Las condenas a Milagro Sala y el procesamiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner son dos metas urdidas en los inicios del mandato del presidente Mauricio Macri. Magistrados rápidos para los mandados se los regalaron para fin de año. Justo, justo, en una semana aciaga para el oficialismo.
Dicha secuencia, un traspié en la economía o la política que se busca compensar “de volea” con una decisión judicial favorable al Gobierno, ha sido un clásico de 2016. La coalición entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Judicial funciona, con los medios hegemónicos como aliado y ariete.
Los fundamentos del veredicto del Tribunal Oral Federal de Jujuy se conocerán recién a principios de febrero. Se desconocen, entonces, los razonamientos de los jueces que mostraron animadversión contra los procesados y sus abogados, a un nivel poco profesional. Se puede disimular, caramba: la hipocresía es un homenaje del vicio a la virtud. Sus Señorías no dan la talla ni para eso.
Condenaron en base al testimonio único de un correligionario del gobernador Gerardo Morales. El mandatario es además querellante (¿un estado dentro del estado?) otra vía para presionar al Tribunal. El testigo es, además, empleado público, condición que ocultó en su declaración, incurriendo en posible perjurio.
La condena no está ni siquiera completa al desconocerse los considerandos que la fundan. Es recurrible, claro. Sin embargo, la prensa oficial la traduce falsamente como firme. Y justifica la prisión sin condena de Milagro que va a cumplir un año.
La condena contravencional es alocada e inconstitucional. La falta, comparable a una infracción de tránsito o a arrojar la basura a deshoras, está sancionada con multas bajas o sanciones parecidas. El juzgado municipal saca de la galera una condena a no poder ejercer derechos políticos (integrar organismos de la sociedad civil) por el significativo lapso de tres. Proscripción pura y dura, invento legal más propio de una dictadura que de un gobierno surgido de elecciones libres.
El afán de escarmentar a otros luchadores sociales y a la acción directa sigue avanzando. Hay sobrados motivos para suponer que ni Jujuy ni Milagro son su límite.
Sala es víctima de una violación de derechos humanos. Es necesario elogiar a quienes, no compartiendo sus ideas políticas, la acompañan y visitan, poniendo el cuerpo. Esos gestos, presumiblemente, son pianta votos pero eligen una digna escala de valores. El gobernador sanluiseño, Alberto Rodríguez Saá, la visitó en Navidad, el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández lo hará ahora. Fernández se diferencia de su partido, el Frente Renovador liderado por el diputado Sergio Massa, que cogobierna la provincia y rebanca a Morales.
El Juez federal Julián Ercolini se valió de otro recurso arquetípico para agravar las penas posibles para el procesamiento contra Cristina. Denunciar una asociación ilícita que “califica” al hecho y por eso agrava las sanciones. Probarla es endiablado, ante estrados serios. No hablamos de Comodoro Py, desde ya.
Como explicó rigurosamente ayer la abogada Graciana Peñafort en PáginaI12, Ercolini evita la molestia de explicar cuáles fueron los delitos cometidos por la supuesta banda. En la Casa Rosada no esperan que aplique el derecho sino que persiga a Cristina. El soldado cumple. A eso se le llama “Justicia”, con gigantesca impropiedad.
La vindicta del Gobierno y los poderes fácticos recién comienza. El punto es encarcelar a Cristina. Con condena o sin condena, tanto da… eso son asuntos de los odiados garantistas. Lo acuciante es que esté entre rejas, cuanto antes (de las elecciones de 2017) mejor.
Poco o nada importa esclarecer los hechos o poner fin a la corrupción que, como todos saben, es transversal y no ha sido, precisamente, abolida por el macrismo. La meta buscada es, de nuevo, la proscripción. El encarnizamiento con Milagro es un precedente.
El asedio ambiciona sacar de la competencia a la principal protagonista de la oposición. No pudo conseguirlo en un año de denuncias, bien regado con tapas de Clarín y La Nación. Seguramente habrán lastimado la imagen de CFK en ciertos sectores de la ciudadanía. Pero se mantiene como candidata entre muy competitiva y favorita en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos ha resuelto no dejarla participar en condiciones de paridad, como sí hizo el kirchnerismo durante doce largos años. Muchas críticas pueden lloverle pero no la de haber proscripto rivales.
En muchas ocasiones, en el conflicto con las patronales agropecuarias particularmente, toleró acción directa contra sus decisiones. Padeció cortes de rutas, injurias, desabastecimiento.
La ministra Alicia Kirchner fue regada de huevos en Santa Cruz, el presidente del bloque de Diputados, Agustín Rossi, atacado por una patota de nobles ganaderos en la puerta de su casa.
Los agresores siguieron en la calle o en sus hogares: jamás fueron a dar a una cárcel. Menos que menos se los proscribió para integrar la Sociedad Rural o sus entidades hermanas. Son diferencias remarcables entre el nacionalismo popular y el “republicanismo” de la derecha del siglo XXI.
