A mediados de este mes, un juez federal y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad pidieron la detención de 26 militares retirados para interrogarlos por torturas aplicadas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. La pésima conducción estratégica de esa guerra y los tormentos aplicados a los soldados de la propia fuerza constituyen el mejor argumento contra la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior. No estaban preparadas para una guerra convencional sino para la represión interna.

Otro ejemplo: Desde 2006, cuando el ejército mexicano comenzó a intervenir en la guerra contra el narco, hasta la fecha, se produjeron alrededor de 300 mil muertos. Más o menos 70 por día. Más o menos uno cada 20 minutos. Las cifras oficiales informan 25 mil desaparecidos. Pero fuentes serias extraoficiales calculan que podrían llegar a 200 mil. Desde que intervino el ejército, en vez de descender, esas cifras aumentaron. Según la Cruz Roja, el promedio general en enfrentamientos entre grupos armados,  indica que cada cuatro heridos, hay un muerto. En México, cuando interviene el ejército, la estadística revienta, se produce un herido cada ocho muertos. Y si se trata de tropas de élite, la cifra puede llegar a más de 20 muertos por cada herido. Son ejecuciones extrajudiciales. El ejército se ha convertido en otra fuerza ilegal.

Son dos ejemplos. Sin mencionar la sucesión de golpes militares, las proscripciones políticas, la persecución a opositores, el cercenamiento de libertades, los 30 mil desaparecidos, los muertos y los presos sin causa, que hubo en Argentina con fuerzas armadas volcadas a la Doctrina de la Seguridad Nacional e interviniendo en la seguridad interior. Esa fue la historia argentina del siglo pasado donde la democracia brilló por escasa y limitada.

La salida de la dictadura fue la recuperación de una intención democrática por parte de una sociedad sometida por referentes de poder que habían naturalizado esa pérdida de libertad en función de la tutela permanente de las Fuerzas Armadas. Fue una sociedad que salía de ese largo periodo de autoritarismo con la decisión de dejarlo atrás. Los juicios por las violaciones a los derechos humanos y en general las acciones de reparación a las víctimas y de reivindicación de la memoria como política de Estado formaron parte de esa decisión para desmilitarizar a la sociedad y profesionalizar la Defensa Nacional.

Hubo además tres leyes, la de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, más un decreto reglamentario de la ley de Defensa, que consolidaron ese curso para impedir cualquier posibilidad de desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas y volcarlas nuevamente a la represión interna de la forma en que fuera. No hay matices en este punto. Una concesión implica abrir el camino a ese pasado que dejó un saldo tan doloroso, instalar a las fuerzas armadas en el podio del golpe inminente, de carta en la manga, de democracia de cotillón.

La nueva doctrina para esta reestructuración militar es impulsada en la región por el Comando Sur de los Estados Unidos. Plantea que ya no se puede hablar de hipótesis de conflicto, sino de modelos modernos de amenaza y por lo tanto se hace necesario modificar a las fuerzas armadas para enfrentarlos. Para Washington las “nuevas amenazas globales” –a las que se refirió Mauricio Macri en su discurso– son el terrorismo, el narcotráfico y el delito trasnacional. Según esta visión resulta que como los militares estarían al cuete, habría que volver a usarlos en la represión interna. El ajuste planteado por el FMI interviene también en este fenómeno porque el conflicto social será cada vez más agudo.  

El PRO y la derecha radical coinciden con esta teoría diseñada por Washington para las fuerzas armadas de los países de la región, pero no para las suyas. En Estados Unidos, por el contrario, la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas sería considerada un ultraje a su concepción de lo democrático. El esfuerzo por instalar el supuesto surgimiento de una guerrilla mapuche financiada desde Londres y entrenada por Venezuela, Irán y rebeldes kurdos, busca preparar a la sociedad para este retorno a viejas prácticas.

El ejemplo de lo que sucedió en Malvinas demuestra que la seguridad no es igual a defensa. Hay 95 militares denunciados en 105 casos de torturas a soldados y suman 120 denunciantes. El fiscal considera que tiene pruebas suficientes por 22 de esos casos de estaqueos desnudos, enterramientos en la tierra helada y todo tipo de maltratos. En contraste, el desconocimiento del terreno del conflicto, el mal equipamiento de las tropas, su poco entrenamiento frente a enemigos profesionales y los gruesos errores estratégicos. Era un ejército que sabía reprimir, pero no estaba preparado para la defensa.

Un detalle sintomático. El jefe del Ejército, el general Claudio Pascualini mencionó el ARA San Juan en su discurso. Pero a pesar de que es el responsable de las Fuerzas Armadas y por lo tanto de la tripulación del submarino que desapareció en el fondo del mar cuando cumplía una misión de resguardo de las fronteras marítimas, Macri lo pasó por alto. Es un registro de las prioridades presidenciales.