La causa por la muerte de Emilia Uscamayta Curi fue investigada al principio por el fiscal Alvaro Garganta, quien se apartó del caso por pedido de la familia de la víctima a través del abogado querellante, Adrián Rodríguez Antinao. Desde ese enroque, la investigación de “homicidio culposo” pasó a “homicidio simple con dolo eventual”. Lo que no se logró, todavía, es avanzar sobre las razones por las cuales una orden de prohibición proveniente del municipio platense fue incumplida por el propio municipio. Siempre estuvo presente la sospecha de una coima que abrió puertas por encima de la oficina de Control municipal y que con ese guiño, los organizadores se sintieron impunes para seguir adelante.

El único que tuvo que dar un paso al costado fue el comisario retirado Daniel Piqué, quien el 30 de diciembre de 2016 tuvo que renunciar al cargo de Secretario de Seguridad de la comuna, cargo para el cual había sido designado por el intendente Julio Garro. Piqué fue imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; hoy no está en el banquillo de los acusados. La Ley Orgánica de la Municipalidad dice que debe dejar su cargo todo funcionario involucrado en una causa judicial. 

La imputación contra Piqué fue porque no tomó los recaudos necesarios para que los inspectores municipales cumplieran la orden de impedir la realización de la fiesta mediante el desalojo y la clausura de la casaquinta de Melchor Romero. Luego, los querellantes denunciaron al intendente Garro, porque se sospechaba que Piqué seguía en el municipio, en una función de menor exposición pública. 

La querella, en su momento, también pidió que se imputara por incumplimiento de los deberes de funcionario público al jefe de la Policía Local comisario Sebastián Martínez Paz, porque está probado que hubo una orden para que en la noche del 31 de diciembre de 2015 se retirara el patrullero que había sido asignado para impedir el ingreso de los asistentes a la fiesta ilegal.