La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer al presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios del gobierno, por la firma del convenio entre la Argentina y Qatar que prevé la utilización de fondos de la Anses y la transferencia de recursos a través de una sociedad offshore, entre otras particularidades. Ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá decidir si da curso al requerimiento.

La denuncia, que también involucra al ex tenista Gastón Gaudio por la supuesta influencia que habría ejercido para la firma del acuerdo, la presentó hace un mes el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, y ayer la fiscal le dio curso. “Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional, transferir a través de una plataforma offshore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal”, dictaminó Ochoa.

La fiscal pidió además que, como medida cautelar, se impida o se interrumpa la ejecución del Memorandum de Entendimiento suscripto entre el FGS y el fondo de Inversión Qatar Investment Autorithy (QIA). En su dictamen Ochoa pidió además que se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores todos los antecedentes vinculados con las negociaciones bilaterales que culminaron con la rúbrica del Memorandum de Entendimiento celebrado con Qatar.

La fiscal quiere que se solicite a las Cámaras de Diputados y a la Senadores “que informen si fueron anoticiados o ingresó en ese parlamento algún proyecto de ley vinculado con la aprobación de un “memorándum de Entendimiento celebrado con el Estado de Qatar”. Ese acuerdo firmado en noviembre pasado por Macri y el emir Tamin Bin Hamad al Thani fue presentado con bombos y platillos por el Gobierno como parte de las inversiones extranjeras que prometieron llegarían con el cambio de las políticas económicas. Pero de la lectura del acuerdo, que Presidencia intentó mantener en reserva, surgieron varias irregularidades. 

Según informó Perfil, el acuerdo incluye la creación de un fondo de inversiones de mil millones de dólares que se gestionará por intermedio de una estructura offshore administrada a través de un gerente “independiente”, es decir, de un tercer país. Otra particularidad es que el ex tenista Gaudio, que conoce a Macri y tiene vinculaciones con el régimen qatarí, haya estado al tanto del contenido del convenio que se supone era reservado para todo el que no sea un funcionario directamente vinculado. A lo largo de toda la negociación que arrancó a fines de julio pasado, Gaudio estuvo al tanto de cada avance a través del mail.

Fernando Miguez sumó estas irregularidades y presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Rafecas y la fiscal Ochoa, quien ayer resolvió darle impulso a la causa. Además de Macri y Michetti, la amplia imputación abarca a todos los involucrados en el acuerdo: la canciller Susana Malcorra, el ex vicecanciller Carlos Foradori, el titular de Anses, Emilio Basavilbaso, el secretario de Coordinación Mario Quintana, el ex director del FGS Luis María Blaquier, el ex asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser, el director de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, el presidente de YPF Miguel Ángel Gutiérrez y la embajadora argentina en Qatar, Rossana Cecilia Subralle. También están incluidos el Hamad Al Thani y Gaudio y el empresario Diego Nicolás Rosendi, por posible tráfico de influencias.

“Podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público que las supuestas maniobras descriptas han irrogado”, detalló el texto de la denuncia sobre la situación de los funcionarios.