cierra un año en el que la violencia machista ganó la tapa de los diarios, donde la voz de las mujeres se escuchó con potencia, tal vez, más que nunca en los últimos tiempos, pero donde las respuestas gubernamentales fueron débiles, con fuertes retrocesos en términos de políticas públicas, en un contexto de represión de la protesta, con una mujer presa política, y perspectivas de una profundización del ajuste y tarifazos, que dejará a más mujeres sin empleo o más precarizadas. Ojalá que el 2017 sea mejor.