El proyecto que convertiría el abuso sexual en la infancia en un delito de acción pública cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, desde noviembre del 2017, y fue aprobado, sin ninguna voz en contra, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. “Que se haya aprobado por unanimidad en todas las instancias legislativas por las que pasó habla de la gran necesidad de que el abuso sexual sea un delito de acción pública y que el Estado investigue de oficio ante la denuncia. De cada 1000 abusos se denuncian 100 y se condena uno. El 80 por ciento es intrafamiliar. Estamos a un paso de que los senadores voten la reforma y a partir de ahí lograremos nuestro objetivo: que ante la sospecha el Estado siempre investigue, proteja a los niños y sancione a los agresores”, afirmó Paula Wachter, directora Red por la Infancia.
Ella impulsa que los progenitores que son acusados de abuso sexual no puedan obstaculizar, impedir o extorsionar (a través de la idea de que van a destruir a sus familias, de que no los van a sostener más económicamente o que pueden hacerle daño a ellos o sus hermanos o madres) a las víctimas de manoseos, sexo oral o violación para que no se realice la denuncia por parte de la víctima o su mamá y que la justicia tenga la obligación de investigar los abusos sexuales en la infancia. Hasta ahora la investigación solo se inicia -por ser de acción privada- ante pedido de la víctima o sus representantes (que, en muchos casos, son también sus padres y victimarios). La impulsora del proyecto es la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) que enfatizó: “Necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso sexual infantil antes de que sean adultos”. Y resaltó el contenido de la iniciativa: “Queremos modificar el artículo 72 del Código Penal para que el delito de abuso sexual infantil sea de instancia pública”.
