Como si fuera un acto de arrojo, el Correo Argentino hizo una nueva oferta para saldar su deuda con el Estado, algo que venía dilatando desde hace más de un año, después de que la fiscal Gabriela Boquin denunciara que la empresa del Grupo Macri y el Gobierno habían hecho un acuerdo “ruinoso” y “abusivo”, que ella logró frenar. ¿Qué ofreció ahora el Correo? Un inmueble en Monte Grande, cuya última tasación oficial lo valuó en 41 millones de pesos, mientras que la firma dice (sin explicar su cálculo) que vale 950 millones de pesos, aunque lo había comprado en 1,3 millones. Como sea, ninguna de las cifras alcanza para cubrir los 4200 millones de pesos que la fiscalía considera adeudados. Para colmo, esa propiedad es hoy objeto de una disputa, porque había formado parte de la expropiación en 2003, y el Correo se lo reclama al Estado: ahora propone otorgárselo como una especie de compensación.

Una vez que se conoció públicamente el acuerdo que habían hecho el Correo y los representantes del ex Ministerio de Comunicaciones, que implicaba la condonación de casi la totalidad de la deuda, el presidente Mauricio Macri anunció que todo volvería a “foja cero” y habría una nueva negociación. El Estado renunció al convenio original y pidió una nueva audiencia en la Cámara Comercial, que debe homologar lo que pacten las partes. La cita era el 16 de marzo de 2017, pero los propios representantes del Gobierno pidieron una prórroga, que nunca se decretó oficialmente pero que –para satisfacción de la empresa deudora– duró hasta hoy. En el ínterin, el Gobierno desplazó al procurador del Tesoro que había señalado anomalías en el proceso, logró lo mismo con el fiscal Juan Pedro Zoni, que tenía a cargo la investigación penal del acuerdo denunciado, y fue funcional al Correo en el juego de dilaciones e intentos de desplazar a la fiscal Boquin e impedirle investigar maniobras de vaciamiento de la empresa en pleno concurso de acreedores. 

La empresa de los Macri, en paralelo, alimentó varias demandas con pedidos de indemnización contra el Estado, ya que se considera perjudicada desde los tiempos en que fue expropiado el Correo. Entre otras cosas, reclama y asume como propio el inmueble que se encuentra en la localidad de Monte Grande. Actualmente funciona como centro de distribución de la empresa estatizada, pero el Correo apostó a tirarse un lance y ofrecerlo como pago de la deuda. El abogado de la firma, Jaime Kleidermacher, presentó el ofrecimiento y argumentó que hoy el valor del edificio es algo más de 950 millones de pesos, y aclaró que incluye todas las obras de remodelación. En rigor, lo mismo se había incluido cuando en 2009 se hizo una tasación oficial que arrojó que el valor era de 41 millones y que la compañía aceptó. El planteo no explica en qué se basaría el aumento del valor. 

Pero además ignora una cuestión clave, que es que es que aquel mismo año un fallo de la Corte Suprema en este expediente estableció que la deuda no se puede saldar por compensación. Pero, como ha quedado a la vista, este expediente ha demostrado ser el arte de todo lo posible. De hecho, pasaron 17 años, a pesar de que el llamado “período de exclusividad” (en que la empresa concursada ofrece formas de pago y negocia) no puede durar más de noventa días. Es más, extrañamente se abrió tres veces en el proceso judicial ese período clave. Boquín advirtió en varios dictámenes que el Correo ha gozado de un permanente estado de excepción en la aplicación de las leyes concursales, en una increíble sintonía con el Estado, con las sindicaturas y con algunos agentes judiciales como facilitadores. De hecho, la Justicia comercial nunca decretó la quiebra de la empresa, que –en rigor– tendría como consecuencia arrastrar a las empresas controlantes, Socma y Sideco, que pertenecen a los Macri y se encuentran activas. Incluso han recibido, según la fiscal, giros de dinero en pleno expediente concursal, que serían maniobras de vaciamiento.

Ahora que el Correo hizo su nueva y sorprendente oferta, viene un momento clave: debe opinar el Estado, si le parece bien lo que ofrece la empresa de la familia Macri. Tiene 15 días de plazo. Luego será el turno de los síndicos y, al final, de la fiscal Boquín. Es cantado que habrá importantes disidencias.