El sector petrolero de Brasil entró ayer en una huelga de tres días en reclamo por el aumento de los precios de los combustibles y se sumó con ello al paro de camioneros que paraliza al país desde hace diez días.

“Los trabajadores del sistema Petrobras entran en huelga por 72 horas”, señaló la Federación Única de Petroleros (FUP) en un comunicado. El anuncio llegó justo cuando la huelga de los transportistas empezaba a perder fuerza y el suministro de bienes volvía a funcionar poco a poco desde el lunes, después de que el presidente Michel Temer hiciera varias concesiones al sector en la noche del domingo. El paro de camioneros había generado una crisis de abastecimiento en varios estados brasileños en los últimos días, en los que gasolineras, fábricas y mercados se quedaron sin provisiones. 

“Los petroleros exigen la reducción de los precios del gas de cocina y de los combustibles, a través de mudanzas inmediatas en las políticas de reajuste de derivados de Petrobras”, señaló ayer la FUP, un gremio que reúne a 13 sindicatos del sector petrolero.

En el centro de los reclamos de transportistas y petroleros está la política de precios del gigante estatal Petrobras, que reajusta constantemente las tarifas de los combustibles de acuerdo a las oscilaciones del mercado internacional del petróleo. Esa política, que entró en vigor a mediados de 2017, condujo a un aumento constante de los precios en el mercado interno en 2018. Sólo en mayo, el precio de la nafta subió un 12 por ciento y el del diésel un 9,3 por ciento, según cálculos de la estatal Agencia Brasil.

“La escalada de los precios de los combustibles a niveles jamás vistos en el país es consecuencia del desmonte hecho por el actual presidente de Petrobras, Pedro Parente, al administrar la empresa para atender los intereses del mercado”, reclamó la FUP. El Ejecutivo, sin embargo, defendió a Parente en un comunicado. “El Gobierno del presidente Michel Temer tiene un compromiso con la salud financiera de Petrobras, empresa que fue recuperada de la grave crisis de los últimos años con la gestión de Pedro Parente”, indicó la nota, en claro respaldo al jefe de la petrolera. 

Petrobras, una de las empresas más poderosas de Brasil, volvió recientemente a registrar ganancias después de verse envuelta en un gigantesco escándalo de corrupción política. En una entrevista con la emisora TV Brasil en la noche del martes, Temer sugirió que su Gobierno podría estar dispuesto a revisar el sistema de precios de Petrobras. “No queremos alterar la política de Petrobras. Podemos reexaminarla, pero con mucho cuidado”, afirmó el presidente.

La huelga de transportistas iniciada el lunes 21 de mayo generó caos por todo el país en la última semana debido a los bloqueos de carreteras y refinerías. Varios aeropuertos activaron planes de contingencia tras quedarse sin combustible por todo el país y muchas fábricas, sobre todo en la metrópoli industrial Sao Paulo, tuvieron que suspender sus actividades por la falta de suministro. En Río de Janeiro y otras ciudades, muchos mercados se quedaron sin frutas y verduras frescas. También el transporte público se vio afectado.

Después de que Temer anunciara una rebaja durante dos meses de los precios de la nafta y el diésel en la noche del domingo, muchos camioneros suspendieron la huelga el lunes, aunque las protestas continuaban a menor escala en 13 estados brasileños, según el portal Globo.

En las carreteras, de acuerdo al propio Gobierno, ayer ya no había bloqueos de camiones, aunque sí continuaban actuando grupos de manifestantes que calificó de revoltosos y que intentaban impedir, según aseguró, la plena vuelta al trabajo de los transportistas. Esos grupos, incluso, llegaron a agredir a algunos camioneros que habían vuelto a circular por las rutas, frente a lo cual las autoridades reforzaron la presencia de militares y policías en todo el país. 

Según afirmó el ministro de Seguridad Nacional, Raúl Jungmann, unos 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplazados en las rutas para cooperar con los organismos policiales nacionales y regionales en la protección de los camioneros que intentan volver al trabajo. 

Sobre el paro camionero, la titular de la Abogacía General del Estado, Grace Mendoça, reiteró que existen, según dijo, serias sospechas de que, junto con el movimiento de los trabajadores del transporte, empresas del sector quisieron valerse de esa situación para buscar sus propios beneficios e incentivaron la huelga. 

Mendoça confirmó que, hasta ahora, han sido identificadas 96 empresas que podrían haber incurrido en la práctica ilegal del llamado cierre patronal, que ya han sido denunciadas y para las que se han pedido a la Justicia unas cuantiosas sanciones pecuniarias.

La funcionara subrayó que la Abogacía General del Estado ha denunciado a la Justicia la huelga iniciada ayer por los petroleros por su carácter que llamó abusivo y político, ya que no plantea, según estimó, reivindicación alguna para los trabajadores. “La Justicia ha entendido nuestras razones y ha declarado esa huelga como abusiva, ilegal y con carácter político-ideológico”, dijo Mendoça.

Petrobras respaldó la posición de la Abogacía General y apuntó que los trabajadores deberían considerar el contexto nacional y la necesidad de que el abastecimiento de combustibles sea retomado lo más breve posible tras el paro camionero. La compañía informó en un comunicado que ayer se registraron paralizaciones puntuales en algunas unidades operacionales, pero aclaró que todas fueron neutralizadas con el envío de lo que llamó equipos de contingencia, que actuarán en los casos en que sea necesario.