La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, decidió dejar en claro antes de terminar el año que no quiere jubilarse en 2017, cuando cumpla 75, y que está dispuesta a librar una batalla legal para quedarse. A comienzos de esta semana presentó un amparo en el que invoca la famosa doctrina “Fayt”, que fue la que le permitió al supremo recientemente fallecido, Carlos Fayt, quedarse hasta los 97 años con un fallo de sus propios colegas del alto tribunal firmado en tiempos de la mayoría automática. Según el criterio que estableció ese antecedente, la Constitución de 1994 estaría viciada, porque su texto fijó el límite de 75 años para la jubilación de los cortesanos cuando la cuestión de la “inamovilidad” no estaba incluida entre los temas que la convención reformadora estaba habilitada para tratar. Highton no elige cualquier momento para instalar el tema. Es un desafío a su colega el presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, quien desde hace tres meses, o más, intenta sin suerte que el alto tribunal se pronuncie contra un amparo presentado por el camarista de La Plata, Leopoldo Schiffrin para quedarse más allá de la edad jubilatoria. No es un buen momento para Lorenzetti, entre las denuncias de Elisa Carrió y la muerte de uno de los jóvenes con los que chocó en Rafaela.

De los jueces que fueron nombrados durante el gobierno de Néstor Kirchner, el primero en llegar a los 75 años fue Raúl Zaffaroni. Un tiempo antes de su cumpleaños presentó la renuncia con una carta dirigida a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que le decía que quería respetar el límite legal y que, además, piensa que los cargos vitalicios son propios de los sistemas monárquicos. Señalaba que el artículo 99 tercer párrafo, inciso cuarto de la Constitución Nacional dice que 75 años es la edad para jubilarse y que sólo se puede seguir siendo juez con un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más. Como se trata del texto reformado en 1994, reinaba la creencia común de que todo supremo nombrado después de ese año debía irse sí o sí. Pero Highton no interpreta lo mismo y su amparo recuerda que cuando la Corte resolvió en 1999 el caso de Fayt, uno de los fundamentos de la mayoría se basó en que los constituyentes se habrían excedido y avanzaron sobre cuestiones que estaban fuera de programa: el fallo decía que no estaba prevista modificación alguna del régimen de inamovilidad de los jueces ni en la ley que establecía la necesidad de la reforma ni en el “Núcleo de Coincidencias básicas”. Además marcaba que la reforma había mezclado con las atribuciones del Poder Ejecutivo (sobre el nombramiento de jueces) “todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces” que señalaba como “inherente a la naturaleza del Poder Judicial”. Cuando Enrique Petracchi planteó un razonamiento similar, la justicia en lo contencioso administrativo le dio la razón y el gobierno -con Julio Alak como ministro de Justicia- resolvió no apelar.

La Corte estudia este tema desde hace tiempo, cuando llegó un amparo de Schiffrin, el camarista platense, quien también considera que podría continuar pasados los 75 años. Lorenzetti pugnaba por sacar este fallo después de la renuncia de Fayt, con quien le traía conflicto. El presidente supremo avala el texto constitucional vigente, lo mismo que su colega Juan Carlos Maqueda, quien fue convencional constituyente. Ambos dan por hecho que Horacio Rosatti piensa lo mismo, ya que también participó de la redacción del texto constitucional.  Highton, como está a la vista, no concuerda y Carlos Rosenkrantz está por verse. El hecho es que fallar en contra de Schiffrin tiene un efecto de mucho mayor alcance. Por un lado, no es el único juez en esta situación que ha presentado cautelares y amparos, hay más de 70 que reclaman quedarse y para quienes un fallo de la Corte sería una jubilación compulsiva. Una jueza en igual situación es María Servini de Cubría. Schiffrin y Servini tienen algo en común: el respaldo de la líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, quien tiene un enfrentamiento declarado con Lorenzetti, a quien amaga con iniciar juicio político desde hace más de un año.

La situación de Lorenzetti en la presidencia de la Corte hoy no es cómoda, aunque es un “surfista” avezado. Carrió se acaba de presentar ante Servini, en la causa en la que investiga supuestas irregularidades en el programa Fútbol para Todos, con un escrito donde vincula a Lorenzetti con una cooperativa (Pyme Rural) que opera en Rafaela, en un supuesto intercambio dudoso de cheques con clubes de fútbol. Ante la denuncia de la dirigente el único que dijo algo públicamente en respaldo del supremo fue el presidente Mauricio Macri. Pero ninguno de sus colegas en la Corte salió a decir nada. Años atrás, cuando Zaffaroni fue atacado con denuncias por el alquiler de sus de sus departamentos a trabajadoras sexuales, sus colegas lo respaldaron con expresiones públicas. La muerte de uno de los jóvenes con los que chocó con su auto en Rafaela, en una escena que en esa ciudad está puesta en duda, no colabora con su panorama. En los últimos días comenzaron a rodar rumores de que podría ser reemplazado en la presidencia por Carlos Rosenkrantz, el supremo que fue rector de la Universidad de San Andrés y cuyo estudio representaba a grandes empresas, como el Grupo Clarín.