Prepárense

Desde Jujuy

La lectura del veredicto comenzó con el sobreseimiento de Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra porque la acción por amenazas al contador Gerardo Morales había prescripto, es decir que el Inquisidor y los fiscales habían dejado transcurrir más del máximo de la pena de dos años sin instar el avance de la causa. La fugaz algarabía de quienes no dominan el idioma judicialés se apagó cuando el secretario lector agregó que la acción por daños agravados no prescribía, pese a la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable invocada por las defensas, en una causa simple que se extendió por siete años. Y se convirtió en un murmullo de fastidio con la condena a tres años de prisión en suspenso por ese delito, que se habría cometido el 16 de octubre de 2009 con la rotura de siete vidrios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el lanzamiento de un número indeterminado de huevos sobre el entonces senador nacional y hoy gobernador jujeño. 

Al día siguiente, Milagro Sala fue condenada en un denominado juicio contravencional por la protestas en la plaza Belgrano en demanda de respuesta a tres pedidos de audiencia a Morales. Ese fue el motivo inicial de su detención, definida como arbitraria por el órgano especializado de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervinieron a solicitud de la organización regional Andhes y de las sedes argentinas de Amnesty y del CELS. Ninguna de esas condenas ha variado el carácter arbitrario de su detención: Sala nunca estuvo privada de su libertad en la causa fallada el miércoles, ni lo estará ahora, porque la condena quedó en suspenso, sujeta a varias ofensivas condiciones, como realizar “trabajo comunitario no remunerado” en la organización confesional de beneficencia Caritas, que se financia con sisas a la colecta anual para los más pobres y depende del Episcopado Católico. El Grupo de Curas en Opción por los Pobres le reprochó al obispo jujeño Daniel Fernández su indiferencia ante la persecución a Milagro y la Tupac. Durante el alegato, el abogado de Morales Eduardo Vergara pavoneó su ignorancia al pretender que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no figuraba en el código procesal, como si nunca hubiera oído hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de explicita jerarquía constitucional desde hace 22 años. Después del veredicto, informó exultante la novedad de fondo: la condena en suspenso se hará efectiva ante la próxima sentencia adversa, sin posibilidad de cumplimiento condicional. Misión cumplida.

El patrón

El contador Morales es protagonista y patrón excluyente de este proceso:

1. Denunció a Milagro pese a que nadie la vio ni la nombró en el lugar del escrache, ni a ella ni a miembros de su organización. 

2. Se constituyó como querellante para ofrecer prueba y controlar el expediente, 

3. Como vicepresidente de la Comisión de Acuerdos del Senado escogió a dos de los tres jueces del tribunal (Mario Héctor Juárez Almaraz y María Cataldi) en noviembre y diciembre de 2014, luego del sospechoso concurso 215. Uno de los jurados fue el juez Alberto Pravia, que debió renunciar para eludir el juicio político porque en el simultáneo concurso 245 de Paraná se descubrió que había anticipado los temas del concurso a uno de los candidatos. Juárez Almaraz quedó séptimo en el orden de mérito de Jujuy, pero la consejera de la magistratura Diana Conti consiguió ascenderlo al quinto, a pedido de la senadora Liliana Fellner. La muerte de un colega lo elevó al cuarto, Conti pidió que se repitiera su entrevista personal y pasó a integrar la lista complementaria. Así un laboralista llegó a sentarse en un Tribunal Penal que le queda demasiado holgado. Esta será una de las cosas de las que deberían hacerse cargo quienes entonan “Vamos a volver”. En este caso hablar de la justicia de Morales es una super simplificación: es el paternalismo oligárquico el que condena en Milagro Sala la subversión de todos los valores que su rostro político bifronte acata sin chistar. En octubre de 2009, Morales anunció que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en Jujuy” con esa organización que llamó mafiosa y vinculada con la droga. Ese fue el programa para el que se ofreció como caudillo y que está cumpliendo con contante y sonante beneplácito del gobierno nacional. Una resolución firmada el jueves por De Prat-Gay, el mismo día de la inhabilitación de Milagro, concedió a Morales un préstamo por 3175 millones de pesos para cancelar los adelantos financieros que le transfirió en todo el año. Recién comenzará a pagarlo dentro de un año en cómodas cuotas trimestrales. Otras provincias recibieron asistencia, pero muy inferior. 

