El bloque de diputados del FPV-PJ solicitó el titular de la Cámara baja que arbitre los medios para que Mauricio Macri convoque a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley de auditoría de todas las obras públicas adjudicadas entre 2003 y 2016. Lo hizo tras el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa que investiga la obra pública en Santa Cruz. La iniciativa, presentada en octubre por el diputado Adrián Grana, propone la creación de una “Comisión bicameral permanente de auditoría y seguimiento de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional”. El FpV-PJ reclamó que si no hay convocatoria a extraordinarias, se dé “pronto tratamiento” al expediente cuando comiencen las sesiones ordinarias de 2017, en marzo próximo. “La información errónea, tergiversada, dirigida y malintencionada que circula en distintos medios de comunicación con respecto a la obra pública ejecutada en los últimos años es con el único objetivo de deslegitimar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de realizar una investigación seria”, afirmaron desde el bloque del FpV-PJ. Al presentar el proyecto, el diputado Grana incluyó un gráfico con las empresas que mayor participación tuvieron en la obras públicas, por monto de las mismas: allí aparecen en el podio Techint, de Paolo Rocca, que realizó trabajos por un total de 16.420 millones de pesos, un 4,9 por ciento de lo invertido directamente por el Estado; Electroingeniería con 15.494 millones (4,61); y muy cerca, Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, con 14.050 millones (4,18). Mientras que recién en el puesto 38º aparece Austral Construcciones, del encarcelado Lázaro Báez, con 1019 millones (0,30 por ciento).