4. Una semana después del escrache (no antes, como pretende) presentó el famoso pedido de informes en el que se quejó porque la Túpac Amaru instaló en la agenda pública provincial “la ley de reforma edilicia” y “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en la práctica política”. Esa es la ley que permitió a las cooperativas participar en la obra pública, cosa que Morales está revirtiendo desde hace un año para volver a la primacía de la empresa privada con el nuevo programa Jujuy Habitat.

5. Designó como “juez contravencional” al funcionario de su gobierno Matías Ustarez Carrillo, quien el jueves sinceró el fondo de la cuestión: por el acampe de enero inhabilitó a Milagro para formar parte de personas jurídicas, asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por los tres años que restan del mandato del actual gobernador y clausuró la sede central de la Túpac Amaru a la que Morales ya le había revocado la personería. Esa inhabilitación tan genérica y extensa no está contemplada en la ley contravencional que Morales puso en vigencia durante el acampe sin disimular el propósito de utilizarla contra la Túpac. 

6. Designó al funcionario Rodolfo Rocamoso para que actuara como acusador. Del acampe participaron 24 organizaciones sociales y todas las decisiones se adoptaron en multitudinarias asambleas públicas. No obstante, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Túpac Amaru. Rocamoso lo justificó en que eran “las más conocidas y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso”. Con quemar a una bruja, las demás se disciplinan y la humareda llega mucho más lejos de Jujuy.

7. Proveyó los únicos dos testigos de cargo en el juicio por la huevada, los llevó a declarar con su abogado Luciano Rivas y es el empleador a sueldo de uno de ellos en la gobernación, el iletrado Cochinillo Arellano. 

8. Su compañera Cristina Chauque cobra de la intendencia radical de San Salvador, pero ella lo admitió al declarar. Otras cosas son las que oculta.

9. Morales reconoció que el Cochinillo fue contratado desde el 1º de julio de este año. Pero en realidad su empleo comenzó mucho antes. Según el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, Arellano informó en su muro de Facebook que desde 2014 trabaja a sueldo de la intendencia radical de San Salvador. 

10. En septiembre de ese año, Chauque se quejaba en su muro de que los 5.000 pesos que ganaba por mes no “me alcansa tengo 5 hijos o les doy de comer o los bisto no alcanza!!!!! Como ellos roban a dos manos a ellos si les alcansa agan algo los hijos crecen y piden más”. Según el Banco Central en octubre de este año Chauque consumió 114.000 pesos con cuatro tarjetas de crédito. En vísperas de las elecciones de 2015 escribió en su muro (donde se identifica como Solange de los Ángeles) que Milagro “tiene miedo de hir en cana (…) se están robando todo el futuro de nuestros hijos ojalá gane morales y meta en cana a todos los corruptos y gatos jaja voten por morales vamos por el cambio” (sic).

Antes de ser devuelta a la fría cárcel de Alto Comedero, con diez kilos menos que cuando la detuvieron, Milagro Sala alcanzó a decir el jueves: “Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de lo que hice porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima”. Cuando más oscuro pintaba el panorama, por suerte apareció en la sala de audiencias Mario Moreno (el argentino, no el mexicano), quien tranquilizó a los entristecidos tupaqueros que entonaban “Vamos Milagro, no podemos caer/ los muchachos estamos de pie”. El autor de los mayores éxitos del kirchnerismo les trajo una solución muy sencilla que a nadie se le había ocurrido: “Les ganamos las elecciones, cambiamos el gobernador y el próximo la libera”. Su intención era afiliar a Milagro al Partido Justicialista. No tuvo éxito, porque nadie sabe mejor que ella que la destrucción de la Túpac Amaru es el mínimo común denominador del bipartidismo jujeño. Siga participando.

El Tribunal ni respondió a la solicitud de la defensora Elizabeth Gómez Alcorta de investigar al Cochinillo y su esposa por falso testimonio. Lo rectificó al día siguiente, comunicando que rechazaba el pedido. Ambos se presentaron a declarar en compañía del apoderado de Morales, Luciano Rivas, casi un año después de los hechos. Él dijo que se habían cruzado por azar en un pasillo de la Legislatura cuando fue a pedir ayuda al bloque justicialista; ella explicó que habían ido a buscarlo directamente al bloque radical, enviados por el también abogado radical Miguel Álvarez García, el Doctor Chiqui, actual embajador argentino en Bolivia. También difirieron acerca del Doctor Chiqui: Arellano dijo que lo conoció cuando por orden de Milagro buscaba un defensor para Salvatierra luego del escrache; Chauque reveló que desde hacía años era el abogado de la cooperativa del Cochinillo, Argentina Avanza. Al menos uno de los dos miente. Gómez Alcorta explicó que en las presuntas reuniones previas, Milagro sólo pudo instigar a cometer el delito al propio Arellano (pegale una piña a Morales, tirale huevos, no lo dejes hablar o te pego un tiro a vos, le habría dicho). Pero como Cochinillo jura que no concurrió a la huevada porque no estaba de acuerdo, Milagro no pudo haber participado como instigadora en un delito que no tuvo ni comienzo de ejecución. Hasta los estudiantes saben que la participación siempre es accesoria de un delito. La mera tentativa no es punible. Otra incongruencia fue condenar al presunto autor Salvatierra a 2 años y a Milagro como instigadora a 3.

Una doctrina amenazante

Condenar a una dirigente social como instigadora de un hecho del que no tomó parte y proscribirla para cualquier actividad política y social es una amenaza latente contra toda protesta. El presidente Maurizio Macrì se sale de la vaina por estrenar la original Doctrina Morales con la dirigencia de los trabajadores estatales neuquinos, que no estaban presentes cuando piedras de origen desconocido trizaron dos vidrios de su camioneta, que se apartó de los protocolos de seguridad para procurarle un alfajor a la Niña Antonia. Es inverosímil que hayan apedreado al presidente con las pecheras de ATE bien visibles para protestar por los despidos de estatales. Macrì también interpeló en una declaración pública a Horacio Rodríguez Larreta para que en 2017 tenga “un comportamiento distinto y termine con los piquetes” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Bullrich, que lo urge en el mismo sentido, viajó a Israel en noviembre junto con el diputado Waldo Wolff (DAIA-PRO). Con los ministros de Defensa, Avigdor Lieberman, el ala ultraderechista de un gobierno de derecha, y con el de Seguridad, Gilad Erdan, debatió sobre “modelos policiales y de investigación y programas de capacitación”. En la conferencia internacional HLS&Cyber, donde las empresas israelíes no sólo ofrecen en venta equipos sofisticados sino también la doctrina de su empleo, Bullrich disertó sobre el terrorismo internacional (que no entra en las competencias de su ministerio). En diciembre, su colega de Defensa Julio Martínez anunció la intención de adquirir para el Ejército entre 10 y 30 vehículos blindados de combate Piraña, fabricados en Suiza por General Dynamics, que no llevan orugas sino ocho neumáticos. ¿Se intuye qué uso pretenden darles? Wolff es el impulsor de la escandalosa reapertura de la causa fenecida por la denuncia del fiscal Natalio A. Nisman, con la que el gobierno imagina sacar de la pista electoral a la ex presidente CFK y restringir las garantías del debido proceso para los réprobos, mientras la economía sigue esperando algún semestre. Sus partidarios respondieron en las redes antisociales con un poster que vaticina: “Échenla a los lobos y volverá como jefa de la manada”. Entre 2010 y 2014, Nisman recibió 282.000 dólares transferidos por una empresa de Sheldon Adelson a la cuenta bancaria 9700-7548-MAJ-6325-AC874, de la sucursal uruguaya en Colonia del Banco israelí Hapoalim, cuyo detalle publiqué aquí el 24 de enero de este interminable 2016. Adelson es socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliot, y uno de los mayores aportantes a las campañas del primer ministro de Israel Benjamin Netanhayu y del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La cooperación israelí en tecnología de inteligencia, seguridad y defensa fue acordada por Macrì y Netanhayu ese mismo mes de enero cuando se encontraron en Davos, donde el presidente llevó un bufón. La declaración de emergencia en seguridad permite comprar esos juguetes sin licitación. También coincidieron sobre el juzgamiento en ausencia de los acusados iraníes por la explosión de la DAIA en 1994. Macrì y Netanyahu ya se habían visto en Israel, en junio de 2014, cuando hablaron del fallo del juez de Wall Street, Thomas Griesa. “Habrá que pagar al contado”, opinó Macrì. Esa es una de las promesas que cumplió desde el gobierno. El gestor del encuentro fue su actual secretario de derechos humanos Claudio Avruj, socio del compañero sentimental de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco. Juntos administran la agencia de noticias Vis-A-Vis, financiada con publicidad oficial argentina y cuya principal fuente informativa internacional es el diario Israel Hayom, propiedad de Sheldon Adelson, desde el que se giraron las subsistencias a Nisman. ¿Me acusará la DAIA de antisemita por revelar estos pormenores?

Liderazgo social como agravante

El comienzo del veredicto con los incidentes y las prescripciones es usual, aunque ningún código lo manda. En abril de 2013, Horacio Días, presidente del Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital adelantó la parte dispositiva de la condena por el asesinato de Mariano Ferreyra en un lenguaje llano, comprensible para todos, como quien razona en voz alta sobre la lógica del fallo y la valoración de cada prueba. Eso requiere buen conocimiento del derecho y respeto por la propia función y por la publicidad de los actos de gobierno. En cambio, el tribunal jujeño vertió sobre Milagro y los suyos una dosis adicional de sadismo, luego de mortificar a los reos (rodeados a pocos centímetros por una sobrepoblación de gorilas machos y hembras con uniforme y actitud intimidatoria), defensoras (que hasta recibieron gritos del presidente del tribunal) y público (que debió aguardar horas bajo el sol de diciembre, porque sus señorías no se preocuparon por disponer de suficiente espacio y organizar con sensatez el ingreso. Estas deficiencias fueron agravadas por el encarnizamiento de los cuerpos especiales de la policía jujeña, que manosearon y apalearon a discreción, y atenuadas por el sentido común y la buena disposición dentro del tribunal del comisario de la Policía Federal, Pablo Agüero). 

El día anterior al juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber que también estaba alineada con el escarmiento que la Alianza Cambiemos dispuso para los alborotadores. Sin fundamentarlo rechazó cuatro recursos de los procesados y del Ministerio Publico Fiscal de la Nación. Sala, López, Salvatierra y la fiscalía pidieron la suspensión del juicio a prueba. El Tribunal se opuso alegando la “connotación social del caso”, un agravante sui generis, que profundizaría luego el fiscal Federico Zurueta en su alegato sobre la mayor responsabilidad de Milagro Sala por su carácter de líder social. La Corte Suprema demoró ocho meses en rechazar esos recursos. En cambio apenas necesitó una semana para hacer lo mismo con la querella de Milagro Sala contra los funcionarios de Morales que la privaron en forma ilegal de la libertad, la fiscal Liliana Fernández Montiel, íntima amiga del ministro Ekel Meyer, y el juez Gastón Mercau, padre de los nietos de la presidente del Superior Tribunal, Clara De Langhe de Falcone.

El 12 de mayo, el mismo tribunal ya había declarado prescripta la acción por amenazas, pero en octubre la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa decisión para que fuera el tribunal de juicio el que decidiera si debía considerarse el plazo de las amenazas simples, que es más breve, o de las agravadas. Morales y la fiscalía sostuvieron que el agravante era la coacción tendiente a impedir, según los concertados testigos del gobernador, que se auditaran las obras construidas por cooperativas. Esa tarea sería más simple ahora, porque Morales suprimió toda contratación con la Túpac Amaru, colocó a uno de sus hermanos en el instituto provincial de la vivienda y ofreció a las constructoras privadas la recuperación del mercado perdido.

La clave de fondo

Esta es la clave de fondo de la ofensiva obstinada contra Milagro Sala que no sólo la privó en forma ilegal de su libertad, sino que destruyó su obra construida en dos décadas. La primera tarea que se propuso Morales fue descabezar a esa organización gigantesca que llegó a ser el tercer empleador provincial, después del Estado jujeño y del ingenio Ledesma. Con el bipartidismo peronista-radical, Carlos Pedro Blaquier y el ingenio fueron el poder real en la provincia, hasta que la Túpac Amaru expresó y logró organizar el descontento popular con el sistema político. En todos sus sitios hay carteles con frases de los tres númenes de la organización. “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”, proclama Túpac Amaru. “Endurecerse sin perder la ternura” es la consigna del Che. Milagro aprovecha un rayo de luz que viene de afuera de la pieza que comparte con otras cuatro reclusas para leer y releer de noche “La razón de mi vida”, escrito por otra plebeya amada y odiada por igual, que sólo se salvó del escarnio que ella padece porque apenas vivió 33 años. Como explica la antropóloga Elizabeth Gómez (homónima pero no pariente), en una investigación sobre el barrio Alto Comedero, la conformación de cooperativas de trabajo representó mucho más que la vivienda para una población que no tenía acceso al salario, lo cual ponía en crisis la propia subsistencia. Entre 1980 y 2001 un proceso de generación y consolidación de población sobrante para las necesidades del capital llevó la desocupación del 1,8 al 37 por ciento de la población jujeña. Los desocupados se refugiaron en el Estado y convergieron sobre las zonas urbanas. Esa fue la base del protagonismo de las organizaciones sociales, que surgieron vinculadas al movimiento sindical. Entre 1990 y 1998, Jujuy tuvo ocho gobernadores. La mitad fueron derrocados por movilizaciones populares de los sindicatos nucleados en el Frente de Gremios Estatales, que fueron desplazando a los punteros políticos de los partidos tradicionales. El Estado reconoció a esas organizaciones, vinculadas con la CTA y la CCC como mediadoras en la asignación de planes de empleo. En 1999, Milagro Sala era secretaria de organización de la CTA. El origen sindical de la organización barrial se advierte en la elección de delegados, el cobro de una cuota gremial a sus miembros y el uso de ropa de trabajo con la silueta de Túpac Amaru (que la querella, la fiscalía y los testigos del contador Morales confundieron en forma maliciosa en el juicio con uniformes de una organización armada o paramilitar). Milagro sumó también a esa rudimentaria organización a chicos de la calle que nunca habían trabajado, provenientes de barrios enfrentados, que se unieron para enfrentar situaciones sociales comunes. Luego de años de administrar en forma compartida bolsones de alimentos, en 2005 comenzó a recibir fondos del gobierno nacional para construir viviendas y en 2009 ya tenía 70.000 miembros y 4500 trabajadores organizados en cooperativas. En 2012 formó el Partido de la Soberanía Popular, que con 98.000 afiliados sólo fue superado por el justicialismo con 120.000, y en las elecciones de 2013 integrado en un frente con otras fuerzas rozó el 15 por ciento de los votos. El ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA Jaime Sorin analizó que en los barrios de la Tupac “la idea de un techo no es suficiente, habilitando la posibilidad de construir ciudad a través de la acción de un colectivo social devenido en comunidad, rechazando la fragmentación territorial y la segregación social de las formas tradicionales de estandarización urbana. A diferencia de otras expansiones, esos barrios han evitado desde su concepción el rápido deterioro de los entornos ya que son sus mismos habitantes –constituidos en ciudadanos sujetos y demandantes de sus derechos– los que han decidido vivir en entornos calificados con la presencia de los equipamientos sociales necesarios desde el inicio; y de allí la presencia de todo aquello que convierte al conjunto en un barrio más integrado y de mejor calidad: escuelas, centro de salud, parques para la recreación, presencia de los servicios públicos y, fundamentalmente, lugares de trabajo que garantizan la perdurabilidad de la condición urbana”. Así fue, pero Sorín pecó por exceso de optimismo. Esa extraordinaria organización, que dio una nueva visión del mundo y de su rol en él a quienes sólo eran personal de servicio de la burguesía local, duró lo que los recursos estatales. Su brusca interrupción, que motivó el acampe, el chantaje que se ejerce sobre quienes han vuelto a vivir en una economía que ni siquiera garantiza la subsistencia, para que abandonen a la Túpac y acusen a Milagro de los delitos más disparatados, la devolución de los programas de obra pública a las empresas constructoras, la redujeron a su mínima expresión. Encuadrar esa experiencia como una conducta delictiva contradice los resultados de esos años en que se cumplieron las metas del milenio supervisadas por las Naciones Unidas y que mejoraron en forma substancial los indicadores sociales. Entre 2005 y 2015 el desempleo y el subempleo disminuyeron a la mitad en los aglomerados urbanos jujeños de San Salvador y Palpalá; la pobreza cayó del 50 al 3,4 por ciento de los hogares entre 2003 y 2012 y las necesidades básicas insatisfechas del 28 al 18 por ciento entre los censos de 2001 y 2010. Liz Gómez ya vaticinaba que un cambio en sentido contrario en las políticas de protección social podría revertir con rapidez la tendencia iniciada a partir de 2003.